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Agosto: un periodista asesinado, tres amenazados de muerte y uno desaparecido

por | Sep 2, 2022 | Actividades, Informes

En agosto de 2022 se produjeron 20 agresiones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, que afectaron el derecho de libertad de expresión, prensa y acceso a la información en Ecuador. Entre 2007 y agosto de 2022, Fundamedios ha contabilizado un total de 3331 agresiones contra la prensa.

Las 20 ocurridas en agosto significan un aumento de agresiones con respecto a las registradas en julio (15). Además, en este mes un periodista fue asesinato, tres fueron amenazados de muerte y otro está desaparecido. Los servidores públicos y autoridades también protagonizaron agresiones.

Las cifras de agosto

En total, 14 periodistas fueron agredidos, cuatro medios de comunicación, una organización de la sociedad civil y una activista. El Estado fue el principal agresor, en 8 ocasiones; seguido de actores “desconocidos”, con siete agresiones; y actores no estatales, con cinco casos.

Asimismo, se registraron cinco Amenazas; tres Procesos Judiciales; dos Agresiones Verbales; dos Agresiones Físicas; dos casos de Censura; un caso de Restricciones en el Espacio Digital; un Atentado; un caso de restricción de Acceso a la Información; un caso de Discurso Estigmatizante; una Desaparición y otro Asesinato. 

El análisis geográfico reflejó que en Pichincha se produjeron 9 agresiones contra la prensa, tres en Guayas, dos en Los Ríos, y las demás en Loja, Azuay, Chimborazo, Morona Santiago y Manabí.

 

Principales tendencias de agosto

La muerte de Gerardo Delgado enlutó al periodismo, hay un desaparecido

El 10 de agosto el periodista Gerardo Delgado Olmedo, del medio digital Ola Manta Tv, fue asesinado con varios disparos, en el sector de La Paola, en la vía Manta-Montecristi, mientras se dirigía a realizar una cobertura. Su hija, que también viajaba con él, resultó ilesa. Delgado era precandidato a concejal de Manta.

Según los primeros reportes policiales, a Delgado le dispararon dos veces desde la ventana izquierda y siete desde la derecha y fue sorprendido a tiros dentro de su vehículo cuando estaba frenado en el semáforo del sector. La Policía de Ecuador confirmó ese mismo día la captura de dos personas (Germy Jesús Villegas Zambrano y Juan Carlos Espinoza León) que participaron en el asesinato del periodista, cuya velación se convirtió en un evento multitudinario en Manta, que reunió a unas 15 mil personas con una sola consigna: exigir justicia y que pare la inseguridad. El crimen está siendo investigado y la información se mantiene bajo reserva. 

Dos días antes, el auto del periodista Fernando León, director del semanario El Pueblo, de Gualaceo, fue hallado en el fondo de un barranco, pero su cuerpo no fue encontrado. El reportero realizaba una cobertura fotográfica del mal estado de la vía que conecta las provincias ecuatorianas de Azuay y Morona Santiago.

En total, 10 bomberos y el Grupo de Operaciones de Emergencia de la Policía (GOE) realizaron un barrido del sitio: dentro del vehículo se encontraron unos choclos, un zapato deportivo y el celular del periodista. Además, se determinó que el switch del vehículo estaba apagado y el cinturón de seguridad estaba como si no lo hubiese usado. Hasta la elaboración de este informe las autoridades no han tenido éxito en la investigación. 

Tres amenazas de muerte contra periodistas y otra contra una activista

Periodistas y activistas han recibido amenazas a través de mensajes en el celular y a través de envíos físicos hasta la puerta de sus casas. Una periodista de Los Ríos —cuyo nombre está protegido— recibió una llamada telefónica a través de la cual le profirieron insultos, como ‘hija de puta’, y le advirtieron que “se cuide”. 

La periodista confesó que teme por su seguridad y la de sus hijos y solicitó no publicar la historia completa por temor a represalias. 

El periodista lojano Rusbelt Cango, de la página Nico Live, recibió una amenaza de muerte de un sujeto desconocido que se contactó vía llamada de WhatsApp. El interlocutor se identificó como “Macías” y le dijo que le llamaba para poder resolver un problema: “Dime si directamente tengo que autorizar a mis muchachos que te maten, brother. Háblame claro”.

En Durán, el periodista Charly Castillo, del medio digital El Ferrodiario, recibió un paquete en la puerta de su domicilio que contenía sangre con coágulos, dentro de unas fundas plásticas. A través de redes sociales el periodista alertó: “Hace pocos minutos, en los exteriores de mi domicilio, en Durán, han dejado dos fundas de sangre. Podría ser sangre de animal, pero no estoy seguro”.

El periodista contó que se preparaba para salir cuando se percató que al pie de su puerta había un paquete. Inicialmente, pensó que era algún líquido cualquiera, pero cuando alzó la funda miró que era un líquido espeso, rojo y con unos coágulos con mal olor: “No pude superar el estado de shock en el que entré”.

Las agresiones también se han dado contra activistas. La abogada Lina María Espinosa, defensora de Derechos Humanos, denunció que ha recibido amenazas de muerte relacionadas con su trabajo. Espinosa recibió llamadas telefónicas en las que la amenazaron de muerte y se realizaron en el contexto del acompañamiento jurídico que realizaba con las comunidades indígenas antes, durante y después del paro nacional de junio de 2022.

Periodistas fueron perseguidos judicialmente por el poder

Autoridades locales, asambleístas y funcionarios de rango medio utilizaron la justicia para perseguir a periodistas y medios de comunicación.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, escaló en su persecución contra el diario Expreso y presentó una denuncia acusándolo de calumnias. El rotativo fue comunicado sobre una diligencia preprocesal solicitada por la abogada Delia María Calderón Rendón —apoderada de Viteri—. Ella asegura que en la investigación ‘El próspero círculo que rodea a Cynthia Viteri’ se realizan calumnias en contra de la autoridad; solicita a Expreso una copia certificada del artículo periodístico y que se haga conocer la identidad del responsable de publicación.

La asambleísta por el correísmo Esther Cuesta presentó una acción ante la Defensoría del Pueblo contra el periodista Roberto Aguilar, del mismo medio de comunicación. Aseguró que él la tildó de ‘loca’ al titular el texto como: ‘Esther Cuesta vive en un delirio ucraniano’. Según la legisladora, históricamente una forma de violentar a las mujeres es catalogarlas con alguna alteración mental. Aguilar explicó a Fundamedios que tomó en cuenta una sesión en la Asamblea, donde la legisladora introdujo un cambio del orden del día y se planteó llevar a juicio político al Canciller por incumplimiento de funciones. “A mí me pareció un delirio y así lo escribí”, comenta Aguilar.

Por otro lado, el expresidente de la Federación Deportiva de Chimborazo Vinicio Chávez García, actual director del Patronato Provincial de la Prefectura de esa provincia, presentó una denuncia en contra del periodista Danilo Villarroel, representante del medio El Diario de Riobamba Digital, a quien le acusó de daño moral. 

Según el denunciante, la publicación que el medio digital tituló ‘Se pondrá fin a un periodo administrativo nefasto y politizado en el ejercicio de funciones’ le ha causado un daño moral y a su honor, al proferir dichas expresiones en su contra. “Han mermado mi derecho que tengo al buen nombre y honor”, aseguró.

Funcionarios públicos arremetieron contra la prensa

Las agresiones contra la prensa se han presentado con especial fuerza en la Asamblea Nacional, pero también desde la Justicia. 

La periodista de diario Extra Daniela Moina fue agredida verbalmente por el asesor legislativo Floresmilo Simbaña. La reacción del servidor público se dió luego de que la periodista realizara ciertas preguntas durante una rueda de prensa del legislador de Pachakutik Fernando Cabascango, para quien trabaja Simbaña.  

Durante la rueda de prensa, la periodista de Extra preguntó al legislador y a comuneros sobre varios temas. Cabascango evadió las preguntas y, al finalizar la rueda de prensa, uno de sus asesores se acercó de manera abrupta y le reclamó a gritos delante de otros periodistas: “Aprendan a hacer bien su periodismo”, le gritó el asesor a la periodista.

El asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, calificó a un grupo de medios de comunicación, sin referirse a ninguno en específico, como “estercoleros mediáticos”. Aclaró que utiliza este término para referirse a los medios de comunicación “ideológicamente y económicamente sostenidos por el correísmo”. 

Desde el correísmo, la legisladora Paola Cabezas ignoró las preguntas de la periodista Silrat Traslaviña, de Majestad Radio, durante una entrevista en vivo, en la cual estaban abordando el juicio político a tres vocales del Consejo de la Judicatura. Traslaviña le preguntó a la legisladora si existe dentro del correísmo un interés de captar esos puestos de la Judicatura con jueces afines para beneficiarse en procesos que involucran a funcionarios del expresidente Rafael Correa. La legisladora invisibilizó a la comunicadora, un tipo de “violencia pasiva”. 

Desde la Justicia también se dieron agresiones. Los periodistas que están dando seguimiento al caso de presunto lavado de activos que involucra al ciudadano Leandro Norero y sus hermanos no pudieron acceder a una audiencia de vinculación de otros involucrados dentro del caso.

El juez Ronald Guerrero restringió el acceso a la audiencia de vinculación de cinco personas más: “Ordenó sacar a medios y ciudadanos que estaban en la sala de Zoom”. Manifestó que su decisión de sacar a ciudadanos y a la prensa de la sala de zoom se dio debido al «alto riesgo y seguridad que demanda el caso».

Los funcionarios públicos de rango medio también agredieron a los medios. El gerente general de Radio Pichincha, Orlando Pérez, insultó al diario La Hora y lo calificó cómo «prensa sicaria», dado que el medio publicó en su portada un titular que señalaba que ‘El correísmo podría quedarse con la justicia’. Esto, en referencia al juicio político contra el Consejo de La Judicatura, impulsado por el bloque correísta en la Asamblea.

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