El pasado 5 de julio, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, solicitó medidas cautelares y de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos de opinión y expresión, lo cual le ha valido una sentencia privativa de la libertad de 15 días. La condena incluye además una indemnización y la obligación de pedir disculpas públicas a un exfuncionario público.
El 08 de julio, respondió señalando que se encontraba en estudio de las medidas.
Ricaurte apeló a este recurso amparándose en los artículos 13, 5, 7, 8 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refieren a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad Personal, Derecho a las Garantías Judiciales, y Protección de la Honra y la Dignidad, respectivamente.
Puntualmente, Ricaurte solicita a la CIDH que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria por el daño irreparable que tendría en sus derechos a la vida, la integridad personal, dignidad, libertad personal, derechos políticos. Además, que le otorgue medidas de protección para evitar agresiones, amenazas y actos de hostigamiento que pongan en riesgo su integridad física y la posibilidad de tener un proceso justo en el futuro.
Los hechos que motivan la sentencia ocurrieron el 6 de julio de 2018, cuando Ricaurte ingresó a un supermercado de Quito y se percató que en la caja se encontraba Jorge Jurado, exsecretario nacional de Agua y exembajador del gobierno de Rafael Correa en Alemania, muy conocido por estigmatizar y perseguir a grupos sociales que opinaban en contraposición al régimen de esa época.
“Mira ahí está un correísta blanqueado”, le advirtió a su esposa, quien lo acompañaba. Posteriormente, siguió su camino y Jurado lo pecheó luego de gritos e insultos. Tras un enfrentamiento verbal y físico, Ricaurte -en su defensa- empujó a Jurado, quien cayó al piso. Curiosamente, el Tribunal de segunda instancia de la Corte Provincial de Pichincha juzgó a Ricaurte no por la agresión física, que pasó a un segundo plano, sino por su expresión de “correísta blanqueado”.
Lo culpa de haber cometido una contravención de cuarta clase, amparada en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP), que establece que “la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra” será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Este artículo, también señala que “la contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto”.
Según el Presidente de FUNDAMEDIOS, sus derechos de pensamiento, expresión, libertad personal, garantías judiciales, contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, fueron mancillados con esta sentencia, violando las garantías al debido proceso. A su criterio, se trata de un caso de carácter político con el cual se intenta acallar las expresiones sociales de legítima crítica y reprobación social a un exfuncionario público.
“Con mi juzgamiento y sentencia se intenta enviar un mensaje a la sociedad de que no se admitirán las expresiones de repudio público a los personeros del anterior gobierno”, mencionó Ricaurte.
Sobre el debido proceso, asegura que no se atendió la petición de suspender el procedimiento y elevarlo a consulta a la Corte Constitucional dado que el procedimiento establecido en el COIP no garantiza la debida defensa, tal como lo establece el artículo 428 de la Constitución. También se presentaron pruebas sin la cadena de custodia y no se valoró su derecho a defenderse de una agresión de la que estaba siendo objeto.
El Director de la organización ha trabajado por más de una década defendiendo los derechos de opinión y expresión en Ecuador y soportando humillación, hostigamiento, amenazas y estigmatización por parte de partidarios y simpatizantes del expresidente, Rafael Correa.
Incluso estas aseveraciones son documentadas por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Ilustre Comisión en un informe preliminar, tras una visita que realizó a Ecuador.
“Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el gobierno de Ecuador encabezado por el Presidente Rafael Correa diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Fueron objeto de especial persecución por este accionar coordinado desde el aparato estatal, periodistas que investigaban y difundían información que el gobierno entendía falsa o contraria a sus intereses, líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores que difundían opiniones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la «revolución ciudadana”, menciona el documento.
FUNDAMEDIOS mira con preocupación el peligro que correría César Ricaurte en prisión a riesgo de sufrir agravios que afecten su integridad física. Cabe indicar que el sistema carcelario ecuatoriano, actualmente, vive una crisis de seguridad que no ha podido ser frenada por el Gobierno Nacional. Incluso, el pasado 17 de mayo se declaró el Estado de Emergencia en el Sistema Penitenciario, ante una serie de asesinatos, motines y peleas entre bandas delincuenciales al interior de las cárceles.