En 72 horas se conocerá la sentencia del Juez Decimosegundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, Raúl Reinoso, sobre la acción de protección presentada el 5 de septiembre por Fundamedios y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Dicha acción tiene como finalidad «cesar la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de información, a la igualdad y a la participación ciudadana» que produce la política pública dictada el 17 de junio por el Primer Mandatario, prohibiendo a sus ministros dar entrevistas a ciertos medios privados calificados de «mercantilistas».
Para los accionantes, la decisión discrimina a los medios de comunicación privados que se encuentran en circunstancias idénticas a los públicos y a los comunitarios, constituyéndose así una política pública que violenta libertades fundamentales de las personas. Durante la audiencia,Santiago Guarderas -decano de la Facultad de Derecho de la PUCE- argumentó que la prohibición del ejecutivo representa una política pública que vulnera el derecho de los ciudadanos a buscar y recibir información, al privarlos de su facultad a estar plenamente informados a través de los medios de comunicación de su preferencia.
Guarderas señaló- durante la audiencia que tuvo lugar hoy- que la Constitución reconoce en su artículo 18 el derecho a «buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información». Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso Tristán Donoso vs. Panamá, las personas tienen derecho a recibir información sobre «asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes». Una fuente fundamental para acceder a esta información son las entrevistas a los ministros y otros altos funcionarios públicos.
Así también, manifestó que «sin libertad de información la ciudadanía no tiene la posibilidad real de participación política, en especial en el control social de la gestión de los funcionarios públicos. El pluralismo de la información es la única manera de que la información, que llegue a la ciudadanía, se acerque a un ideal de veracidad. Privar a los medios de comunicación privados de la posibilidad de verificar y contextualizar la información mediante la entrevista a funcionarios públicos, no solo constituye una violación de la libertad de expresión de dichos medios y sus periodistas, sino que constituye una violación a la faceta social de la libertad de expresión».
Por su parte, para el Subsecretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República, Vicente Peralta, la denuncia se sustenta en «falacias» ya que no es obligación que los ministros acepten invitaciones a los medios y, según dijo, los ministros sí han concedido entrevistas en algunos medios privados como RTS o la cadena internacional CNN.