Ecuador, 05 de mayo de 2025.- En abril de 2025, Fundamedios documentó un total de 23 agresiones contra la libertad de prensa, lo que representa un incremento del 64% en comparación con marzo, cuando se reportaron 14 casos. Este repunte coincide con la realización de la segunda vuelta electoral en la que los ecuatorianos eligieron nuevo presidente; un contexto que, como ha sido tendencia en procesos electorales anteriores, genera un ambiente de alta tensión y hostilidad hacia la labor periodística.
Con estas cifras, en lo que va del año se han registrado 83 agresiones en apenas los primeros cuatro meses.
En cuanto al perfil de las víctimas, el 74% de los ataques estuvieron dirigidos a periodistas individuales (17 casos), mientras que el 22% afectaron directamente a medios de comunicación (5 casos).
El análisis de los agresores muestra que los actores no estatales fueron los principales responsables, con 18 de los 23 casos registrados (lo que representa el 78% del total). Los actores estatales, en cambio, estuvieron involucrados en 5 agresiones, lo que equivale al 22%.
Las agresiones en abril mostraron un patrón diverso y reflejan un patrón de hostigamiento múltiple. Se documentaron 5 restricciones al acceso a la información (22%), una limitación recurrente en contextos electorales. Cuatro ataques físicos o atentados (17%) y cuatro discursos estigmatizantes (17%) muestran que los periodistas no solo enfrentan obstáculos informativos, sino también violencia directa e intentos de deslegitimación pública.
Si bien abril no llegó al pico registrado en febrero, con 33 agresiones documentadas durante la primera vuelta electoral, el aumento con respecto a marzo muestra que los comicios continúan siendo momentos críticos para la libertad de expresión en Ecuador. Se reitera el uso de patrones como el uso del discurso estigmatizante, la violencia física, los ataques digitales y las restricciones informativas exige una respuesta urgente por parte de las autoridades, así como el fortalecimiento de los mecanismos de protección y garantías para el ejercicio periodístico.
Cobertura electoral: un reto para la libertad de expresión
Al menos tres periodistas mujeres reportaron incidentes durante la jornada de votaciones de segunda vuelta en la que Luisa González y Daniel Noboa, se disputaron la presidencia, el pasado 13 de abril. En todos los casos, las agresiones vinieron por parte de miembros de las Fuerzas Armadas quienes impidieron la grabación o realización de entrevistas dentro de los recintos electorales de diferentes lugares del país, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había emitido oficios claros autorizando el ingreso de la prensa a todos los espacios del proceso, incluidas las juntas receptoras del voto, centros de digitalización, delegaciones provinciales y recintos de mando.
La fotoperiodista Nicole Moscoso, del medio digital GK, acudió a la Unidad Educativa Municipal San Francisco para entrevistar a una persona de la junta electoral en el marco de un reportaje previamente acordado. Aunque al inicio pudo conversar con su fuente, una funcionaria del CNE interrumpió su labor argumentando que necesitaba una autorización expresa para tomar fotografías o entrevistar a miembros de mesa. Incluso, tras explicar sus derechos como periodista, Moscoso fue detenida nuevamente por otra funcionaria, quien alegó que un militar había señalado que no podía realizar su trabajo. Tras varias consultas, se le confirmó finalmente que sí estaba autorizada, y pudo completar su cobertura.
Lucía Clavijo, periodista de Teleamazonas, enfrentó un escenario similar en la Unidad Educativa María Auxiliadora. Cuando se preparaba para un enlace en vivo, un militar le indicó que no podía grabar, desestimando los oficios oficiales del CNE que ella presentó. Aunque logró transmitir en vivo, su intento de ingresar a la junta fue bloqueado por personal militar. Tras el enlace, nuevamente le pidieron abandonar el recinto, a pesar de que la coordinadora del CNE había confirmado su habilitación.
La tercera afectada fue Evelyn Ortiz, de Radio Sonorama, quien junto a su camarógrafo cubría el cierre de urnas en el Liceo Policial. El coordinador del recinto y un militar le exigieron retirarse, a pesar de sus explicaciones sobre el carácter informativo de su trabajo. Incluso, durante una transmisión en vivo, el camarógrafo fue empujado por un militar y el acceso fue negado con el argumento de que solo personal autorizado podía permanecer tras el cierre de las urnas. En nuevos intentos por grabar desde otras mesas, se les reiteró que estaban autorizados, pero aún así se les impidió continuar. (Ver alerta)
Por la noche, al conocer los resultados de las elecciones, en la sede del partido correista en Quito, seguidores de González gritaron consignas como “¡prensa corrupta, fuera!” y “¡prensa mentirosa!” al ver frustradas sus expectativas por los resultados. Los gritos se intensificaron cuando los periodistas se acercaron a la tarima a cubrir las declaraciones de la candidata, quien denunció un supuesto fraude electoral.
Varios periodistas relataron que, si bien no hubo agresiones físicas, sí se sintieron amenazados por el ambiente hostil. Algunos miembros del partido intentaron calmar la situación, pidiendo respeto para la prensa. No obstante, la tensión persistió durante el evento.
Dos días después, Correa reforzó esta narrativa al atacar en redes sociales al periodista Andrés López, descalificándolo por criticar a su movimiento y cuestionar su liderazgo desde Bélgica. El exmandatario respondió con comentarios agresivos y alusiones a la salud mental del comunicador, en un tono similar al que mantuvo durante su gobierno frente a medios y periodistas críticos. (Ver alerta)
La obstrucción al acceso a la información sigue siendo una práctica sistemática
Simpatizantes de actores estatales, hinchas de fútbol, e incluso funcionarios públicos también fueron parte de los agresores contra la prensa este mes obstruyendo la cobertura periodística.
Cuatro periodistas locales de Riobamba, incluidos dos corresponsales de canales nacionales de televisión, denunciaron haber sido agredidos a las 15h30 del domingo 25 de abril de 2025, por empleados municipales y simpatizantes del alcalde John Vinueza mientras cubrían una diligencia judicial en la que se lo vinculó al burgomaestre en un caso de corrupción. Los ataques se dieron en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo. De acuerdo con los testimonios de los reporteros, un grupo de manifestantes, apostados detrás de las vallas metálicas que rodeaban el edificio, les agredieron. Los simpatizantes del alcalde, que portaban altavoces y gritaban consignas a su favor, empujaron a los periodistas, bloquearon sus cámaras e interrumpieron sus transmisiones en vivo.
Los periodistas afectados fueron Danilo Eduardo Villaruel y Darwin Altamirano, de El Diario de Riobamba —este último también corresponsal de RTS—; Roberto Bonifaz, de Radio El Sol; y Galo Bonifaz, corresponsal de TC Televisión. En días anteriores, dos de los cuatro periodistas recibieron amenazas y mensajes intimidatorios por WhatsApp por realizar videos en redes sociales sobre la situación de la ciudad de Riobamba. (Ver alerta)
Por otro lado, el periodista del medio digital JAR TV, Juan Alcívar, fue agredido física y verbalmente por agentes policiales mientras cubría un accidente de tránsito en la parroquia La Unión, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
La mañana del sábado 26 de abril, el periodista se acercó a la escena del accidente que involucró a un bus provincial de Quinindé y a un automóvil particular. Alcívar inició una transmisión en vivo en Facebook. En el video se puede observar cómo el periodista se acerca a la escena – que no estaba acordonada- para grabar el evento. En ese preciso momento, un oficial de Policía que se identificó como Jefe de Operaciones de Quinindé llegó de manera agresiva y le dijo que era “imprudente” grabar dentro del bus. El periodista le explicó que solo estaba haciendo su trabajo. El oficial increpó en tono insultante y violento porqué quería grabar a los muertos. Alcívar aclaró a Fundamedios que hubo un fallecido que estaba tapado con sábanas en el automóvil blanco, y que él no grabó esta escena. El periodista explicó que, al intentar moverse en el lugar del accidente, otro oficial de policía se acercó y lo empujó diciendo que no podía grabar y que se retirara incluso del lugar. Varios oficiales más se acercaron al periodista a decirle que se vaya más lejos. El periodista alegó que no había cintas de seguridad y reiteró que estaba haciendo su trabajo. (Ver alerta)
La tarde del domingo, 20 de abril, miembros de la barra organizada del equipo de fútbol de la primera categoría Técnico Universitario, amenazaron a dos periodistas de Diario La Hora Tungurahua mientras realizaban una transmisión en vivo fuera del estadio Indoamérica Bellavista, en Ambato.
Según el medio de comunicación, un periodista y una camarógrafa —cuyos nombres no se revelan por seguridad— fueron intimidados por varios hinchas mientras cubrían las reacciones de los aficionados tras la derrota del equipo ambateño 1-3 ante el club Cuniburo.
Durante la cobertura, un grupo de hinchas abordó al equipo de prensa de forma hostil y les exigió suspender la grabación. “No grabes”, “Deja de transmitir”, “Conocemos tus redes sociales” y “No queremos que graben nada de lo que vamos a hacer”, fueron algunas de las expresiones utilizadas, según los dos periodistas de La Hora Tungurahua. (Ver alerta)
Por otra parte, el documental “Las últimas horas de los cuatro niños de Guayaquil”, dirigido por Alina Manrique y Allen Panchana, fue retirado de YouTube tras recibir tres denuncias por presunta infracción de derechos de autor. El trabajo narra el caso de cuatro menores asesinados tras ser detenidos por militares en Guayaquil. Las quejas, interpuestas por el videoperiodista Tomás Ortiz, apuntan a breves fragmentos con imágenes de un memorial y el velorio de las víctimas, aunque los realizadores afirman que el material es propio y fue reemplazado tras la primera advertencia. A pesar de ello, YouTube volvió a bajar el video. Panchana cuestionó los reclamos, que coincidieron con la coyuntura electoral, mientras Ortiz defendió su derecho a proteger sus contenidos. El documental sigue circulando en otras plataformas. (Ver alerta)
Los procesos judiciales como hostigamiento
Tres portales están siendo procesados judicialmente por el empresario Pedro Bejarano Alvarado que acusa a Mil Hojas, Plan V y el portal La Fuente – Periodismo de Investigación de publicar información “errónea e inexacta” que afecta su “buen nombre y honor”. Contra el periodista Juan Carlos Calderón, director de Plan V, ya se dictó sentencia sin que siquiera se le haya dado la oportunidad de presentarse a su audiencia de juzgamiento. Calderón no fue notificado legalmente con anterioridad.
Bejarano inició esta acción contra los tres medios por una investigación publicada en 2020, titulada: “El narco le mete mano a los contratos del Estado”, en la que se lo menciona como parte del llamado ‘Cartel Andino’ como presunto implicado en negocios ilegales en Ecuador. En dicha investigación se realizó una consulta al portal de la Fiscalía. Se constató que Bejarano tuvo procesos abiertos por tráfico de drogas. Incluso se verificó que el señor había sido detenido por la Interpol en 2016. Esta información ya había sido previamente publicada en medios peruanos como Expreso o La República.
La denuncia contra los tres medios de comunicación es la misma: una supuesta afectación a la honra y “menoscabo a la imagen”. Bejarano solicita el retiro inmediato de toda la información relacionada con él en los sitios web y otros canales digitales de Mil Hojas, Plan V y el portal La Fuente – Periodismo de Investigación.
Bejarano también exige disculpas públicas por la supuesta información “no contrastada” y que estas disculpas permanezcan publicadas en los portales, redes sociales y demás canales digitales por el mismo tiempo que estuvo disponible la información original.
La sentencia contra Juan Carlos Calderón, director de Plan V, fue emitida en enero de 2025, sin que él haya podido ejercer su legítimo derecho a la defensa en la audiencia de formulación de cargos, pues no fue legalmente notificado.
Fundamedios considera que estas acciones legales contra los tres portales digitales carecen de fundamento jurídico. El uso del habeas data en este contexto resulta inapropiado. No solo no cumple con los requisitos establecidos por la ley, sino que también puede interpretarse como un intento de censura, lo cual está prohibido por la Constitución. (Ver alerta)