FUNDAMEDIOS y la FUNDACIÓN MIL HOJAS presentaron este 16 de mayo el informe sombra sobre el acceso a la información pública en Ecuador. La garantía de ese derecho está vinculado al objetivo 16.10.2, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
En el reporte, que se enviará a Unesco, se observa el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), que data de 2004. Para ello, se desarrollaron cinco ejes de análisis:
- Contexto: Información que se desprende de los informes de gestión de la Defensoría del Pueblo
- Comparativo: Avances/Retrocesos entre los dos últimos períodos
- Cumplimiento del Plan Estratégico que incluye en su objetivo 8 la transparencia
- Estándares Internacionales y Lotaip
- Casos emblemáticos
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determina que la ley debe garantizar el acceso efectivo y más amplio posible a la información pública. En ese contexto, la Lotaip no funciona en los términos establecidos en el estándar internacional.
En Ecuador, el desconocimiento de las autoridades sobre el derecho de acceso a la información es notorio. Además, los mecanismos administrativos, burocráticos y el sometimiento de las solicitudes de acceso a calidad de trámite físico, a pesar de las nuevas tecnologías, es vulneratorio. Se requiere con urgencia regulación expresa y actualizar el marco normativo.
César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, afirmó que la «cultura del ocultamiento y del secretismo» que se impuso durante la década pasada se mantiene. En ese contexto, el periodista Juan Carlos Calderón, presidente de la organización, insistió en que “La primera condición para luchar contra la corrupción es la transparencia, el acceso a la información”; e instó al Gobierno a cumplir la Lotaip. «Sin acceso a información no podemos tomar decisiones. Eso merma la calidad de la democracia», añadió Martha Roldós, directora de MIL HOJAS.
En 2018, la Defensoría del Pueblo creó cinco estrategias para que la Ley se cumpla: 1) un documento que recopila estándares internacionales y contenidos mínimos esenciales respecto de este derecho; 2) se planteó que las solicitudes sean físicas y electrónicas; 3) se incorporó el enfoque de Derechos Humanos, género y diversidades; 4) se ordenó que las entidades del sector público implementen programas de difusión y capacitación del derecho de acceso a la información; 5) se planteó que se cumpla el objetivo 8 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.
Sin embargo, ha resultado insuficiente. El trabajo de los periodistas en Ecuador se ha visto afectado por el ocultamiento de datos. La negativa expresa o tácita de entregar información pública, como queda anotado en este informe, impide el ejercicio de otros derechos, como la participación ciudadana en la toma de decisiones en actos y resoluciones de interés público. También da paso a la corrupción, pues se carece de transparencia.