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Este 12 de diciembre el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) a instancias de las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, las organizaciones acompañantes y los Estados de Ecuador y Colombia para dar seguimiento al cumplimiento de las Medidas Cautelares, presentó el Informe Final de su mandato. Consideramos que es un aporte decisivo para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición en el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio

Queremos volver a resaltar la importancia de este mecanismo especial, como una experiencia pionera que debe ser valorada como el mayor esfuerzo que se ha realizado desde el Sistema Interamericano de DDHH para hacer seguimiento en tiempo real a las investigaciones policiales y fiscales, así como a los procesos legales en los casos que involucran el asesinato de periodistas y, con ello, cortar el círculo de impunidad que rodea a los delitos contra comunicadores en Latinoamérica

Tras 17 meses de trabajo, creemos que es fundamental que CIDH, RELE, sociedad civil, Estados y víctimas evaluemos exhaustiva, honesta y contextualizadamente este mecanismo especial con el fin de reconocerlo como una herramienta válida, aplicable en cientos de casos.

Sobre el contenido del informe, el ESE insta a los Estados de Ecuador y Colombia-y Fundamedios se hace eco- a que exista una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. 

Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias Ortega, Rivas y Segarra. Solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas

Como organización que ha acompañado el caso desde el primer momento, precisamos respuestas luego de que el ESE concluye que las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para enfrentar la situación de riesgo extraordinario generado por la presencia de los grupos delincuenciales armados con presencia transnacional. Grupos que violaron el derecho a la vida de tres periodistas en ejercicio de su profesión.

Además, para hablar a futuro de justicia y no repetición es necesario que el país, a través de sus autoridades, examine el efecto de las descoordinaciones y omisiones en brindar protección al equipo periodístico antes de ser secuestrados en Mataje (Esmeraldas).

El informe del ESE es uno de los primeros pasos hacia la determinación de responsables. Exigimos, junto a los familiares, amigos y colegas de los periodistas asesinados, que se cumplan las recomendaciones del documento presentado en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obedecerlas significa la creación de una Comisión Especial, que cuente con suficientes garantías de independencia y transparencia para investigar en Ecuador.

a) Cuál fue la estrategia que se trazó para el manejo del secuestro.

b) Qué papel cumplió el Comité de crisis.

c) Quién tomaba las decisiones de lo que debía hacerse.

d) Cuando se tomó la decisión de la ruta a seguir.

e) Si se autorizó a las Fuerzas Armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro del equipo periodístico.

El secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no puede abordarse como un hecho aislado. Está, tal como concluye el Equipo de Seguimiento Especial, vinculado estrechamente a la situación de orden público en la frontera entre Ecuador y Colombia entre octubre de 2017 y enero de 2018. Esto significa que las autoridades son las responsables de las respuestas que están pendientes.

Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico. 

El ESE también reconoce que la colaboración penal internacional entre Ecuador y Colombia para sancionar a los responsables ha sido insuficiente. “La cooperación binacional se ha quedado estancada y muchos esfuerzos directos que pudieron esclarecer los hechos han sido dejados de lado por ambos Estados. El nivel de respuesta ha sido lento”, concluye el documento de 103 páginas.

Finalmente, solicitamos formalmente a la Comisión Interamericana que no cierre las Medidas Cautelares a favor de Paúl, Javier y Efraín que han permitido crear este mecanismo especial contra la impunidad. Pedimos a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que acoja la causa para que no se produzca el cierre de las mismas. 

Fundamedios permanecerá junto a las víctimas, sus familias y las decenas de periodistas de a pie y sin cadenas que en el Ecuador cada día gritan: “Por Paúl, Javier y Efraín, nadie se cansa”. 

Porque siempre nos faltarán 3.

Descargue el Informe Final

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Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra viajaron 4.346 kilómetros desde Quito hasta Washington para asistir a la entrega del informe final del Equipo de Seguimiento (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A las 12:15 del 12 de diciembre la reunión fue transmitida en vivo. Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH, agradeció a las autoridades de Ecuador y Colombia, así como a los periodistas por el apoyo y la disposición para entregar información necesaria que llegar a la verdad. Reiteró que este lamentable hecho “no quedará en el aire ni en la nada”.

El informe consta de 104 páginas más los anexos. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, inició su intervención asegurando que el equipo de El Comercio hizo un esfuerzo para contar y recolectar información sobre un hecho de interés público, por tanto su secuestro y asesinato no fue casual, tiene directa relación con la petición del Frente Óliver Sinisterra (FOS) respecto a la liberación de grupos disidentes que pertenecían a sus filas. 

Lanza fue enfático al afirmar que debe revisarse la hipótesis de que los periodistas mostraron una actitud imprudente y se arriesgaron porque eso es victimizarlos. “Si se analizan las pruebas, se concluye que tenían la autorización para pasar por un punto (…) Reconstruimos las historias de los periodistas que por ahí pasaron y todos certificaron que había un control previo”, señaló.

Sobre la protección del equipo de prensa en terreno afirmó que hubo muchos problemas y descoordinaciones. Según el ESE, la inteligencia ecuatoriana tenía más información para protegerlos y alertar a tiempo una situación de riesgo. 

Para Lanza los familiares de las víctimas tienen todo el derecho a conocer la verdad y por ello, dice que el ESE recomienda una real desclasificación de documentos así como la creación de una Comisión Especial independiente y transparente que ate aquellos cabos sueltos.

Pablo Albán, abogado de los familiares, coincidió en la idea de transparentar la información. De hecho, hizo un llamado al  Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) para dar paso a esta recomendación e hizo un llamado a establecer responsabilidades. “La autoridad pública debe buscar la verdad, pero no está completa mientras no se establezcan todas las responsabilidades que no solo caen en el crimen organizado, sino en actores estatales. Esas son omisiones graves de investigación”, dijo. 

Ricardo Rivas tildó a la entrega del informe como un momento histórico para los derechos humanos porque es un paso más para esclarecer lo que sucedió con el asesinato de su hermano Paúl en 2018. “Es fundamental dar un seguimiento a las recomendaciones que se han indicando y cumplirlas, que no queden en el papel, así como los ofrecimientos de desclasificar documentación que es sensible”, sostuvo. 

Yadira Aguagallo, una de las voceras de la causa Nos Faltan 3, fue más allá y públicamente exigió que los crímenes que se cometen en contra de los colegas en todo el continente no queden en la impunidad. 

Un pedido que coincide con la postura del asesor legal de Fundamedios y exRelator para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, quien también alentó a la Comisión de la CIDH para dar seguimiento al caso e hizo un llamado a que los Estados garanticen la protección de periodistas para combatir con la impunidad.

 

¿Qué piensan los Estados de Colombia y Ecuador?

Los representantes de Ecuador mostraron apertura a las conclusiones y recomendaciones del ESE. Juan Pablo Morales Viteri, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos ratificó el acompañamiento del Estado a los familiares de las víctimas.

Sobre el informe aseguró que, en el marco de las competencias que tiene el ESE, es un insumo importante para las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Ecuador, pues se podrían “adoptar medidas estructurales para evitar que un hecho doloroso se vuelva a repetir”. 

Carlos Espín, subdirector Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, si bien aseguró que tuvieron muy poco tiempo para analizar el informe a cabalidad, mencionó que el documento ya fue remitido las instancias competentes para su seguimiento. 

Mientras que el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez, minimizó el informe afirmando que faltó objetividad y rigurosidad, pues el equipo de ESE recurrió a investigaciones periodísticas y literarias como el libro Rehenes del periodista Arturo Torres para validar alguna información. Además, dijo que no se tomó en cuenta toda la documentación remitida por la Fiscalía colombiana y la entrega del informe al Estado colombiano fue recién el 9 de diciembre. 

También mencionó a nombre del Estado colombiano que el informe final expone demasiados juicios de valor como si se tratara de una “instancia penal internacional”, que desvirtúa los objetivos para la que fue creada. Sobre las recomendaciones dijo que el ESE se “extralimitó” porque realizó juzgamientos y sugerencias que no le corresponden. 

“El Estado hace un llamado respetuoso a la honorable Comisión a mantener en reserva el Informe Final y anexos debido a que gran parte de la información aportada por los estados es de alta sensibilidad para el desarrollo exitoso de las investigaciones penales”, manifestó.

 

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En abril de 2018 se conformó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo: investigar y esclarecer el asesinato del equipo de Diario El Comercio en la frontera colombo-ecuatoriana.

Esto, tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia). El pedido era saber qué sucedió con el reportero, fotógrafo y conductor que fueron secuestrados y asesinados entre marzo y abril de 2018, a manos del Frente Óliver Sinisterra (FOS), disidencia de las FARC. Este grupo narcoterrorista estaba liderado por Walter Arízala Vernaza, ‘Guacho’, quien habría sido ultimado por las fuerzas militares de colombianas el 21 de diciembre de 2018.

El ESE tenía como propósito monitorear los avances de la investigación, atender integralmente a los familiares de las víctimas y velar por el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre acceso a la información del caso. Para ello, realizó dos visitas oficiales a Ecuador, del 25 al 27 de julio de 2018 y del 22 al 24 de noviembre de 2018. 

En Ecuador se reunió con autoridades estatales, monitoreó las diligencias desarrolladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el material probatorio, tanto de las actuaciones relacionadas al secuestro y posterior asesinato de los periodistas, así como del expediente en que se investiga al FOS. También se reunió con autoridades colombianas en septiembre de 2018.

El ESE accedió a información aportada por las fiscalías de ambos países, las fuerzas de seguridad interior y fuerzas armadas; así como de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y los familiares de los fallecidos.

El 19 de noviembre de 2019, el ESE presentó el informe final con anexos a la CIDH. Fundamedios ha reconstruido una línea de tiempo desde la conformación de este equipo de trabajo hasta la entrega de las observaciones finales respecto al asesinato de Javier, Efraín y Paúl. Este 12 de diciembre, el organismo internacional revela su aporte para alcanzar verdad, justicia, reparación y no más repetición:

 

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Este 9 de diciembre se celebra el día internacional de la lucha contra la corrupción. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), cada año se desvían 2,6 billones de dólares, lo cual suma el 5% del Producto Interno Bruto mundial. La organización calcula que países en desarrollo pierden, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la destinada en planes de desarrollo. 

El periodismo es, sin duda, una herramienta de lucha. En ese contexto, Fundamedios organizó el foro virtual ‘El periodismo, clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado’, en el que participaron el investigador y coautor del libro Rehenes, Arturo Torres; Yadira Aguagallo, periodista y una de las voceras de la causa Nos Faltan 3; y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. El panel estuvo moderado por la periodista Desirée Yépez, directora de Contenidos de la organización. 

Los panelistas concordaron en la importancia del periodismo para develar actos que son incómodos al poder; sin embargo, también acordaron que es más complicado luchar contra la corrupción cuando hay gobiernos que ocultan la información y el crimen organizado ha logrado permearse en el Estado.

Arturo Torres aseguró que esta realidad no es local sino regional, lo que ha llevado a que países como México, Honduras, Venezuela, Nicaragua, se conviertan prácticamente en Estados criminalizados donde es más complejo investigar, acceder a fuentes e información para contar historias. Si bien reconoce que en Ecuador hay una Ley de Acceso a la Información Pública, insiste en que los funcionarios creen que los datos les pertenecen. 

“El periodismo es una pasión por encontrar la verdad, es una pasión inherente a nuestro oficio que a veces te lleva a no medir los riesgos suficientemente y desborda los protocolos”, sostiene el exEditor General de Diario El Comercio. 

Desde su experiencia con la publicación de los libros El juego del camaleón y Rehenes, (historia del asesinato del equipo de El Comercio en la frontera entre Colombia y Ecuador), está convencido de que no solo hay que ir a las fuentes oficiales sino indagar otras opciones, escuchar voces nuevas. 

Con ello concuerda Yadira Aguagallo, pues asegura que en países de América Latina, regularmente, los periodistas investigan actos de corrupción en las altas esferas de la Policía y el Gobierno vinculados a grupos delincuenciales, lo cual hace más complejo validar la información oficial porque podría estar tergiversada. 

Aguagallo menciona que debido a este panorama aún existen muchos desiertos informativos. Es decir, zonas especialmente fronterizas, en donde la propia población está silenciada e invisibilizada, lo cual influye en que historias valiosas se dispersen y sean unos pocos periodistas quienes se encarguen de contarlas, sometiéndose a peligros constantes que muchas veces terminan con sus vidas. 

Por ello César Ricaurte está convencido de que el periodismo además de una profesión hay que entenderlo como una actividad de defensa de los Derechos Humanos. “El periodista no solamente revela la denuncia de corrupción, el develamiento del crimen organizado y de su forma de operar sino que el momento en que se convierte en un defensor de Derechos Humanos, obviamente los poderes lo convierten en un objetivo a ser eliminado”, aseguró. 

Uno de los retos, según Ricaurte, es que el periodismo tenga “militancia” solo con la exigencia de la entrega de la información pública y en el combate a la desinformación. Además, que promueva una doble mirada. Por un lado, una visión amplia de los problemas macro que existen en cada uno de los países y también una más micro que entienda a las nuevas audiencias y sus necesidades.

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Conocer sobre la legislación que ampara el periodismo en la época de la desinformación es clave para enfrentarse a los nuevos desafíos en la sociedad. Estos temas fueron abordados el pasado 16 de noviembre en un taller dictado por el equipo de Fundamedios, en el marco del evento Periodismo en Debate 2019, organizado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). 

Durante el encuentro que reunió a estudiantes de comunicación y periodistas, César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, citó al menos cinco regulaciones de la actual Ley de Comunicación que fue modificada el pasado 19 de febrero. El cuerpo legal fue reformado en un 76%. Algunos de los principales cambios fueron la eliminación de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), que cerró sus actividades el 31 de julio de 2019, así como la supresión de la figura del linchamiento mediático y la imposición de normas deontológicas.

Además, se modificó el artículo 18 sobre censura previa y se eliminó la obligación textual de los medios de comunicación de difundir “hechos de interés público”. Se cambió la disposición sobre responsabilidad ulterior y ya no existe la sanción civil. Finalmente se incorporó al artículo 42 un enunciado en torno a la protección de trabajadores de la comunicación. “La Ley actual es mejor que la anterior, pero aún tiene problemas porque todavía es una herramienta en manos del Estado, del poder”, enfatizó Ricaurte. 

Sobre la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), el Director de Fundamedios explicó que fue creada por los medios de comunicación en 2004, pero hoy en día es insuficiente porque no contempla el ámbito digital y no se ajusta a otras leyes claves como la de Comunicación. “Actualmente se construye con varios organismos de la sociedad civil una nueva Ley que ya está en la etapa de socialización”, dijo.

Otro tema que preocupa es la desinformación. Desirée Yépez, directora de Contenidos de Fundamedios, abordó esta temática en el taller y enfatizó que “la desinformación es una estrategia pensada para generar desestabilización”. No hay noticias falsas, dijo, porque las “noticias siempre son hechos verificados”.

Uno de los ejemplos más claros de desinformación ocurridos recientemente en Ecuador fue el paro nacional. De esta jornada, Yépez afirmó que Ecuador Chequea, una iniciativa de Fundamedios, desmintió más de 50 mensajes con contenido falso. La mayoría de ellos estaban relacionados con el presidente Lenín Moreno, la Asamblea Nacional, la Policía y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).  

La experta en verificación de datos recomendó a los asistentes varias herramientas para determinar si las fotos o mensajes que circulan son falsos como Google  Images o Youtube Data Viewer. 

Indicó que es importante usar la tecnología para combatir la desinformación, pero resultan clave las herramientas básicas del periodismo: “dudar de todo lo que llega, investigar el interés de la fuente que nos remite la información, corroborar y contrastar”. 

El dato 

En Ecuador existen más de 12 millones de cuentas de Facebook, cuatro millones de cuentas en Twitter y tres millones en Instagram.

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César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, compareció ante la Comisión Especial Ocasional Multipartidista que investiga los hechos relacionados con el paro nacional. La tarde de este 11 de noviembre rindió su versión sobre la agresión a 138 periodistas en las protestas de octubre. 

Durante 20 minutos, el Director de la organización explicó que los principales agresores fueron los manifestantes y la fuerza pública; mientras que la mayoría de agresiones reportadas fueron físicas y verbales. 

También hubo ataques a 20 medios de comunicación, censura, detenciones arbitrarias, cierre de medios -como el caso de radio Pichincha Universal- y amenazas. “No existieron garantías para la prensa. Contar con una credencial era un riesgo frente a la estigmatización que sufrieron los periodistas durante el paro”, señaló Ricaurte.

Hizo especial mención a la retención de periodistas el 10 de octubre en el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito. Fue enfático al indicar que sí hubo un secuestro. “Un hecho que quizá se desconoce de este dramático suceso es que esa mañana, debido a mensajes de los periodistas desde la Casa de la Cultura, se activó el Comité para la Protección de Periodistas desde el Ministerio del Interior y el Comando Policial. Fuimos testigos de que se abrieron negociaciones directas con la dirigencia de la Conaie a través de Naciones Unidas para obtener la liberación de los periodistas”, explicó. 

Otro punto importante fue la circulación de contenido falso. Ecuador Chequea, una iniciativa de Fundamedios, desmintió 66 mensajes durante 12 días de manifestaciones. A Ricaurte le resulta curioso que al tiempo que se ataca la prensa, se trata de “minar su credibilidad y se genera desinformación”. Por lo tanto, hay una clara “correlación entre lo uno y lo otro”.

Desde la semana pasada, periodistas de medios privados y comunitarios también han sido citados por el Legislativo. El 7 de noviembre, Freddy Paredes, reportero de Teleamazonas, expuso ante los asambleístas la “cobarde agresión” que sufrió, por la cual ha presentado una denuncia penal por intento de asesinato. 

El periodista, quien está por iniciar una rehabilitación de tres meses, aseguró que el ataque que le provocó una ruptura de cráneo y daño en la clavícula ha sido la consecuencia de 10 años de ataques a la prensa y de una estigmatización del Gobierno anterior hacia los medios de comunicación. 

Fundamedios entregó a la Comisión un informe completo sobre las agresiones a la prensa apegado a los relatos de los afectados, llamadas recibidas por periodistas durante el paro y un levantamiento de denuncias de agresiones reportadas por redes sociales. El resultado:  138 periodistas atacados en 116 actos violentos en 11 provincias del Ecuador.

La Comisión Especial tendrá 30 días para emitir un informe final. Esto, tras recopilar todas las comparecencias de los afectados entre los que constan sociedad civil, periodistas, funcionarios públicos, detenidos, fuerza pública y ministros de Estado.

 

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América Latina tiene una alta tasa de impunidad de crímenes contra periodistas y paradójicamente es la región que cuenta con más organizaciones de la sociedad civil que protegen el trabajo de la prensa. Así lo mencionó Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el foro El retrato de la impunidad: la violencia contra periodistas en América Latina. El encuentro se desarrolló este 8 de noviembre, en Quito.

“La violencia contra periodistas e impunidad es un binomio inseparable”, asegura Lanza tras identificar tres factores clave de agresiones a comunicadores: el crimen organizado, gobiernos autoritarios y una crisis de la democracia.

“Si hay más de 30 asesinatos de periodistas por año, centenares de amenazas, agresiones por doquier y todo esto queda impune, no hay sanción para quien es el actor de esta violencia contra quien ejerce un derecho fundamental, refuerza justamente esa violencia contra la prensa… La señal es que los periodistas son un blanco de ataque que el Estado debería proteger”, sostiene el Relator.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, cuestiona por qué, pese a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, las agresiones a la prensa no cesan. “Nosotros hacemos nuestra parte: campañas, presiones a los Estados, señalar culpables, pero siguen matando periodistas como moscas (…) ¿En qué hemos fallado?”, se cuestiona.

Ricaurte cree que el problema es estructural y muy arraigado a países con altos niveles de corrupción. “Los actores estatales lo hacen en complicidad con el crimen organizado y, muchas veces, son el crimen organizado. Esos actores son el gobernador, el teniente político, el juez o el mismo fiscal que después tiene que investigar esas agresiones. Esa convivencia entre crimen organizado y Estado es quizá uno de los factores más terribles que explican esos grados de violencia que desembocan en la prensa”, puntualiza.

Lourdes Arróliga es especialista de Medios de la Fundación Violeta Chamorro de Nicaragua, una organización que vela por los derechos de los periodistas. Asegura que en su país es muy complicado ejercer la profesión por el gobierno autoritario de Daniel Ortega, quien, amparado en la Policía Nacional, agrede la libertad de expresión.   

Desde abril de 2018 hasta abril de 2019, la Fundación ha registrado 1080 agresiones.  En sus reportes también documentan 89 casos de periodistas con exilio obligatorio y la cancelación arbitraria de la personería jurídica a ocho organizaciones de la sociedad civil. “Una cosa es conocer la cifra, pero cuando le pones rostro, cuando cuentas la historia de lo que hay detrás de esa cifra, es realmente espeluznante las amenazas a los periodistas.  Que te llamen a tu teléfono o a tu WhatsApp y que te digan: ‘ya sé dónde vives, dónde estudian tus hijas, puedes terminar incendiada o podemos violar a tus niñas’ es muy grave”, explicó.

Los expertos concordaron que es necesario crear un sistema de monitoreo preciso para que las agresiones y asesinatos a periodistas no queden impunes. Este mecanismo debería contar con apoyo de la sociedad civil del Estado. 

El foro fue organizado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, FUNDAMEDIOS, la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (PADF), IFEX-ALC en el marco del Proyecto Voces del Sur.

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César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS (FDM), comparecerá ante la Comisión Especial Ocasional Multipartidista de Investigación de los hechos relacionados con el Paro Nacional para  explicar los ataques ocurridos contra periodistas y medios de comunicación durante las jornadas de violentas protestas del 2 al 13 de octubre. La cita está convocada para este martes 5 de noviembre a las 17:00.

Ricaurte contará con 30 minutos para explicar a detalle los hechos ocurridos durante este periodo con la finalidad de que la Comisión investigue y fiscalice la agresión a la que se vieron sometidos periodistas y comunicadores en el país; así como la falta de garantías y seguridad para la prensa en coberturas de alto riesgo.

Durante 12 días, FUNDAMEDIOS monitoreó agresiones en el marco del paro nacional. En total se registraron 116 actos violentos contra la prensa y 138 agresiones a periodistas, la mayoría cometidos por manifestantes y la Fuerza Pública. Entre los casos más graves está la agresión física al periodista Freddy Paredes, la retención de más de 30 periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, un ataque con bala de goma al reportero riobambeño David Aguiar, la detención arbitraria de ocho comunicadores en todo el país, entre otros.

La Comisión Especial Ocasional de la Asamblea fue creada el pasado 24 de octubre para “ejecutar el control político y fiscalizar las medidas adoptadas durante las jornadas de protestas sobre los hechos de violencia que constituyen delitos contra la seguridad pública”.

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En 2018 se registraron 734 casos de ataques contra la libertad de expresión, entre ellos, asesinatos, secuestros, torturas, restricciones y agresiones, a periodistas de 8 países de América Latina. En ese contexto, FUNDAMEDIOS con el apoyo de la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (PADF), en el marco del proyecto VOCES DEL SUR, tiene el agrado de invitar al side event ‘Impunidad como factor de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación’.

Muchos de los casos de agresiones quedaron en impunidad, restringiendo el trabajo periodístico, la libertad de expresión y el acceso a la libre información.  

Bajo la iniciativa VOCES DEL SUR, organizaciones de ocho países en Latinoamérica proponen unificar el monitoreo a las violaciones contra la libertad de prensa y expresión. El objetivo, visibilizar de manera unificada la impunidad ante los actos de violación de derechos a los periodistas de diferentes países.

En el evento participarán panelistas nacionales e internacionales:

  • Edison Lanza – Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH
  • César Ricaurte – Fundamedios – Ecuador
  • Lourdes Arróliga- Fundación Violeta Chamorro – Nicaragua
  • Alejandro Delgado – IFEX – ALC

El encuentro se realizará en el ‘Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos’ el jueves 7 de noviembre en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Torre 1, auditorio 4 a las 14h. El foro es gratuito y abierto al público. Para asistir, es necesario que los interesados registren sus datos en este link 

 

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Frases como “prensa corrupta” y “prensa vendida” resonaron con frecuencia durante el pasado paro nacional ocurrido entre el 3 y el 13 de octubre, desconociendo el rol de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Esta fue una de las conclusiones de los panelistas que participaron en un foro organizado por Fundamedios y The Interamerican Dialogue, donde también se entregaron las memorias de ‘Medios y Democracia en las Américas’, que recoge las recomendaciones del encuentro internacional realizado en Washington DC, en marzo de este año. 

En el conversatorio participaron Rebeca Villota, directora de noticias de Udla Channel; Jean Paul Bardellini, periodista y consultor en comunicación; Dagmar Thiel, directora de la oficina de Fundamedios en Washington; y Frank LaRue, exrelator de Libertad de Expresión de la ONU y actual director Legal y de DDHH de Fundamedios. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, fue el moderador.

La preocupación fue compartida. Los expertos concordaron en que el discurso antiprensa heredado por gobiernos totalitarios, como el del régimen de Rafael Correa, ha permeado en varias capas de la sociedad.

Según Villota, esto ha provocado que la confianza en la prensa sea menor. “Se nos acusa de corruptos, nos exigen las coberturas, pero curiosamente cuando vamos a hacer las coberturas nos agreden, nos secuestran, nos lanzan piedras, eso no se había visto antes en una protesta”, aseguró la Directora de Udla Channel.

Parte de ese discurso estigmatizante frente a los medios desencadenó en actos violentos como los que ocurrieron en las protestas de octubre. En este periodo, Fundamedios reportó 116 actos agresiones contra comunicadores y medios de comunicación y 138 periodistas agredidos, la mayoría por manifestantes y la Fuerza Pública.

Según el exRelator de Libertad de Expresión, los líderes políticos, los gobiernos de turno y el Estado son los principales actores que deben propender un vínculo sano con la prensa y promover un discurso amigable porque la información plural garantiza una sociedad democrática.

“Aunque a los líderes políticos no les gusten las afirmaciones de la prensa, esta debe ser respetada como una de las formas fundamentales de generar información, diálogo y debate entre la población, porque si no lo que sucede es que los líderes simplemente lanzan sus mensajes simplistas y no hay un verdadero diálogo o debate serio y el pueblo pierde porque termina siendo desinformado (…)”, explicó.  

Otro tema que se debatió fue la desinformación. Jean Paul Bardellini aseguró que durante el paro nacional circuló información falsa a través de varias plataformas. Esto también responde a que la dinámica de informar ha cambiado, así como las audiencias.

“Me niego a decirle noticias falsas a lo que circula porque no son noticias. Simplemente si son falsas no son noticias. Yo quiero clasificarla como desinformación provocada como estrategia de ataque para generar caos (…)”, sostuvo.

Una de las conclusiones del informe ‘Medios y Democracia en las Américas’ señala que en la retórica de la información engañosa hay una doble amenaza que desprestigia el trabajo honesto de medios y periodistas y tilda a la información que ellos difunden como falsa.

De hecho, Dagmar Thiel, directora de la oficina de Fundamedios en Washington, comentó que la Sociedad de Periodistas Profesionales estadounidenses registró “fake news” como  una marca comercial para frenar las acusaciones del presidente Donald Trump, quien asegura que la prensa local solamente difunde información falsa.

Para Thiel los retos a los que se enfrenta el periodismo son bastantes impredecibles, sobre todo, por las audiencias actuales, la mayoría de ellas jóvenes que prefieren consumir noticias solo a través de Facebook y Twitter. “Sería un momento importante de reposicionar a los medios, de repensar cómo nosotros llegamos a las nuevas generaciones para volver a ganar esa credibilidad y darle un sentido a la existencia del periodismo en el marco de las democracias”, comentó.

Al cierre del panel concordaron en que el círculo de la impunidad frente a las agresiones a la prensa debe romperse, pues si no se vela por el bienestar de los periodistas que cumplen con su labor informativa en coberturas de alto riesgo, la violencia a la que se exponen será cada vez mayor.