Un hilo de Twitter publicado por la periodista María Sol Borja, editora política de GK, en el que recopiló al menos ocho agresiones contra ella en diferentes fechas en esa red social, tanto por su profesión como por sus relaciones familiares y de amistad, generó este 4 de mayo numerosas reacciones de solidaridad y demandas para que se produzcan cambios.
La constitucionalista y asesora parlamentaria Ximena Ron Erráez, por ejemplo, expresó que los insultos, críticas y cuestionamientos dirigidos hacia las mujeres que incursionan en el sector público no son más que intentos de «disciplinamiento» por parte de la sociedad patriarcal para restringir el acceso de las mujeres al ámbito privado.
“¡Estoy espeluznado! Mi sincera solidaridad y respaldo absoluto al trabajo honesto y profesional que hace María Sol Borja. Me siento afortunado de compartir espacio con una periodista de su talla. ¡Basta de estas prácticas asquerosas que denigran a la mujer!”, señaló el periodista Fabricio Vela.
No es la primera vez que Borja denuncia este tipo de agresiones, incluso con expresiones misóginas en su contra, tal como constan en alertas publicadas por Fundamedios el 3 de junio de 2022 , por criticar una actitud del expresidente Rafael Correa, y el 19 de enero de 2021, por replicar una verificación de discurso público que desmintió la versión dada por el entonces candidato presidencial correísta Andrés Arauz.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo pasado, Fundamedios informó que desde enero de 2022 hasta esa fecha se habían registrado 90 agresiones contra periodistas mujeres debido a su género. Durante los 18 días del paro nacional de 2022, por ejemplo, se reportaron 42 alertas.
Los principales casos de este tipo de agresiones incluyeron discursos estigmatizantes, publicación de contenidos sexistas, y desprestigio y descrédito del trabajo de las periodistas, llegando incluso a sugerir que deberían estar en la cocina o cuidando a sus hijos.
Entre las periodistas más afectadas durante 2022 se encuentra Dayana Monroy, reportera de la cadena televisiva Teleamazonas, quien fue perseguida por el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo, Jacobo Bucaram. En febrero de 2021, Bucarám impulsó una acción penal contra la periodista acusándola de una figura establecida en el artículo 229 del Código Orgánico Integral Penal (Revelación ilegal de base de datos), que sanciona con una pena de uno a tres años de prisión.
Otra periodista que ha sido víctima de numerosas agresiones durante más de 7 años es Carla Maldonado. En 2016, por ejemplo, denunció que después de publicar en Twitter que los trabajadores de la salud eran obligados a asistir a un encuentro con el entonces candidato presidencial correísta, Lenín Moreno, recibió un mensaje amenazante a través de la misma red social del usuario identificado como «Wilymen ros» (@SteebyRosero): «@CarlaMaldonadoP Hasta acabarlos a todos, incluyéndote».
Contexto nacional
Dos especialistas consultadas por Fundamedios sobre esta temática de violencia de género, señalaron que este tipo de expresiones reflejan, lamentablemente, el grado de normalización de la violencia contra las mujeres, especialmente cuando desempeñan roles en la política y el periodismo. Explicaron que uno de los efectos más nocivos y visibles de este fenómeno, con profundas raíces históricas y sociales, es, precisamente, desincentivar a las mujeres a participar en estos dos ámbitos públicos.
La socióloga y catedrática universitaria Natalia Sierra comentó que estos ataques se explican por una cultura de dominación machista que predomina en el país, y que se refleja, no sólo en la política, sino en casi todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana, multiplicando la desigualdad a la que históricamente se ha sometido a las mujeres.
“En el periodismo pasa lo mismo que en la política. Todas las profesiones han estado manejadas, históricamente, por los hombres, porque las mujeres estaban dedicadas a quehaceres que se consideraban no profesionales, y unos pocos profesionales que estaban ligadas al cuidado y a la reproducción de la vida”, sostuvo Sierra.
Cuando las mujeres entran en este tipo de espacios públicos, deben enfrentar el hecho de que los propios espacios están configurados en una lógica de competencia masculina, más allá de las personas», acotó. Luego señaló que las mujeres enfrentan una dificultad adicional en el periodismo, una profesión que en los tiempos actuales se enfrenta a uno de sus desafíos más complejos: informar sobre la incidencia de la violencia en la sociedad.
La vicepresidenta del colegio de abogados de Pichincha y activista contra la violencia de género, Anabella Guerrero, sostuvo que los ataques misóginos en contra las mujeres en la política, en el periodismo y en otros ámbitos públicos tienen el objetivo de callarlas.
Recordó que, en su experiencia de defensa a mujeres víctimas de violencia, ha verificado numerosos casos de violencia política en contra de mujeres a quienes se les ha limitado su participación en el interior de juntas parroquiales y concejos municipales.
“El mensaje es que no se metan, que renuncien, que salgan de ahí y es una situación que vivimos las mujeres y por eso el movimiento de mujeres llevamos un trabajo fuerte para perseguir estos actos y que sean sancionados”, acotó.
Frente a esta compleja problemática la activista recomendó “empezar por no callar” y, sobre todo, acudir a organizaciones de defensa de mujeres que pueden ayudar a canalizar las denuncias para exigir respuestas, por ejemplo, ante las juntas de protección de mujeres, que deben funcionar en los cantones o ante el Tribunal Contenciosos Electoral en caso de violencia política.
Este último organismo, confirmó a Fundamedios que entre 2020 y 2022 ha recibido 18 denuncias cuyos resultados les presentamos a continuación:
– 1 aceptada
– 1 aceptada y posteriormente revocada
– 1 pendiente de resolución
– 3 aceptadas con imposición de sanciones
– 6 archivadas
– 6 rechazadas
Según una investigación realizada por la Corporación Participación Ciudadana, la violencia política contra las mujeres aumenta durante períodos de elecciones de autoridades y son más visibles en plataformas de redes sociales.
Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2022, el organismo registra 10.425 tutis con 829 expresiones con contenido discriminatorio y 1.689 frases catalogadas como violencia política contra las mujeres.
Para esta investigación Participación Ciudadana monitoreó las cuentas en medios sociales de 36 mujeres funcionarias, políticas e integrantes de la sociedad civil con representatividad política.
“La violencia política constituye uno de los elementos más graves que desincentiva la participación política de las mujeres. Para combatir esta práctica es necesario visibilizarla”, concluye este informe.
Una de estas denuncias la presentó la excandidata a la Alcaldía de Quito Jéssica Jaramillo, en contra del también excandidato a concejal, Alejandro Rodas Coloma. El organismo impuso una sanción económica de $8.925 y la suspensión de sus derechos políticos por 2 años por expresiones misóginas publicadas por Rodas en contra de Jaramillo en redes sociales.
Según un informe de El Universo, la Fiscalía ha iniciado 456 procesos por femicidio desde enero de 2021 hasta el mismo mes del 2023. De estos, el 52,9% se encuentran en la etapa de investigación previa (241) y el 14% han recibido un dictamen acusatorio a la espera de lo que finalmente se resuelva (64). Solo el 11,4% de los 456 casos de femicidio entre 2021 y 2023 han concluido con una sentencia condenatoria, lo que representa un total de 52 casos.