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Con base en el Informe  de Auditoria emitido por la Contraloría General de Ecuador (informe No. DNA4-0025-2018 de 22 de junio de 2018)  respecto al examen especial sobre los procesos de concesión de frecuencias, nos adherimos a las denuncias que se han realizado sobre las graves irregularidades del Grupo de Ángel González “El Fantasma”, quien concentra frecuencias y varios medios de comunicación entre los que se conoce: 3 canales de televisión nacionales, 11 radios y un medio impreso en el Ecuador.

Han pasado 8 autoridades por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones – ARCOTEL en lo que va del actual Gobierno, y ninguna de estas autoridades ha podido hacer cumplir la ley poniendo  fin a las irregularidades.

Los canales y diarios firmantes, junto con Fundamedios y fundación El Churo Comunicación, rechazamos estas prácticas tendientes a acaparar frecuencias y  medios de comunicación. Prácticas, que además han inobservado procedimientos legales, vejando la seguridad jurídica en materia de telecomunicaciones y otras conexas.

Por lo expuesto, solicitamos al Ministro de Telecomunicaciones y Presidente del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, disponga la inmediata ejecución de las resoluciones mediante las cuales, la ARCOTEL, ordenó la reversión de las frecuencias correspondientes; acción que demostrará, el compromiso del gobierno del Presidente de la República por combatir la corrupción.

Patricio Jaramillo

ECUAVISA

 

 

Juan Carlos Calderón

FUNDAMEDIOS

 

 

 

Carlos Pérez

DIARIO EL UNIVERSO

 

Félix Varas

MANAVISIÓN

Fernando Najas

TELESUCESOS

 

Ana María Acosta

FUNDACIÓN EL CHURO COMUNICACIÓN

 

   

Christian Zurita

FUNDACIÓN MIL HOJAS

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Una semana después de cerrado el plazo para la recepción de solicitudes, la Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) no transparenta la información completa sobre los postulantes dentro de este proceso.

En un primer comunicado, emitido el 1 de julio pasado, la Arcotel indicó que se receptaron 706 solicitudes de frecuencias en todo el país. Sin embargo, una semana después, el 7 de julio, esta institución colgó en su portal web un “acta de verificación de la información ingresada”, en la que se señala que se recibieron 1.268 solicitudes, desglosadas de esta manera:

AM: 68

FM: 911

TV: 289

Las solicitudes ni siquiera llegan al número de frecuencias ofertadas: 1.472. Esto quiere decir que hay frecuencias por las que nadie concursó. La variación en el número de solicitudes no ha sido explicada públicamente por las autoridades. Tampoco se ha desglosado cuántas frecuencias no recibieron solicitudes, cuáles son las más apetecidas, ni cuántas solicitudes fueron presentadas por actores privados y cuántas por comunitarios.

11 días después de cerrado el plazo para la recepción de solicitudes, en Arcotel se sigue trabajando a puertas cerradas, es decir sin veedurías ni presencia de prensa. Mientras, subsisten serias dudas, pues no se conoce quiénes son las personas que están solicitando las frecuencias, ni a qué frecuencia están apuntando. Todo esto no abona a crear confianza sobre la transparencia del concurso, factor que ha estado bajo cuestionamiento desde el primer minuto del proceso.

Fundamedios pudo conocer que está constituyéndose una veeduría independiente, sin embargo en estos días críticos no existe ningún proceso ciudadano que controle y vigile el concurso. Recordemos que la veeduría “autoconvocada” que se presentó  fue desestimada después de que Fundamedios expusiera las vinculaciones y conflictos de intereses de cuatro de los veedores lo cual después fue recogida en una denuncia de la misma Arcotel.

Fundamedios reitera su llamado a que se suspenda el concurso, pedido que se ve reforzado a la luz del fracaso de participación que ha significado. “En realidad, el actual concurso de frecuencias no está sirviendo de ninguna forma a que exista una distribución transparente, abierta y por lo tanto más democrática de las frecuencias, más allá de un par de casos puntuales, casi anecdóticos, mientras subsisten dudas provocadas por la falta de transparencia, en una fase crítica del concurso como es la apertura de las propuestas”, declaró el director de la organización, César Ricaurte.

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Guillermina Molina, Roberto Guerrero, Paúl Rojas y Marcelo Muñoz, durante la presentación de la veeduría, el 1 de junio del 2016.

El concurso público para la adjudicación de 1.472 frecuencias se convocó sin que en sus bases y reglamentos se contemple la creación de una veeduría oficial, convocada a través del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), que se encargue de hacer el seguimiento y control de todo este proceso.

El Reglamento General de Veedurías contempla tres tipos: por iniciativa ciudadana en forma colectiva, de las organizaciones de la sociedad o del CPCCS. Tradicionalmente en todos los concursos públicos se cumple con este requisito a través del Consejo, pues existe un mandato constitucional, aunque no hay una obligación expresa que obligue a hacerlo. Así, el art. 96 se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

En aras de la transparencia, Arcotel y Cordicom debían solicitar a esta entidad que se convoque la constitución de una veeduría o, a su vez, el Consejo podía convocar por su propia iniciativa, más aún si se considera la magnitud e importancia de un concurso que comprende el destino del 65% de todos los medios radiales y televisivos del país.

Hace pocos días, un grupo de ciudadanos “autoconvocados” anunció la constitución de una veeduría y la presentó el pasado 1 de junio. Se identifican como “independientes, ad honorem y pro bono”. Se inscribieron en el CPCCS, como les faculta numeral 5 del artículo 100 de la Constitución de la República.

Según la Ley de Participación Ciudadana (art. 8, numeral 3), “las veedurías ciudadanas podrán vigilar el ciclo de la política pública con énfasis en los procesos de planeación, presupuesto y ejecución del gasto público; la ejecución de planes, programas, proyectos, obras y servicios públicos, así como las actuaciones de las y los servidores públicos en general”.

El coordinador de la veeduría del concurso, Roberto Guerrero, señala que actúan dentro de las potestades que les da la Constitución y que lo hicieron pues están preocupados por este concurso, y señaló que los veedores tienen experiencia en los campos de la comunicación  y las telecomunicaciones.

Entre las inhabilidades para participar como veedor, establecidas en el artículo 16 del Reglamento, está el tener algún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de vinculación con el objeto y la ejecución de la veeduría. Sin embargo, durante la etapa de conformación de la veeduría de iniciativa ciudadana, según el Reglamento, no se abre una etapa de impugnación.

En este caso, cuatro de los seis veedores “autoconvocados” podrían entrar en esta inhabilidad. Lo que cuatro de ellos presentan como experiencia son vínculos con el actual Gobierno o funcionarios de éste.

Estos son sus perfiles:

Paúl Rojas acredita en su hoja de vida que tiene 32 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Entre 2007 y 2008, durante un año y medio, fue Superintendente de Telecomunicaciones, cuando ya gobernaba el país Rafael Correa. Su paso por esa entidad estuvo llena de críticas, según lo señala la prensa de la época:

Una nota de El Universo reseña que, al día siguiente de su posesión, duplicó su salario. También fue cuestionado por tener una empresa que ofrecía servicios de telecomunicaciones y era contratista del Estado, según otra nota de El Universo. Finalmente, su nombramiento recibió críticas por haber designado como Intendente General y segundo al mando de la Superintendencia a Ricardo Rivera Arauz, quien era concesionario de una frecuencia, en un claro caso de conflicto de intereses. Este nombramiento se detalló en una nota del portal digital Plan V.

Rivera Arauz es tío en segundo grado del vicepresidente Jorge Glas Espinel, dado que es primo de su madre, Norma Espinel Arauz. Según narra la nota de Plan V, se conoció en los días del nombramiento de Rojas que fue Glas quien hizo las gestiones en el Congreso para que se lo nombrara Superintendente. En ese entonces, Glas era presidente del Fondo de Solidaridad. Rojas también es cuñado de Marcelo Vélez Arízaga, quien fue uno funcionario y uno de los principales técnicos durante la puesta en marcha del canal estatal Ecuador TV, según detalla Plan V.

Mientras se desempeñó como gerente de Advicom, Rojas suscribió varios contratos con el Estado. Por ejemplo, se encargó de la “provisión e instalación de equipos para la operación emergente de la Radio Legislativa”, por USD 37.790; el “servicio de alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la Radio de la Asamblea”, por USD 89.008; y el “sistema de transmisión para la estación de televisión análoga de la Asamblea”, por USD 115.700.

La empresa también tuvo contratos con el Ministerio de Educación,  USD 389.700, y recientemente, en 2015, con la Secretaría Nacional de la Administración Pública, por USD 1.785, para provisión de equipos.

Sebastián Muñoz Vélez es abogado, cuencano, y trabajó como asesor jurídico en la Superintendencia de Telecomunicaciones hasta agosto del 2015, según los registros de esa entidad. Esta entidad luego se transformó en la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel), que ahora convoca al concurso de frecuencias.

Además, Muñoz tiene un vínculo directo con Rojas. Es sobrino de su esposa, Maribel Vélez Arízaga. Pero también es socio de Rojas en la firma Lex Solutions Ecuador, que funciona en Quito en el tercer piso de un edificio en la calle París y Emilio Solá, en el sector de El Batán Bajo. En su página web, señalan que entre sus clientes está la Vicepresidencia de la República y la Arcotel.

En esa misma dirección funcionan dos empresas más, cuyos accionistas son los hijos de Rojas y primos de Muñoz: Advicom y Teratelecom. Las direcciones están registradas en la Superintendencia de Compañías.

Estas tres empresas han tenido contratos importantes con el Gobierno. Advicom, por ejemplo, ha tenido contratos con la Radio Pública y Ecuador TV, e instaló los equipos de la radio de la  Asamblea Nacional.|

Guillermina Molina tiene otro tipo de vinculaciones. Según ella mismo contó el día de la presentación de la veeduría, su experiencia se da en el ámbito comunicacional, pues fue parte del equipo de asesores de Alianza País que trabajaron en la elaboración de la Ley de Comunicación. Específicamente, fue asesora del entonces legislador Humberto Alvarado Correa y, después de su muerte, de su alterna, Maruja Jaramillo. Alvarado Correa es padre de Vinicio y Fernando Alvarado Espinel, quienes han ocupado diferentes cargos de alto nivel en el actual Gobierno, al punto que son considerados parte del grupo más íntimo del poder.

Jorge Saade es violinista, pero es también docente de la Universidad de las Artes, es decir, funcionario público.

Estas vinculaciones transgreden lo establecido entre las inhabilidades para participar como veedor, pues van en contra del principio de de independencia que la veeduría debería tener. Por esto, la veeduría anunciada la semana pasada no cumple los requisitos de idoneidad e independencia y por lo tanto está muy lejos de ser un aval para la transparencia e integridad del concurso de 1472 frecuencias de radio y TV.

Desde Fundamedios volvemos a hacer un llamado para la suspensión inmediata del concurso con el fin de que se vuelva a convocar a un proceso donde se cumpla con los estándares internacionales para el desarrollo de medios radiales y televisivos libres, independientes, plurales, democráticos y participativos. De llevarse adelante el proceso bajo las actuales condiciones, existe el riesgo inminente de que se entablen multitud de demandas contra el Estado ecuatoriano.

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English version

Fundamedios, organización de la sociedad civil que promueve y defiende la libertad de expresión en Ecuador, hace un llamado público a las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) a que suspendan la convocatoria al concurso para la adjudicación de 1.472 frecuencias.

Entre los procesos de este tipo, este sería el más grande en la historia de los medios en Ecuador y probablemente en toda la región. Un proceso de esta envergadura no debería generar dudas o cuestionamientos de fondo, sino implementarse cumpliendo los principios de independencia, transparencia, rendición de cuentas, justicia, pluralidad e inclusión, como señalan los parámetros internacionales y particularmente los “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ninguno de esos principios está garantizado en el concurso convocado por las autoridades de telecomunicaciones, según demuestra el análisis realizado por Fundamedios y que se incluye en este comunicado. Por el contrario, las normas que regulan el mismo, al ser ampliamente subjetivas, lo convierten en un proceso discrecional.

No obstante, las mayores sombras en el proceso provienen del hecho de que las entidades gubernamentales a cargo de la calificación de los postulantes, la Arcotel y el Cordicom, han demostrado no ser independientes del poder político y/o económico.

La actuación de la Arcotel en el proceso de concesión de curiosas e irregulares frecuencias temporales a favor de un grupo económico que acumula medios de todo tipo, muestra claros favoritismos para ciertos empresarios. El Cordicom está dirigido actualmente por un militante político que no acredita ni experiencia ni conocimientos en el área de las telecomunicaciones o de la comunicación social. A esto debemos sumar que las propias autoridades han admitido que no se dará cumplimiento a la reserva de 34% de frecuencias para los medios de carácter comunitario, situación que es consecuencia directa de la falta de políticas públicas de real impulso y desarrollo de estos medios sin fines de lucro.

Con esos elementos, lo que podría ser una enorme oportunidad para diversificar y ampliar la pluralidad de voces que necesita una sociedad genuinamente democrática, tiene grandes riesgos de transformarse en una herramienta de control y presión política sobre los medios, más aún si consideramos que estamos en un año eminentemente electoral, cuando es especialmente crítico que se garantice el libre acceso a los medios de comunicación a todas las corrientes políticas. Cabe recordar que sin prensa libre no existe posibilidad de elecciones libres.

A continuación, Fundamedios presenta sus argumentos sobre la falta de idoneidad del proceso.

 

FALTA DE INDEPENDENCIA DE LOS ENTES DE CONTROL

Al ser la Arcotel y el Cordicom las instituciones a cargo del proceso, se pone en riesgo no sólo el derecho de cada persona a expresarse libremente sino también el derecho de la ciudadanía a recibir la máxima diversidad posible de información e ideas.

Al respecto de esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE) señala que, para garantizar una radiodifusión libre e incluyente, es necesario que “la autoridad de aplicación y fiscalización en materia de radiodifusión no esté sometida a injerencias políticas del gobierno ni del sector privado vinculado a la radiodifusión.” La finalidad de esto es reducir el margen de una posible arbitrariedad en el procedimiento para otorgar o renovar una concesión de frecuencia.

PLAZOS ARBITRARIOS

Es necesario mencionar que este proceso de concurso y adjudicación de frecuencias establece plazos que podrían generar presión sobre los concursantes, no sólo por la inmediatez de los mismos en sus distintas etapas sino por su cercanía a un proceso electoral. Sobre esto, la RELE ha indicado que la falta de normativa que establezca plazos y criterios objetivos puede devenir en una situación de incertidumbre y presión sobre los medios de comunicación que aspiran a renovar su licencia. Según han señalado las autoridades, el concurso tendría resultados en diciembre, apenas días antes de que se inicie la campaña electoral para los comicios de febrero de 2017.

DISCRECIONALIDAD PARA CALIFICAR LA LÍNEA EDITORIAL

Los parámetros de evaluación del plan comunicacional que deben presentar las personas naturales y jurídicas que deseen optar por una frecuencia fueron elaborados el Cordicom. Estos lineamientos podrían dar lugar a una valoración claramente sesgada pues, de acuerdo con la normativa a emplearse, los medios deberán indicar cuál es su “orientación”. Esto podría interpretarse como una valoración de la línea editorial del mismo, lo cual, ante un ente claramente politizado, implica una desigualdad de condiciones para medios de comunicación caracterizados por mantener una línea editorial crítica o, incluso, opositora.

Sobre este particular, la RELE ha indicado lo siguiente: “Los requisitos de asignación deben consagrarse en leyes claras y precisas, de forma tal que se evite cualquier consideración política discriminatoria que pueda afectar la asignación en atención, por ejemplo a las ideas políticas o religiosas o de cualquier otro orden, de la persona que solicita la licencia”.

La evaluación de los planes comunicacionales por parte del Cordicom se caracteriza por una amplia subjetividad y esto contraría la declaración de principios sobre la libertad de expresión pues, en lugar de prohibir la presión, castigo, premiación y privilegio a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, se lo está fomentando.

REVERSIÓN ANTICIPADA DE CONCESIÓN POR CUALQUIER DENUNCIA

La RELE ha señalado que la normativa sobre radiodifusión, en países o regiones con índices muy altos de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, debe compatibilizar el fomento de la pluralidad y diversidad de voces con el respeto de la línea editorial o informativa de un medio. Además, se debe evitar el retiro o renovación de frecuencias o licencias por razones discriminatorias o arbitrarias.

Por el contrario a lo establecido en este estándar, la normativa a emplearse en este proceso desarrolla el artículo 112 numeral 9 de la Ley Orgánica de Comunicación, que se refiere a las causales para la terminación de concesiones de frecuencia. De esta forma, abre la posibilidad de que las personas naturales y jurídicas puedan denunciar ante el Cordicom un supuesto incumplimiento del plan comunicacional presentado, lo que daría lugar a una posible reversión de la frecuencia otorgada. Considerando la falta de independencia del ente de control, esto podría constituirse en una herramienta de persecución y hostigamiento a medios de comunicación que mantengan líneas editoriales investigativas.

AUSENCIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS INDEPENDIENTES

Tal como se presentan las bases para el concurso, no se establece formalmente la creación de un mecanismo que garantice la participación de la ciudadanía en el proceso. Al respecto, la RELE ha señalado que el mecanismo de asignación y renovación de frecuencias debe ser transparente y público y que, con la finalidad de disminuir una posible arbitrariedad, debe contemplarse la realización de audiencias públicas que aseguren acceso a la información pública de los ciudadanos y ciudadanas, y que obliguen a la motivación suficiente de sus decisiones. Esto debería garantizar una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones.

Las autoridades aseguraron que están trabajando en la convocatoria con otras entidades públicas y privadas, pero el concurso ya se inició sin que esta participación ciudadana exista.

CONDICIONES INADECUADAS PARA EL ACTUAL CONCURSO

La Ley de Comunicación, aprobada en junio del 2013, estableció la necesidad de que las concesiones de frecuencias en el espectro radioeléctrico se realicen mediante un concurso público. Hasta la fecha se convocaron a dos procesos para concesiones de frecuencias comunitarias, en 2012 y 2014, que fueron fallidos.

Se trata de 846 frecuencias en FM, 148 en AM y 478 de televisión en UHF disponibles en el concurso. Entre ellas se encuentran las frecuencias de estaciones radiales con importantes espacios informativos como radio Visión, Centro, EXA Democracia, Sucesos, Platinum FM, Sonorama o FM Mundo. Los actuales concesionarios de la frecuencia sí pueden concursar por la que actualmente ocupan.

Además, el concurso no se abrió para estaciones de televisión VHF. Esto quiere decir que 180 estaciones que tienen sus frecuencias caducadas, entre las que se encuentran Ecuavisa, Teleamazonas, GamaTV y Telerama, tendrán que participar por una frecuencia en UHF, es decir que tendrán que cambiar de canal en las vísperas de un proceso electoral. Según Ana Proaño, directora de la Arcotel, esto se hace como “paso previo” a la migración a la televisión digital, que aún no tiene fecha.

Pero además, el ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, aseguró que en este proceso no se cumplirán los porcentajes establecidos en la Ley de Comunicación de que 33% de los medios deben ser privados, 33% públicos y 34% comunitarios. Esto será “progresivo”, según el Ministro, aunque la Ley no habla sobre esta gradualidad en la repartición de frecuencias.

Por todos estos hechos, hacemos un llamado a las instituciones internacionales de protección y defensa de las libertades de expresión y prensa, así como a las redes y organizaciones de protección a la prensa, para que señalen sus preocupaciones y vigilen de cerca el concurso.

Exhortamos a las autoridades para que demuestren una mínima de sensibilidad o sentido de la oportunidad, y suspendan el actual concurso, dando inicio a una discusión amplia con todos los sectores para que, sobre la base de los estándares mínimos, se desarrollen reglamentos que realmente garanticen un avance hacia la existencia de medios plurales e incluyentes.

Y, principalmente, queremos llamar la atención de todos los ciudadanos ecuatorianos pues, de avanzar el actual concurso para concesionar 1.472 frecuencias, estaríamos ante un proceso que puede ser un golpe letal contra las libertades de expresión y prensa en Ecuador.

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Versión en español

Fundamedios, a civil society organization that promotes and defends freedom of expression in Ecuador, has requested authorities from the Agency for the Regulation & Control of Telecommunications (Arcotel) and the Council for the Regulation & Development of Information & Communication (Cordicom) to suspend the tender process for the award of 1,472 frequencies.

This would be the largest tender for frequencies in the history of media in Ecuador and probably the region. A process of this magnitude should not generate doubts, but instead be implemented according to the principles of independence, transparency, accountability, justice, diversity and inclusion, in accordance with international standards. Of particular importance are the Standards of Freedom of Expression For Free & Inclusive Broadcasting, issued by the Special Rapporteur for Freedom of Expression (RELE for the Spanish acronym) at the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR).

None of these principles is guaranteed in the forthcoming tender process in Ecuador. The issue of greatest concern is that the bodies responsible for the assessment of applicants, Arcotel and Cordicom, have proved themselves to be independent of neither political nor economic power.

With its history of granting temporary irregular frequencies to an economic group that collects media outlets of all kinds, Arcotel shows clear favoritism for certain companies. Cordicom is run by a political activist who lacks qualification, experience or knowledge in the field of telecommunications and media. In addition, the authorities themselves have admitted that they will fail to comply with the allocation of 34% of frequencies to community media. This situation is a direct result of the lack of public policies supporting these nonprofit media outlets.

With these elements, a major opportunity to diversify and expand the plurality of voices needed in a genuinely democratic society is in danger of becoming a tool of control and political pressure. This danger is heightened by the fact that the general election is fast approaching; a time when it is critical that all political movements are guaranteed free access to the media. Without a free press there are no free elections.

HOW IS THE TENDER PROCESS FLAWED? THE ARGUMENTS

CONTROL BODIES’ LACK OF INDEPENDENCE
With Arcotel and Cordicom running the tender process, this jeopardizes not only the right of each person to express themselves freely, but also the right of citizens to receive the maximum possible diversity of information and ideas. In this regard, RELE states that, to ensure free and inclusive broadcasting, it is necessary that “the authority that enforces and controls broadcasting is not subject to political interference from the government or private sector linked to broadcasting.”

ARBITRARY DEADLINES
It should be mentioned that the tender process establishes a time frame that could put participating media outlets under great pressure, not just in terms of tight deadlines but proximity to the election. On this issue, RELE has indicated that the lack of regulations establishing objective criteria and deadlines could create a situation of uncertainty and pressure for media outlets who wish to renew their license. Officials have stated that the results of the tender will be announced in December, just days before campaigns are due to start for the 2017 presidential and legislative elections.

DISCRETION TO JUDGE EDITORIAL LINE
The assessment parameters of the communication plan that must be submitted by natural and legal persons wishing to bid for a frequency were developed by Cordicom. These guidelines could lead to a clearly biased outcome because they require participating media outlets to state their ‘orientation.’ This could be interpreted as an appraisal of the outlet’s editorial line, implying unequal conditions for those who maintain a critical or opposing position.

In this regard, RELE has indicated the following: “Allocation requirements should be enshrined in clear and precise laws to avoid any discriminatory consideration that could affect the allocation in question, for example regarding the political or religious ideas or other aspects of the person applying for the license.”

CONCESSIONS TO BE WITHDRAWN IN RESPONSE TO COMPLAINT
RELE has indicated that countries or regions where media ownership is very concentrated should balance this with broadcasting regulations to encourage the plurality and diversity of voices. RELE goes on to state that the withdrawal or renewal of frequencies and licenses for discriminatory or arbitrary reasons should be avoided.

Contrary to this standard, the Ecuadorian frequency tender process implements Article 112, Paragraph 9 of the Communications Law, which refers to grounds for terminating frequency concessions. This Article makes it possible for Cordicom to withdraw a concession in response to a complaint from a natural and legal person regarding any alleged breach of the media outlet’s communicational plan. Considering the lack of independence of the control body, this could become a tool of persecution and harassment of media outlets which maintain investigative editorial lines.

LACK OF INDEPENDENT CITIZEN OVERSIGHT
As presented, the format of the tender does not formally establish a mechanism to ensure the participation of citizens in the process. In this regard, RELE has indicated that the method for the allocation and renewal of frequencies should be transparent and public and that, in order to reduce possible arbitrariness, public hearings should be considered as a means of ensuring citizen access to public information. This should ensure the effective participation of civil society in the decision-making processes.

INADEQUATE CONDITIONS FOR THE CURRENT COMPETITION
The Communication Act, passed in June 2013, established the requirement for radio spectrum frequency concessions to be awarded via public tender. To date, two previous tenders for community frequencies, held in 2012 and 2014, were unsuccessful.

The current tender is for the concession of nearly a thousand radio frequencies (846 FM and 148 AM) and 478 UHF television frequencies. These include frequencies of radio stations with important news programs, such as Radio Visión, Centro, EXA Democracia, Sucesos, Platinum FM, Sonorama and Mundo FM. Licensees can bid for the frequency they currently occupy.

No tender will be held for VHF television stations. Thus, frequencies for 180 stations will expire, including those licensed to Ecuavisa, Teleamazonas, GamaTV and Telerama. These stations must bid for a UHF frequency, meaning they will have to change channel on the eve of an election. According to Ana Proaño, Director of Arcotel, this is the ‘first step’ in the migration to digital TV, a process which still has no anticipated time frame.

The Telecommunications Minister, Augusto Espin, has stated that the tender will not meet the allocation set out in the Communications Act, which dictates that 33% of the media should be private, 33% public and 34% community based. According to Espin, this ratio will be achieved ‘progressively’, although the Act does not mention the option of a gradual approach in the distribution of frequencies.

Taking all these facts into consideration, Fundamedios calls for international institutions which defend freedom of speech and the press, as well as networks and organizations which protect the press, to closely monitor the contest and share any concerns.

We urge the authorities to show a minimum of sensitivity or awareness of the magnitude of the opportunity by suspending the current tender and initiating a broad discussion with all sectors so that, on the basis of minimum standards, regulations are developed that truly guarantee a step towards the existence of a plural and inclusive media.

And, above all, we want to draw the attention of all Ecuadorian citizens to the fact that, with the current tender process for the concession of 1,472 frequencies, we are facing a potentially lethal blow to freedom of speech and the press in Ecuador.

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La Superintendencia de Control de Mercado llamó a nuevas reuniones para investigar dos medios de comunicación vinculados con el mexicano Remigio Ángel González. El llamado se hizo después de que Fundamedios y cinco medios digitales publicaran una investigación sobre el nuevo canal de televisión de este emporio, Televicentro.

Por oficios, la Superintendencia citó a entidades públicas y privadas para reuniones, que se desarrollan desde el pasado 19 de febrero. El objetivo es, según señalan los oficios, “tratar el tema relativo a la compra de acciones efectuada por Telecomunicaciones Globales de Entretenimiento Televisivo Teglovisión S.A. a Grupo el Comercio C.A., su posterior inicio de actividades televisivas en la frecuencia en la que operaba Telecuatro Guayaquil C.A.”. Además, la Superintendencia pide abordar la investigación de la ONG y los portales digitales 4 Pelagatos, Focus, Plan V, Rayuela Radio, Wambra Radio, Fundación Mil Hojas y Fundamedios.

El informe publicado la semana pasada revela que, detrás de una cortina societaria, González posee al menos 17 medios de comunicación en Ecuador y tiene concesiones para 87 frecuencias de radio, televisión analógica y televisión digital. También señala que Televicentro, que sale al aire con un noticiero que usa la marca de El Comercio, está operando con frecuencias temporales.

La Superintendencia de Control de Poder de Mercado citó a la Superintendencia de Comunicación, el Consejo de Regulación de la Comunicación, la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones, Telecomunicaciones Globales de Entretenimiento Televisivo Teglovisión S.A., Grupo el Comercio C.A., el diario El Universo ya los partícipes de la investigación de los medios digitales y ONGs.

A través de un boletín de prensa, la Superintendencia señala que investiga desde el 6 de enero del 2015 la transacción de compra de El Comercio. Dice que la convocatoria responde a “la notificación de concentración económica con fines informativos”.

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El ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, confirmó que las frecuencias para el funcionamiento de un nuevo canal no se podían otorgar sin un concurso público. Las declaraciones las hizo en torno al aparecimiento de Televicentro, un nuevo canal relacionado con el mexicano Remigio Ángel González, que cinco medios digitales y dos ONG revelaron.

Este 18 de febrero de 2016, en entrevista con GamaTV, el ministro aseguró que no es posible que un canal sea otorgado a medios privados sin un concurso, debido al marco legal que existe en el país. Sin embargo, señaló que en el caso de Televicentro, no se trata de un nuevo canal sino de uno que ya existía y se cambió de nombre. Se refiere a RTS Quito, que dio paso a Televicentro.

El funcionario dijo que, en este caso, no se trata de una concesión sino de una “autorización” que es “un acto administrativo que puede  ser revertido de la misma forma por la autoridad, es decir, es  un acto administrativo precario”.

Las “autorizaciones” temporales otorgadas por la Agencia de Regulación del Espectro (Arcotel) fueron entregadas en agosto del 2015. En las resoluciones se estableció que son repetidoras para realizar pruebas de “nuevas tecnologías de radiodifusión”.

Pero, según el Ministro admitió, las pruebas que se están realizando en las frecuencias entregadas a Televicentro y RTS no son “nuevas tecnologías”. Técnicos consultados por Fundamedios confirmaron que la tecnología de isofrecuencia no es novedosa en el país. Añadieron que incluso resulta extraño que se experimente con ésta en televisión analógica, que supuestamente dejará de existir a fines de este año, cuando comience el apagón analógico y se migre a televisión digital.

De hecho, las investigaciones en el canal 11 ya se habían hecho en dos ocasiones en Quito y Guayaquil. La primera vez fue cuando Ecuador TV hizo su aparición y salió por esa frecuencia; la segunda, en el 2014, por pedido de la estación La Tele, también perteneciente al grupo de Remigio Ángel González. Es decir, supuestamente se está probando una misma tecnología por tercera vez.

¿Qué es la isofrecuencia? Es la capacidad para enviar por una misma frecuencia varias señales. Se usa por ejemplo en la televisión digital, pues con una sola antena se podrá subir todo Quito o Guayaquil. Espín lo explica así: “Con esta tecnología, lo que se logra es asignar un solo canal y se dispone de mayor capacidad en el espectro”.

Sin embargo, los técnicos consultados por Fundamedios aseguran que lo que se está haciendo con el canal 11 en Quito y Guayaquil no es isofrecuencia, sino un canal adyacente, que es otra tecnología. Tampoco se podría probar isofrecuencia en digital en el canal 11 VHF, pues la televisión digital está en la banda de UHF, desde el 19.

El Ministro también dijo que se está investigando si el emporio González tiene 17 medios de comunicación, como la investigación revela. Pero añadió que 14 de estos tienen sus frecuencias caducadas y estas saldrán al concurso público que está previsto que se convoque en los próximos días. Esta versión no ha podido ser verificada documentalmente.

De su lado, el Cordicom analiza un pronunciamiento. Esa entidad debía ser notificada por la Arcotel con la rejilla de programación para la autorización de Televicentro. Al respecto, la vocal Erika Torres señaló que no es competencia del Cordicom pronunciarse sino de Arcotel. “Ellos serán los encargados de explicar técnicamente qué pasó con esa frecuencia, sin embargo el conocimiento que nosotros tenemos es que no es una nueva designación de frecuencia”.

La Consejera no aclaró si el Cordicom conoció la programación del nuevo canal como ordenan las mismas resoluciones con las cuales se autorizó la operación de las nuevas frecuencias.

Además Torres aseguró que se debe investigar si de verdad existe “un señor al que se le denomina El Fantasma” y que el presidente del Consejo, Patricio Zambrano, se va a pronunciar sobre el caso.