Ecuador, 19 de agosto de 2020.- La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha notificó el 18 de agosto a radio Pichincha Universal que la acción de protección presentada por el medio de comunicación en contra de la Agencia de Regulación y Control y de las Comunicaciones (Arcotel) que dispuso la extinción de su título habilitante fue revocada.
En un documento de 31 páginas se establece que se aceptan los recursos de apelación interpuestos por Jorge Carrión Pazmiño, en representación de la Arcotel; y de Iñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado. Con base en ello, se revoca la sentencia dictada por el juez Mario Cadena Escobar, “por no existir vulneración de los derechos alegados”.
El relator especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, tuiteó que hace 10 meses desde dicho organismo se indicó que la suspensión preventiva de un medio de comunicación es desproporcionada. “Sin debido proceso que pruebe promoción de violencia. Sería poco razonable no esperar decisión/fondo», enfatizó.
Tribunal en #Ecuador parece habilitar suspensión preventiva de radio @pichinchauniver. Hace 10 meses @RELE_CIDH indicamos que suspensión preventiva de un medio es desproporcionada, sin debido proceso que pruebe promoción de violencia.Sería poco razonable no esperar decisión/fondo https://t.co/Vy4OKfIcH5
— Edison Lanza (@EdisonLanza) August 19, 2020
En marzo pasado, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación emitió dos informes técnicos de contenidos que motivaron una serie de sanciones y finalmente el retiro del título habilitante a Radio Pichincha Universal por parte de la Arcotel. Las medidas se tomaron tras la transmisión del programa En la Oreja, el 3 de octubre de 2019, en el marco del paro nacional en contra de las medidas económicas del Gobierno.
Según la institución, las frases y opiniones instaron a la protesta, la paralización del transporte público y la toma de las calles; el programa radial aprobó las acciones de los manifestantes; el medio de comunicación no intervino como mediador ni motivó un diálogo ciudadano respetuoso y responsable; y se emitió en una franja horaria de protección a niñas, niños y adolescentes.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, durante una rueda de prensa aseguró el 19 de agosto que interpondrán ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección con el objetivo de que se garantice el derecho a la libertad de expresión y el debido proceso.
El 12 de marzo, Fundamedios publicó un especial que expone que las interpretaciones del informe que sancionó a la emisora son subjetivas y arbitrarias. Frank La Rue, exrelator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y director de Derechos Humanos e Incidencia de la organización, recalcó que la cobertura y el despliegue informativo en torno a las protestas forman parte del derecho a la libertad de expresión. Si un ciudadano usó la radio como canal, a través de una llamada al aire o en vivo, es legítimo. “No se puede intervenir ni silenciar a la radio por eso; a quienes están en el poder, normalmente esto les disgusta pues las movilizaciones suelen ser en su contra”.