FUNDAMEDIOS rechaza firmemente el hecho de que cuatro periodistas de la plataforma digital La Posta fueron demandados judicialmente por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública (MSP). Esto, luego de publicar una serie de reportajes en que expusieron irregularidades en los procesos de compra, ingreso y remoción de suministros médicos contaminados a la red de salud pública ecuatoriana.
El jueves, 9 de mayo, La Posta publicó la primera entrega de la investigación denominada El Ministerio de la Muerte. Su primer capítulo evidenció anomalías en la adquisición de kits para la detección del VIH. La segunda entrega, publicada el 13 de mayo, profundizó sobre la paradoja de que una empresa proveedora de insumos médicos cuente con una certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, pero que haya ingresado a la red médica pública un desinfectante sin registro sanitario y contaminado.
Luis Eduardo Vivanco, Andersson Boscán, Ana Gabriela Oquendo y Mónica Velásquez fueron notificados, la mañana de este 17 de mayo, que la ARCSA inició una acción penal amparada en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que dicta: “Será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días: 1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”. Roy Morán, director de Comunicación, Imagen y Prensa de la entidad estatal, emitió un correo electrónico al medio. Ahí señala que la información publicada podría “ser mal utilizada y distorsionada” y, por lo tanto, el procedimiento legal iniciado tiene como fin “esclarecer estos hechos que perjudican a la imagen y honra de la institución”.
Ante esto, la tarde de este viernes, los directores del portal hicieron un comunicado. En un video alertaron a sus audiencias sobre la denuncia impuesta ante ellos y sobre las acciones que tomarán.
FUNDAMEDIOS hace un llamado para que los funcionarios que están abusando del sistema judicial para socavar la libertad de prensa retiren de forma inmediata dicha demanda y hace un llamado para que las más altas autoridades del Estado instruyan a todos los funcionarios sobre la obligación que tienen de proteger el derecho de todos los ciudadanos a la libre expresión.