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2022-01-Comunicado-Socios-Ley-de-Libre-Expresión-Primer-Debate

Ecuador, 13 de enero de 2022. El Pleno de la Asamblea Nacional debatió por primera vez el Proyecto Unificado de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación.


El proyecto unifica la propuesta presentada por el presidente Guillermo Lasso con el documento presentado por Fundamedios con los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio y otros proyectos sobre la misma materia calificados por el CAL Legislativo.


Los proyectos originales partían de una premisa que no se debe perder de vista en ningún momento y es el hecho de que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental con tres dimensiones: individual, instrumental y estructural que tiene que ver con la realización y dignidad humana, la posibilidad de defender derechos y el hecho de que este derecho constituye uno de los tres pilares para una democracia.


Frente a un derecho fundamental, el papel de los estados tiene que ver con la garantía, protección y promoción. Esto marca una diferencia sustancial frente a la visión que se impuso con el establecimiento de la Ley Orgánica de Comunicación del 2013 que consagró un modelo de hiperregulación y control estatal y la incautación del derecho bajo la figura de transformar la libertad de expresión en el derecho a la comunicación que a su vez se transformó en un servicio público.


En el primer debate legislativo sobre la nueva Ley de Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Expresión desde Fundamedios vimos con preocupación cómo se plantearon intenciones de volver a un esquema de control estatal y de restricciones al ejercicio de derechos. Se realizaron acusaciones y amenazas en contra medios y periodistas utilizando un lenguaje que en algunos casos llegó a ser agresivo, estigmatizante, ofensivo e incluso amenazante.


Desde Fundamedios consideramos que el Informe de la Comisión de Relaciones Internacionales, cuya ponente fue la asambleísta Marjorie Chávez, tiene aspectos muy importantes en la línea de contar con una legislación moderna y garantista que cumpla los estándares internacionales. Sin embargo, vemos con preocupación algunos artículos, conceptos y disposiciones que podrían ser regresivos y que deben ser profundamente revisados.


Desde Fundamedios estamos planteando la revisión y en algunos casos la eliminación de algunos artículos porque ni técnica ni conceptualmente cumplen con el objetivo de garantizar, promover y defender la libertad de expresión.


En este debate nuestro aporte siempre será técnico y argumentativo. Así lo volvimos a establecer este martes 11 de enero con la comparecencia del director ejecutivo de la organización César Ricaurte quien planteó observaciones concretas a artículos específicos. Entre ellos, el concepto clave de libertad de expresión en sus tres dimensiones (individual, instrumental y estructural) y la eliminación de los condicionamientos previos a la información que claramente incumplen estándares internacionales. La delimitación precisa de los derechos a la réplica y respuesta. La
eliminación de un peligrosísimo Artículo 20 que puede generar mecanismos de censura y autocensura en investigaciones periodísticas sobre corrupción. La composición del Consejo de Comunicación para evitar su politización y que esté en concordancia con estándares que establecen que un organismo de esta naturaleza debe ser técnico, independiente, responsable y transparente.


Invitamos a los distintos sectores políticos representados en la asamblea a elevar el nivel del debate, con argumentos técnicos, reconocer y ser autocríticos con un pasado reciente de represión y persecución contra la prensa, los periodistas y todo aquel que pensara distinto.

Recordamos, además, que el país tiene obligaciones internacionales pendientes, una de estas es la aprobación de legislación que garantice la plena libertad de expresión: lo establece la Corte IDH en la sentencia diario El Universo; el informe de los Relatores de Libertad de Expresión de 2019 y el informe de la CIDH sobre el secuestro y asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

El país, la sociedad y los representantes y líderes políticos debemos actuar en consonancia y coherencia con esenciales principios democráticos y de respeto a los Derechos Humanos.

Socios:
César Ricaurte Jean Cano
Yadira Leonor Aguagallo Xavier Bonilla
Diego Cornejo Stephan Küffner
Sandra Garcés Almeida Verónica Manosalvas
Mariana Neira Christian Zurita
Juan Carlos Calderón Diego Araujo
Mónica Almeida Tania Tinoco
Simón Espinosa Ana Karina López
Miguel Rivadeneira

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HISTORIAS FDM

Vender uno de los medios de comunicación más importantes de Ecuador, en plena época de la autodenominada Revolución Ciudadana, no fue una tarea sencilla. Ángel González, magnate mexicano de telecomunicaciones conocido como ‘El Fantasma’, necesitó —además de la billetera y los millones necesarios— esquivar los controles internos del correísmo y contar con buenos aliados políticos, mediante lobby, órdenes a mandos medios y ajustes normativos de última hora. Y todo eso se concretó gracias al pago de sobornos a altos funcionarios del correísmo, en especial los hermanos Alvarado, el exministro Augusto Espín y, posiblemente, el exsecretario jurídico Alexis Mera.

Con esos sobornos se dejó abonado el terreno para una buena negociación de la que, por supuesto, obtuvieron una jugosa tajada. 

Una investigación de Fundamedios, realizada mediante entrevistas a excolaboradores de ‘El Fantasma’ y documentos de transacciones, revela los entretelones de la venta de uno de los medios de comunicación centenarios más importantes del país; los acuerdos a los que se llegó en torno a esta negociación, así como los nombres de los ministros del expresidente Rafael Correa —sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia— que lucraron directamente de Ángel González.

 

Un ‘viejo zorro’ para los negocios

Hay que tener algo muy claro: el empresario de medios de comunicación Ángel Remigio González no da puntada sin dedal. Su estrategia es generar un monopolio de los sectores televisivos y radiales, como la forma más eficiente de hacer dinero, al controlar los precios del mercado. Lo hizo en Guatemala, Nicaragua, Honduras y Ecuador.

Antes de realizar la compra de medios de comunicación, ‘El Fantasma’ seduce a funcionarios que tengan nexos con la política local, para acercarse sigilosamente a los gobiernos de turno. Como parte de su estrategia, González genera relaciones con los presidenciables, los apoya con sus medios de comunicación cuando sabe que estos pueden ganar. Después, espera que los favores retornen con contratos de publicidad en sus espacios o mediante acuerdo de  servicios, de imprenta, por ejemplo. Este modus operandi del Fantasma se describe en los documentos que aparecieron en el juicio en el estado de Delaware entre Carlos Lorefice y Ángel González.

Esto fue corroborado por un ex alto ejecutivo de Albavisión que participó en varias de estas operaciones. Según él, “Ángel Remigio González no viaja fuera de Estados Unidos y permanece la mayor parte del tiempo en su mansión en Key Biscayne. Si los interesados no viajan a Miami para cerrar los acuerdos políticos —por lo general en restaurantes—,  se instrumentan por intermedio de su gente local, que tienen contacto directo con las segundas líneas de los presidentes: ministros, secretarios…”

En Ecuador, ‘El Fantasma’ encontró en los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado Espinel los aliados perfectos. En especial Fernando Alvarado quien manejó, entre 2009 y 2015, la comunicación del Gobierno de Rafael Correa. Los hermanos llegaron a ser no solo la mano derecha de Correa, sino el nexo más fuerte con González. ¡Bingo! ‘El Fantasma’ dio en el clavo.

 

La venta de El Comercio 

Según la fuente a la que accedió Fundamedios, los hermanos Alvarado sugirieron a Ángel González la compra de diario El Comercio. Esta habría sido la primera vez que ‘El Fantasma’ se involucra en los medios gráficos. Para animarlo, la misma fuente señaló que los Alvarado le ofrecieron: “pauta oficial en sus nuevos medios impresos; contratación de los servicios de imprenta; un nuevo canal de televisión (una de las exigencias de ‘El Fantasma’ para comprar El Comercio), así como la regulación y entrega de 8 frecuencias de radio en sus manos.” A cambio pidieron parte del control editorial del diario para favorecer al correísmo y USD 530.000. 

Un documento del grupo interno de Ángel González, titulado ‘ECU-Detalle negociaciones de JMB e IB’, al que tuvo acceso Fundamedios, describe el plan de pago que se realizó para Ecuador: un desembolso de USD 150.000 por la entrega de la frecuencia de Canal 11, actualmente TVC, y  otro pago de USD 350.000 por la regulación y entrega de las frecuencias de Galaxia Stereo, Joya Stereo, Metro Stereo, Tropicálida FM Stereo, Alfa Stereo, Fabu Stereo, HN Radio y Radio Quito.

Para González fue el momento preciso para hacer negocios, ya que tuvo en la mira desde 2014 los negocios que podían llegar con la adquisición de El Comercio. No solo la publicidad oficial ofrecida por los hermanos Alvarado, sino ‘La Reina’ —una de las imprentas más grandes de Latinoamérica— adquirida por Guadalupe Mantilla de Acquaviva en una época de bonanza del Diario en 2010. Como parte del negocio también le ofrecieron la impresión de todo el material gráfico de ese Gobierno, como libros escolares, volantes, afiches….

A González le interesó El Comercio por la cantidad de inmuebles que tiene; entre ellos el Edificio Aragonés, en el sector de La Paz (norte de Quito), una casa patrimonial en la avenida Colón y el extenso terreno donde funciona la sede principal en San Bartolo, al Sur del Quito. A su vez, la familia de Guadalupe Mantilla de Acquaviva, heredera de los fundadores de El Comercio, optó por vender el medio de comunicación por un problema de salud de Fabricio Acquaviva Mantilla, hijo único de la sucesora del emporio mediático quiteño. 

 

El emisario entre el Fantasma y los Alvarado

Fernando y Vinicio Alvarado buscaron a alguien para que fuera el intermediario del negociado con ‘El Fantasma’ y encontraron un aliado perfecto: José María Bacchelli Ortega, un cantante de baladas español que tuvo su auge en los 80. Por un sueldo de USD 15.000 mensuales fue el nexo entre los ministros del correísmo y el zar de medios. 

El dinero era entregado por la gente de González a Bacchelli, alias ‘El Cantante’ y este se lo daba a los Alvarado. El documento ‘ECU -Detalle negociaciones de JMB e IB’ especifica que los pagos se realizaron por partes, a medida que las negociaciones avanzaban y se concretaba la entrega de frecuencias de radio y televisión. Por ejemplo, el desembolso de USD 150.000 se hizo así: una transferencia a la compañía Galápagos JMB por USD 28.000; y otro pago de USD 22.000 con cheques. Los USD 100.000 restantes se entregaron cuando estuvo el documento de adjudicación de Canal 11 a su favor. 

Tal como estaba pactado, los pagos se realizaron desde empresas relacionadas con los testaferros de Ángel González a Galápagos JMB LLC;  una sociedad radicada en la Isla de Nevis, lugar conocido entre los paraísos fiscales más secretos del mundo y con cuenta bancaria en Wells Fargo, de Estados Unidos.

Esta empresa está a nombre de la exmiss Ecuador Gianella Avellaneda y de su esposo, José María Bacchelli Ortega.

Prolasa S.A., una sociedad panameña creada en 1975, realizó los pagos a  Galápagos JMB LLC por USD 7.000 y USD 8.000. Entre sus directivos tiene a Jesús Armando González González (México), hermano de ‘El Fantasma’; Guadalupe Carlos Hernández Martínez; y José Luis Yarzabal Burela, prestanombres de González, que aparecen como presidentes en empresas uruguayas. 

 

 

Otra empresa que realizó un pago de USD 15.000 a  Galápagos JMB LLC fue Radio y Televisión Guatemala S.A., compañía centroamericana, actual accionista mayoritaria de la empresa Andivisión S.A.,  que es concesionaria de la frecuencia Tropicalida Stereo (91.3), de propiedad de ‘El Fantasma’. 

Televesiete S.A. realizó dos pagos por $15.000 en 2016  a  Galápagos JMB LLC. Esa empresa, de nacionalidad guatemalteca, fue denunciada en 2016 por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, por entregar dinero para el financiamiento ilícito de la campaña del exmandatario Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Es parte del Grupo Albavisión, y accionista de la empresa ecuatoriana Televisión Independiente Indetel S.A.  también propiedad de Ángel González. 


La gente de González cumplió su parte, ahora tocaba cumplir la suya a los hermanos Alvarado. 

 

El correísmo no defrauda a sus amigos

Ángel González tuvo que superar obstáculos para concretar su emporio en Ecuador, pero el correísmo le puso alfombra. 

El primero tenía que ver con su nacionalidad: la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, que prohibía que cualquier extranjero fuera dueño o accionista de medios, exceptuando a quienes vivieran “de manera regular” en Ecuador. La segunda limitación fue que  los dueños de medios de comunicación no podían  dedicarse a otro tipo de actividad económica. Finalmente, estaba la cantidad de frecuencias que podía tener una persona. 

González se encontraba excedido en todo, pero con la ayuda de los hermanos Alvarado y la asesoría de Alexis Mera superó los inconvenientes. Todo salió según lo planificado. El reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobado por Rafael Correa, abrió la puerta para que los extranjeros puedan ser dueños de los medios de comunicación en Ecuador. Se dispuso que la prohibición no se aplicará a personas o empresas de países que hubieran suscrito acuerdos o convenios de cooperación comercial o de complementación económica con Ecuador. Uruguay hace parte de esta lista. González, de nacionalidad mexicana, constituyó empresas de papel en Uruguay para captar frecuencias y comprar Grupo El Comercio (considerado como un paraíso) tal como lo publicó Fundamedios el 14 de septiembre del 2020. 

Este artículo específicamente fue incorporado como una excepción expresa a pedido de González. Incluso su personal de confianza redactó una propuesta. “Fue una negociación directa que se hizo con el Gobierno de Correa, con los hermanos Alvarado y Alexis Mera, que en ese momento era Secretario Jurídico de la Presidencia”, comentó el  ex alto ejecutivo del grupo Albavisión que habló para este informe bajo condición de reserva.

Esto se corrobora en los documentos a los que obtuvo acceso Fundamedios y que forman parte del juicio C. A. No.2019-0356-MTZ radicado en “THE COURT OF CHANCERY OF THE STATE OF DELAWARE” y en el mismo testimonio de Ángel González ante esa misma Corte. Allí se establece que “el equipo de González hizo reestructuraciones corporativas para mover las compañías a distintos testaferros, con lo cual se transfirieron ficticiamente acciones de los medios de comunicación a otras sociedades». De forma tal de que cada uno fuera dueño de lo máximo que permitía la Ley. Todas esas transferencias fueron ficticias porque nunca hubo intercambio de dinero.”

También crearon holdings en Uruguay para que fueran tenedores de esas acciones pues este país estaba protegido por el Reglamento del correísmo a luz de la Ley de Comunicación. 

 

La redacción resiste, pese a todo

Tras 107 años de existencia, Guadalupe Mantilla de Acquaviva vendió Grupo El Comercio. Según cifras extraoficiales por $45 millones, ‘El Fantasma’ logró apoderarse de una de las cabeceras periodísticas más importantes del Ecuador, desde donde administraría su nuevo emporio mediático. Lo hizo por intermedio de la empresa Telglovisión S.A., que tiene un capital de cerca de USD 15,5 millones y cuenta entre sus socios a Blackster de Uruguay y a Telintecomun. En total adquirió el 94,4% de las acciones.

Bajo el poder de ‘El Fantasma’, los hermanos Alvarado pretendieron controlar las decisiones editoriales. El ex-alto ejecutivo de Albavisión describe esa acción como “altamente invasiva”. De hecho, ellos estuvieron tras la salida del periodista Martín Pallares y el despido del periodista Andrés Carrión de Televicentro, nuevo canal de televisión del Grupo El Comercio, que formó parte de las negociaciones.

Tratar de tomar el total control editorial de El Comercio no fue una tarea sencilla, reconoció la fuente y recordó que Carlos Mantilla, designado como Presidente Ejecutivo de El Comercio, siempre quiso que se interfiriera lo menor posible la línea editorial del diario: “Carlos sí influía en las decisiones, para que no fueran tan perniciosas como lo podían ser. Él hacía control de daños…”. Y cita que  en ocasiones Mantilla evitó que se dieran despidos masivos de periodistas y trabajadores del Diario. 

No obstante, el clima era de un conflicto permanente entre una Redacción que trataba de salvaguardar su independencia y los directivos que operaban para cumplir los acuerdos de los nuevos dueños de El Comercio con el gobierno de Correa. «Mis últimos 3 años en El Comercio y especialmente desde que fui designado Editor General, fueron de una tensión permanente», recuerda el periodista Arturo Torres. “Por un lado, desde la redacción tratábamos de hacer un trabajo periodístico con rigor, independencia y cubriendo los temas de interés público. Pero, al frente, teníamos ejecutivos que permanentemente estaban tratando de aligerar contenidos y vetar contenidos, especialmente, investigaciones periodísticas.”

Torres recuerda que decidió renunciar al Diario porque se trató de impedir, por todos los medios, la publicación de una investigación sobre el patrimonio de los ministros de Lenín Moreno. La fuente de Fundamedios corrobora que la relación estrecha con el poder se mantuvo durante el gobierno de Moreno, aunque no había operadores tan agresivos e invasivos como los hermanos Alvarado. 

Pero en otras decisiones la palabra de los Alvarado sí se cumplió. El periodista Martín Pallares recordó que su salida de El Comercio se dió por una retaliación y presión de Vinicio Alvarado. Tres días después de que tuvo un cruce por Twitter con el exfuncionario, le advirtieron que no podía seguir tuiteando. “Me dijeron que no podría seguir usando la plataforma de Twitter, no me dieron detalles”. Pallares decidió usar nuevamente Twitter para criticar un Estado de Emergencia en el cual se retiró la vocería al Instituto Geofísico de la Politécnica para informar sobre el Cotopaxi: “Puse algunas opiniones y después me comunicaron que estaba fuera del diario”. 

 

El combo completo

El 1 de febrero de 2016 ‘El Fantasma’ sumó un canal de televisión a su emporio mediático en Ecuador, como parte de una cadena de favores desde el correísmo. Se trata de Televicentro (TVC) que, apalancado en la marca del centenario diario El Comercio, ocupó una frecuencia de Televisión que pertenecía al Estado y que fue otorgada temporalmente, sin concurso, violando lo que la Constitución y la Ley de Comunicación establecen. 

Con los hermanos Alvarado, hubo un incremento en la pauta publicitaria.  Asimismo, para ahorrar costos operativos, se realizaron modificaciones a la infraestructura de la sede del diario y Televicentro que empezó a funcionar en las instalaciones de Diario El Comercio, en San Bartolo, en el sur de Quito. 

En abril de 2016, ‘El Fantasma’ aprovechó el primer concurso para postular y obtener la concesión de 19 frecuencias matrices y 85 repetidoras. Lo hizo por medio de 18 empresas con diferentes accionistas. Su propósito era evitar ser señalado por concentración de medios; un acto prohibido por la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), como lo reportó Fundamedios en una investigación anterior. Entregar las radios Galaxia Stereo, Joya Stereo, Metro Stereo, Tropicálida FM Stereo, Alfa Stereo, Fabu Stereo, HN Radio y Radio Quito, formaba parte del acuerdo Alvarado-González, como quedó establecido.

 

El ocaso de los Alvarado 

Los Alvarado saborearon por muchos años las mieles del poder. Vinicio y Fernando fueron mano derecha de Rafael Correa. Fernando fue Secretario Nacional de Comunicación y, desde inicios de 2014, estuvo al mando de los medios gobiernistas. Su hermano llegó a ser consejero personal de Correa y Secretario General de la Administración Pública. 

En la vida todo lo que sube, tiene que caer… Para las elecciones de 2017 Correa no figuraba como presidenciable y tras la pérdida del trono los hermanos Alvarado se quedaron sin poder. ‘El Fantasma’ los hizo de lado y buscó un contacto directo con Lenín Moreno. Y lo logró: antes de llegar al poder, Moreno mantuvo una reunión en Miami con ‘El Fantasma’, junto a Carlos Mantilla, exdirector general de El Comercio. A cambio de protección editorial en los medios de comunicación del grupo, se mantendrían las frecuencias a su favor.  

Moreno tampoco falló a González y, como reveló una investigación de Fundamedios, en las últimas horas de Gobierno entregó al ‘zar de medios’ las frecuencias de cuatro estaciones de radio que, durante el concurso para su adjudicación, habían sido descalificadas por incumplir requisitos: Galaxia Stereo (88.5),  Alfa Stereo (104.1),  Tropicálida Stereo (91.3) y Like Fm  (96.1) continúan al aire gracias a una resolución de 13 páginas que Arcotel cocinó durante los últimos días del gobierno de Moreno.

Para estas negociaciones los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado no figuraron.

Vinicio Alvarado fue sentenciado dentro del caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho mientras que, Fernando Alvarado fue llamado a juicio por delito de peculado por realizar contrataciones de servicios de comunicación con recursos del Estado. Ambos se encuentran prófugos.

Fundamedios envió a Fernando Alvarado un correo electrónico para obtener una versión sobre el pago recibido por ‘El Fantasma’ a cambio de la entrega de un monopolio mediático. Hasta el cierre de esta investigación no hubo respuesta. No obstante, en una investigación pasada aseguró que no es amigo de Ángel González: “Si fuese amigo, los medios como diario El Comercio, que dicen son de su propiedad, no me hubieran atacado criminal y miserablemente como lo hicieron”. 

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Entre 2007 y diciembre de 2021, Fundamedios registró 3045 agresiones contra la prensa. En 2021 esta cifra se ubicó en 289, específicamente en diciembre del 2021 se produjeron 17 agresiones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que afectaron el derecho de libertad de expresión, prensa y acceso a la información en Ecuador. En comparación a noviembre se produjo una disminución de las agresiones, pero la fuerza se mantiene. 

En este mes la noticia positiva vino de la mano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció que el juicio y la sentencia impulsadas por el ex presidente y actual prófugo de la Justicia, Rafael Correa, en contra del periodista Emilio Palacios Urrutia, ex editor de Opinión de Diario El Universo, y de los directivos: Carlos Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, constituyeron una violación a la libertad de expresión.

 

Las cifras 

En total 10 periodistas fueron agredidos: siete hombres y tres mujeres; cinco medios de comunicación y dos ciudadanos. El Estado fue el principal agresor, en ocho ocasiones. Seguido de actores “Desconocidos” con seis agresiones y los No Estatales con tres casos.  

Asimismo, se registraron cinco alertas por restricciones de acceso a la información pública; cinco amenazas; cuatro discursos estigmatizantes; dos restricciones en el espacio digital y un intento de censura.

El análisis geográfico refleja qué Pichincha se produjeron 13 agresiones contra la prensa mientras que en Esmeraldas, Guayas, Tungurahua y El Oro se produjo una, respectivamente. 

 

Principales Tendencias

Funcionarios de alto rango atacaron la libertad de expresión.

Funcionarios de la Asamblea y del Ejecutivo protagonizaron acciones que atentaron contra la libertad de expresión y la libertad de prensa de periodistas, ciudadanos y medios de comunicación. 

El gobernador de El Oro (posteriormente separado de su cargo), Francisco Vera, protagonizó un incidente que atentó contra la libertad de expresión. A su llegada a Zaruma, donde se produjo un socavón que afectó varias viviendas del Centro Histórico, un ciudadano le reclamó por haber llegado tarde, recordando que horas antes se habían contactado con su equipo.  Francisco Vera le respondió de manera prepotente: “A ver, señor, usted, por favor, se calla. ¡Se calla! Usted se calla”. La actitud del gobernador Vera generó una serie de críticas en las redes sociales y le costó el cargo. 

El ECU-911 decidió suspender, sin mayor explicaciones y de manera unilateral, el informe del tráfico que brindaba como un servicio a los ciudadanos, a través de la radio FM Mundo, desde hace dos años. El director general de FM Mundo, Christian Del Alcázar Ponce contó que esta decisión se dió luego de que la radio realizó una crítica a Juan Zapata como titular del Comité de Operaciones de Emergencia. 

Finalmente el medio digital La Data recibió una carta de la legisladora Mónica Palacios de UNES, que aseguró que el medio digital utilizó noticias falsas que afectan su imagen, a partir de estereotipos machistas y misóginos que fueron publicados en redes sociales. Para La Data, la llegada de la carta a sus oficinas representó un atentado a la libertad de expresión al tacharlos como machistas y misóginos, considerando que el 80% de los colaboradores de La Data son mujeres. 

 

Las amenazas del crimen organizado subieron de tono.

En diciembre se produjeron amenazas contra periodistas por realizar su trabajo, estas vinieron en su mayoría del crimen organizado y algunas incluyeron advertencias de muerte que causaron preocupación en periodistas, incluso llegando al punto de la censura.

El 10 de diciembre el periodista Andersson Boscán, del medio digital La Posta, recibió una llamada telefónica por parte de un intermediario de la cárcel, el cual le comunicó al periodista que su vida, la de su esposa, la periodista Mónica Velásquez, y sus hijos estaba en riesgo. “Usted y su familia están corriendo peligro… Le llamo de parte del jefe líder de la cárcel 9 de Guayaquil… Tenemos a 30 muchachos, en todo Quito, con fotografías de usted y de su esposa” fue el mensaje que recibió el comunicador a través de una llamada anónima. 

El periodista Diego Puente de diario La Hora, también recibió una amenaza de muerte vía Twitter, tras una publicación en la que se solidarizó con la familia de Naomi Arcentales, que se encuentra en investigación por posible femicidio.

A finales de año Marcos Ramírez, presentador del medio digital Punto Cero de Esmeraldas, recibió una llamada amenazante luego de haber sido atracado,  junto con otros presentadores, durante una transmisión en vivo. Este acto produjo la censura del medio digital que borró un contenido de su plataforma. 

La Corte IDH dictó sentencia en caso El Universo 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el juicio y la sentencia impulsadas por el ex presidente y actual prófugo de la Justicia, Rafael Correa, en contra del periodista Emilio Palacios Urrutia, ex editor de Opinión de Diario El Universo, y de los directivos: Carlos Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, constituyeron violaciones a la libertad de expresión y a otros derechos.

El 21 de marzo de 2011, el entonces Presidente presentó una querella en contra de un periodista y tres directivos de El Universo por el tipo penal de “injurias calumniosas graves contra la autoridad”.  Lo hizo tras la publicación del artículo de opinión NO a las mentiras. El texto del periodista hacía referencia a la revuelta policial del 30S. Tras un ágil proceso judicial y que estuvo plagado de irregularidades, la sentencia de la Justicia del correísmo contra la libertad de expresión, llegaría en tres meses: El 20 de julio de 2011, el Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales de Guayas dictó sentencia condenando al periodista y los directivos de El Universo, a tres años de prisión. Asimismo, se determinó que debían pagar al querellante una suma de USD 30 millones de manera solidaria. El Universo, a su vez, debía pagar la suma de USD 10 millones.

La Corte IDH dictó una sentencia en diciembre de 2021 mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por las violaciones a diversos derechos. Entre las reflexiones la Corte concluyó que el artículo “NO a las mentiras”, constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público y que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático. 

Concluye que la sentencia condenatoria impuesta por el delito de injurias calumniosas graves contra la autoridad, y la sanción civil “constituyeron una violación a la libertad de expresión de las víctimas”. Asimismo, el Tribunal consideró que el exilio forzado al que tuvo que recurrir Emilio Palacio constituyó una violación a su derecho a la circulación y residencia y a su estabilidad laboral.

El acceso a la información tuvo falencias.

Este mes se produjeron acciones desde municipios y organismos estatales que limitan seriamente el acceso a la información pública de periodistas y ciudadanos. Incluso se registraron retaliaciones de servidores públicos por críticas de los medios de comunicación hasta agresiones, como resultados colaterales. 

A inicios del mes un equipo de Plan V fue censurado violentamente durante la cobertura de una audiencia, realizada en el Complejo Judicial Norte, por la acción de protección interpuesta por el general Víctor Arauz contra la comandante de la Policía Tannya Varela.

El fotógrafo Luis Argüello y el periodista Fermín Vaca llegaron antes de que se instale la audiencia, para hablar con los abogados y hacer tomas del ambiente, en ese instante unos policías se quejaron de su presencia ante una funcionaria judicial quien solicitó al equipo de prensa identificarse. Asimismo les advirtió que estaba prohibido realizar tomas en la sala. 

Asimismo, la periodista de Infobae, Yalilé Loaiza, no pudo acceder a los datos de los exportadores  de aletas de tiburón que reposan en el Servicio Nacional de Aduanas (Senae), bajo el argumento de que los mismos fueron calificados como información reservada.

 

También se elaboraron documentos atentatorios contra el acceso a la información. El Municipio de Ambato aplic entre sus colaboradores un “Acuerdo de no divulgación de información”: un cuerpo de ocho capítulos que limita severamente el acceso a la información pública en abierta violación a derechos ciudadanos establecidos en tratados internacionales, la Constitución y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

Paul Mena, periodista de El Universo, expuso a través de Twitter que la página web del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) eliminó de su página web las bases de datos de los contratos de emergencia. Los cuales, son fundamentales para las investigaciones periodísticas en las que se evidencian actos de corrupción. Este hecho significa limitar el acceso a la información.

 

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Latinoamérica, 7 de enero de 2022: Dentro el marco del proyecto regional “Periodismo Consciente: Salud mental y autocuidado” se realizó el segundo taller “Manejo emocional para periodistas durante la pandemia”. 

Fundamedios y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), ambas instituciones de Ecuador; el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), de Perú; Medianálisis, de Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); identificaron que los periodistas son un grupo expuesto y vulnerable, en tiempos de pandemia, por lo que necesitan espacios para mejorar sus condiciones de salud mental. 

César Ricaurte, Director de La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios saludó a los participantes y les recomendó que aprovechen el Webinar.

La tallerista de esta sesión fue Lu Ortiz:  es especialista en género y violencia digital, emprendedora de medios y activista no violenta y actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva de Vita-Activa.org. Entre las actividades destacadas, la periodista conceptualizó y creó una línea de ayuda para apoyar a periodistas, activistas y defensoras de los derechos humanos, ambientales y de las mujeres que enfrentan violencia de género en línea. La experta también ha encabezado un equipo de emergencia que provee primeros auxilios psicológicos a periodistas y profesionales de medios que cubren desastres naturales y tragedias humanas.

Ortiz, pidió que los participantes mediten sobre la importancia de estar aquí y ahora. Instruyó que los participantes muevan su cuerpo y respiren profundamente, tres veces.   La experta en manejo emocional para periodistas presentó tres ejercicios especiales. El primero trató de apelar a la auto evaluación y análisis. Este, según la experta, fue creado para que los capacitados tengan una herramienta sencilla y simple, pero neutral, para poder conocer cómo está su estado emocional en el momento exacto en el que hacen el ejercicio. Esta actividad se concretó mediante las respuestas a preguntas como: ¿Cómo estoy hoy?, ¿Con quién estoy conectando hoy?, etc. Ortiz, con el objetivo de hacer más dinámico al webinario, pidió que los participantes respondan a las preguntas, abriendo sus micrófonos. 

La periodista resaltó que los comunicadores saben cómo esconder sus emociones, y es por esta razón, que es importante contar con técnicas que permitan conectar a los periodistas con la realidad, y permitirse sentir sin perder sus habilidades y principios profesionales. 

La segunda acción liderada por la experta se centró en una actividad escrita sobre la restauración de la salud mental. Contó que esta actividad nace en el marco de “Las vidas negras importan” en donde se trata el concepto de justicia restaurativa que implica un proceso por el cual se logra abordar de manera clara y directa, aquellos errores, agresiones, violencias que nos dañan y nos impiden avanzar.  Las preguntas a las que se dieron respuestas fueron: ¿Qué me lastima?, ¿Qué necesito para estar bien?, ¿De quién es la obligación?, ¿Qué puede ayudarte a perdonar?

Lu Ortiz, acotó que está saturada del concepto resiliencia y dijo que prefiere hablar de la resistencia que significa “no solamente la vida me puede poner en circunstancias que yo no controlo, pero además tengo la posibilidad de seguir siendo yo mismo a pesar de todas esas circunstancias” y “Resistencia es existencia”. Aquí, César Ricaurte también intervino y mencionó que “ la vida siempre está en constante cambio” por lo que  “uno siempre es una mutación”. 

Para cerrar el taller, Lu Ortiz dejó una actividad adicional para responder a la pregunta: ¿Qué te funciona?. Aquí enfatizó: “tente compasión y tente misericordia y a partir de ahí, haz tu plan del año”. El estrés es una condición crónica de la vida, pero lo que se puede cambiar es la reacción que tenemos hacia él, dijo la periodista experta en manejo emocional. 

En el siguiente taller, planificado para el próximo jueves 13 de enero de 2022 está a cargo de la Ph.D. Claudia Torres Montesinos, se abordará la Prevención de Ansiedad en Periodistas. 

Fundamedios recuerda que el cuidado de la salud mental es clave para los periodistas.      

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Mire el video del foro, aquí

Jueves, 6 de enero de 2022. Por el Día del Periodista ecuatoriano, Fundamedios organizó un foro titulado “Análisis: Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de Diario El Universo”, para  dar seguimiento y resaltar la importancia de la resolución que declara la responsabilidad internacional del Ecuador por implementar medidas judiciales desproporcionadas en contra de uno de los más importantes medios de comunicación del país. 

La mecánica del foro inició con un breve recordatorio sobre los hitos del caso a cargo de César Ricaurte, director de Fundamedios, quien también moderó el evento. Luego se dio paso a las reflexiones sobre la importancia de la sentencia: César Pérez, Subdirector de Diario El Universo; Jeaninne Cruz, Presidenta del Consejo de Comunicación y  Edison Lanza, ExRelator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), analizaron el caso. 

El subdirector del Diario El Universo, César Pérez, hizo un recuento de los hechos. Recordó que durante el proceso nacional e internacional, su línea de defensa ante la justicia siempre se basó en la violación a Derechos Humanos. El Ecuador, en las diferentes instancias por las que pasó el caso, estuvo alertado de que estaba atentando contra derechos fundamentales, dijo Pérez. 

También contó que Rafael Correa escaló a nivel regional y lideró una persecución contra la CIDH. Aquí, el ex Mandatario se opuso especialmente a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, con la intención de debilitarla  justo cuando se estaba conociendo el Caso El Universo. “Yo creo que la sentencia de la Corte IDH debe garantizar los Derechos Humanos, y esta lo hace, no me queda la menor duda. Pero así, una sentencia debe disuadir a que futuros funcionarios atenten contra los Derechos Humanos en el Ecuador” resaltó Pérez.  

Jeaninne Cruz, quien también fue víctima de presión a causa de una desproporcionalidad judicial, inició su intervención acotando que lo que le sucedió a Diario El Universo fue el reflejo de lo que muchos otros profesionales sufrieron en la época de Rafael Correa y un sistema de Justicia sin independencia.

Cruz cree relevante que existan espacios donde se pueda discutir la Sentencia de la Corte IDH a favor del Diario y se analice las implicaciones que esta tiene en el trabajo de los periodistas. En un paréntesis, Cruz dijo “Cuando uno decide ser una autoridad… evidentemente nosotros tenemos que tener esa exposición mediática y también tenemos que ser tolerantes al escrutinio público.” La presidenta del Consejo de Comunicación rescató una de las medidas de reparación estipulada en la sentencia sobre la capacitación enfocada a funcionarios públicos del poder judicial en base a estándares internacionales que garantizan los Derechos Humanos. Aquí hizo pública su intención de brindar asistencia técnica, como Consejo, a servidores del Estado. “La prensa seguirá cuestionando al poder… gracias a este riesgo… es que conocemos grandes escándalos de corrupción” , dijo Cruz. 

Edison Lanza, experto en libertad de expresión comentó que esta es una “muy buena sentencia para las víctimas” en manos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El ex Relator, remarcó que, con este tipo de acciones, se evidencia que el sistema regional funciona y que este cumple con la tarea para la que fue creado: subsanar los errores, problemas democráticos e insuficiencias que tengan los países. 

Recordó que a raíz de que este caso escaló a instancias internacionales, Correa orquestó una cruzada regional para destruir a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión por lo que la sentencia tiene un carácter simbólico, sobre la subsistencia de un órgano supranacional. Como jurista y amante de la libertad de expresión, consideró que la sentencia hay que releerla y desmenuzarla para poder interpretar todos los precedentes que pueden pasar a formar parte del marco jurídico Interamericano. 

Lanza centró su intervención en los aspectos jurisprudenciales a rescatar de la sentencia en el Caso El Universo.  En primer lugar: el derecho penal no debe aplicarse para controversias entre libertad de expresión y honor de funcionarios cuanto esté en juego el interés público y debe removerse de la legislación penal los delitos que entren en este marco. 

El segundo aspecto que reconoce la sentencia es el vínculo entre las declaraciones públicas de un alto funcionario público tiene una repercusión en la seguridad y afecta de forma directa en la libertad de expresión y establece la vulneración del artículo 13.1 y 13.2 para la libertad de expresión, lo que implica una innovación pues ya no hace falta que exista una agresión per se, sino que basta con la mera posibilidad de que exista. 

En tercer lugar, también reconoce las garantías procesales y judiciales. Finalmente, el dictamen de la Corte reconoce la afectación al derecho al trabajo. En cuanto a los aspectos que la Corte dejó por fuera, Lanza comenta que no se reconoció la afectación al derecho a la propiedad.

Entre las conclusiones, Pérez resaltó en la necesidad de una activación por parte de la sociedad civil, para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas de no repetición. Por otro lado, Cruz mencionó que es fundamental que la Asamblea Nacional se sintonice con una ley que garantice el trabajo de los periodistas. Lanza hizo un llamado a que el Estado no pierda una nueva oportunidad para rectificar los abusos del pasado y que esta sentencia debe ser socializada. 

El Director de Fundamedios acotó: “¡Nunca más! que un mandatario intente resarcir su pretendido honor mancillado a costa de millones de dólares extraídos a una empresa periodística y sentencias de cárceles contra sus directivos y los periodistas”.

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Ecuador 6 de enero de 2022. La Universidad de Azuay aprobó una reforma del artículo 16 del Reglamento de Elecciones de esta casa de estudios universitarios que dispone que “en todos los procesos eleccionarios, los candidatos no podrán referirse a los aspectos financieros y/o arancelarios de Universidad de Azuay”. Asimismo, se establece que el incumplimiento de esta disposición conlleva la inmediata descalificación de la candidatura y lista por parte del Consejo Electoral. 

Esta decisión generó varias reacciones en redes sociales y advertencias de una censura al delimitar qué aspectos no deben ser abordados en una campaña. La docente de la Universidad del Azuay, Caroline Ávila Nieto dijo a Fundamedios que la aprobación de la reforma de este artículo genera una violación a la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información ya que la Universidad recibe fondos del Estado para becas.

La docente universitaria explicó que la Universidad tiene una página web pero no contiene información detallada de ingresos y gastos. Precisamente, uno de los temas que genera discusiones internas es el cobro de pensiones y aranceles debido a que a partir de 2018 que la Universidad de Azuay aumentó sus pensiones en un 18%, “ha venido perdiendo un promedio de 300 estudiantes por año”, aseguró la docente. 

A criterio de Ávila Nieto en la campaña electoral es el momento de tocar el tema de las pensiones pero las autoridades se negaron a debatir esta situación y reformaron el Artículo 16 para prohibir que se hable de esta situación. 

Fundamedios buscó la versión de la Universidad del Azuay y está a la espera de una respuesta.