El pasado 11 de septiembre, al ciudadano Christian Peterson Ramírez se le dictaron medidas cautelares que lo impiden “difundir por cualquier medio de comunicación social, audiovisual o escrito expresiones de descrédito” en contra del Coronel Martín Cucalón Icaza, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, así como de la institución.
La medida estará vigente hasta que la Municipalidad de Guayaquil brinde respuestas a las denuncias presentadas por Petersen sobre irregularidades y supuestos delitos cometidos por Cucalón con fondos y recursos del Cuerpo de Bomberos.
El 16 de octubre, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, a través de una cadena de correo electrónico, hizo eco de la decisión judicial. La institución señaló que una de sus responsabilidades es “establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicación e información”.
Sin embargo, cabe recordar que la censura está prohibida en la Constitución de manera explícita, así lo expresa el artículo 18. También lo dice la Ley Orgánica de Comunicación: “se prohíbe la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, que en ejercicio de sus funciones o en su calidad apruebe, desapruebe o vete los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación”. El numeral 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos asegura que todo individuo tiene derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Este caso se inició en 2017, cuando Christian Petersen se desempeñaba como ingeniero y bombero voluntario. Según comentó a FUNDAMEDIOS, en esa época él y otros compañeros recibieron vía whatsapp varios videos en que una persona enmascarada denunciaba actos de corrupción en la institución bomberil.
Según Petersen, el Coronel -sin sustento alguno- lo acusó a él y otras personas por intimidación y extorsión. Los responsabilizó de ser los causantes de la difusión de las acusaciones. El caso se archivó en 2018. Sin embargo, el ciudadano continuó la investigación.
“Pude evidenciar que había cosas raras que se repetían, temas de contratos, precios, ganadores de concursos. Como me ampara la Constitución, empecé a hacer una búsqueda ciudadana y pude encontrar indicios de posibles irregularidades que se cometían en el manejo del dinero público”, señaló.
Por ejemplo, cuestionó un contrato de cámaras y de servicio de vigilancia que desde 2012 hasta 2015 se le otorgó al señor Carlos Alberto Mármol. En otros años se contrató a una misma empresa por dos ocasiones y se hizo una consultoría adicional, lo cual sumó 4,1 millones de dólares.
Peterson ha solicitado información al Cuerpo de Bomberos. Fundamedios tuvo acceso a documentación que lo avala. El 7 de junio de 2019 pidió el proceso contractual de la adquisición de 1500 monedas y 1000 medallas conmemorativas por los 180 años de fundación. Además, copias certificadas de varios procesos contractuales y copias de auditorías entre 2015 y 2018.
El 19 de junio le contestó la abogada Vanessa Ochoa, coordinadora de Gestión de Asesoría Jurídica del Cuerpo de Bomberos, e indicó que la información solicitada se encuentra en la página web de la institución, en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y en la página web de la Contraloría General del Estado (CGE).
Sin embargo, Petersen volvió a enviar una carta el 1 de julio indicando que la información solicitada no se encuentra en dichos portales. El ciudadano, quien fue separado de la institución por infracción administrativa en agosto de 2019, planteó una acción constitucional de acceso a la información pública que fue negada.
Además, en junio, julio y agosto dirigió cartas a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, explicando las supuestas irregularidades del Cuerpo de Bomberos y solicitando una audiencia.
Fundamedios accedió a una carta del Coronel Martín Cucalón enviada a la Alcaldesa donde explica que las afirmaciones de Petersen son especulaciones que en la justicia penal constituyen un delito de calumnia “por contener falsas afirmaciones”. También señaló que la gestión que ha realizado ha sido auditada internamente y por la Contraloría General del Estado.
A mediados de octubre, la organización llamó en tres ocasiones al Cuerpo de Bomberos para conversar con Cucalón; sin embargo, desde el departamento de Comunicación se pidió enviar un correo electrónico con las consultas pertinentes.
El 30 de octubre se obtuvo la respuesta de Goldy Rivas Velásquez, coordinadora de Comunicación Social de la institución. “Los hechos a los que se refieren las preguntas constantes en el cuestionario son materia de varios procesos legales y constitucionales, por lo cual nuestra defensa técnica ha considerado inconveniente contestar las mismas. Debo aclarar que no existe una vulneración a la libertad de expresión en absoluto sino una adecuada canalización hacia la vía pertinente de los dichos y expresiones injuriosas del falaz denunciante”, manifestó.
El 01 de noviembre, Peterson, quien actualmente tiene un juicio penal por calumnias, aseguró a Fundamedios que ha recibido llamadas intimidantes y amenazas. Según comentó, dos hombres lo interceptaron en una calle cercana a su casa en Guayaquil y le advirtieron que no se meta en asuntos de Bomberos y que piense en sus hijas. “Quédate callado y no sigas levantando polvo”, le dijeron. Las amenazas se han repetido hasta mediados de noviembre.