Hace exactamente un año, el pasado 21 de mayo de 2012 Ecuador se sometió al Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza. En este segundo examen, se recibieron 134 observaciones, de las cuales 24 estuvieron directamente relacionadas con el derecho a la libertad de expresión; 18 Estados mostraron su preocupación por la situación de esta libertad fundamental en nuestro país.
En la sesión de adopción del informe, que tuvo lugar el pasado 19 de septiembre de 2012, Ecuador rechazó 3 de las 24 recomendaciones mencionadas. Una realizada por Suiza sobre «reformar la legislación relacionada con la libertad de expresión según una visión de adecuarla a los estándares internacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos». Dos fueron formuladas por Estados Unidos respecto a «eliminar las leyes criminalicen la opinión» y «aceptar las solicitudes de visita de los relatores especiales de libertad de expresión de la OEA y ONU». Las recomendaciones fueron rechazadas por el Embajador Luis Gallegos quien señaló que «no pueden derogarse leyes inexistentes» y que «nunca ha sido negado ningún requerimiento de visita de relatores de la OEA o de la ONU».
A pesar de la aceptación de la gran mayoría de observaciones por estar «implementándose o en vías de implementación», Fundamedios mira con preocupación que dichos avances en la práctica no se evidencian. Por el contrario, estos problemas se han agravado, lo que se evidencia en un aumento sustancial de las agresiones contra periodistas, juicios hacia ciudadanos por haber ejercido su derecho constitucional a la protesta, incremento de discurso hostil contra la prensa por parte de funcionarios públicos, entre otros hechos.
Fundamedios solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos información sobre el avance de la aplicación de las recomendaciones recibidas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De la documentación recibida se desprende la inexistencia de acciones por parte del Estado que permitan mejorar la situación de las libertades de expresión y de prensa, aunque se reconocen avances en otros campos como en la protección de los derechos de las personas con capacidades diferentes. (Puede acceder al documento completo entregado a Fundamedios por el Ministerio de Justicia: Aquí.
De acuerdo al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, solo dos recomendaciones relativas a libertad de expresión, asociación y protesta social han sido cumplidas y son aquellas formuladas por Perú y Canadá, a saber:
1. Proseguir los esfuerzos para garantizar a todos los ecuatorianos el derecho a la comunicación libre, intercultural, diversa y participativa en todos los entornos y medios de comunicación, y el derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información fidedigna, verificada, oportuna, contextualizada y plural (Perú);
Al respecto, el MJDHC indicó que «Por primera vez en la historia del Ecuador ha existido acceso plural y diverso a los medios de comunicación. El Ecuador brinda acceso al espectro electromagnético a medios privados, comunitarios y públicos, de esta manera, el Estado está marcando una política que respeta la libertad de expresión y garantiza el derecho a la comunicación y la información» .
2. Velar porque los activistas comunitarios y los dirigentes indígenas puedan ejercer su derecho de reunión y protesta pacífica y que la legislación antiterrorista no se utilice inadecuadamente para censurar esas actividades (Canadá);
Al respecto, el Ministerio de Justicia informó que «No puede asimilarse las acusaciones por terrorismo bajo la legislación ecuatoriana frente a la noción internacional, en especial a los criterios que sobre terrorismo maneja la UNODC, puesto que tienen nociones y consideraciones de aplicabilidad distintas en virtud del momento histórico en el cual dicho delito fue tipificado en el Ecuador. En este sentido, se evidencia que los términos que maneja el Código Penal ecuatoriano no guardan relación con la concepción internacional del terrorismo. Por otro lado, frente a los casos de las personas que se presentan en protestas sociales que resultan con la destrucción de bienes y servicios públicos y su actuación incurre en acciones delictivas, la Policía Nacional aplica el Acuerdo Ministerial No. 1699 del Ministerio del Interior de fecha 18 de agosto de 2010 en el cual se ha reglamentado e institucionalizado el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza».
A pesar de que el propio Ministerio publicó en diciembre de 2012 un libro compilatorio del EPU, en el que indicaba que entre las recomendaciones adquiridas por el Ecuador en materia de libertad de expresión se encontraban varias referentes a revisión y reforma de normativa y su adecuación a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, protección a periodistas, respeto a la protesta pública, entre otros, el Ministerio no hizo referencia alguna a éstas.
Fundamedios exhorta al Estado ecuatoriano a dar seguimiento a los compromisos adquiridos durante su segundo Examen Periódico Universal con el objetivo de promover y garantizar las libertades de expresión y de prensa, pilares fundamentales para el desarrollo de una democracia plena.
A continuación se puede encontrar el listado de las 24 observaciones que en materia de Libertad de Expresión 18 países: Aquí
One year after the Universal Periodic Review there is no progress on matters of freedom of expression
Exactly one year ago, on 21 May 2012, Ecuador submitted to the Universal Periodic Review (UPR) before the Human Rights Council of the UN, in Geneva, Switzerland.As a result of this second review 134 observations were received, 24 of them directly related to the right to freedom of expression; 18 States expressed their concern about the situation of this fundamental freedom in our country.
In the session for the adoption of the report, which took place on 19 September 2012, Ecuador rejected 3 of the 24 recommendations.One made by Switzerland about «Reforming legislation regarding freedom of expression with a view to bringing it in conformity with international standards and those of the Inter-American Commission on Human Rights”.Two made by the United States regarding «eliminating laws that criminalize opinion» and «accepting visit requests from the OAS and the UN special rapporteurs on freedom of expression”.The recommendations were rejected by Ambassador Luis Gallegos who noted that «we cannot eliminate inexistent laws» and that «no requests from Special Rapporteurs have been denied, both from the UN and the OAS».
Despite the acceptance of the vast majority of observations because they are “being implemented or under implementation”, Fundamedios is concerned that in practice these advances are not evident.On the contrary, these problems have worsened, as evidenced by a substantial increase in aggressions against journalists, lawsuits filed against citizens for exercising their constitutional right to protest, an increase in the hostile discourse against the press by public officials, among other things.
Fundamedios requested information from the Ministry of Justice and Human Rights on the progress of the implementation of the recommendations received in the UN’s Human Rights Council.The documentation received shows the lack of action by the State to improve the situation of the freedoms of speech and the press, while recognizing advances in other fields such as the protection of the rights of people with different abilities.(You can access the complete document delivered to Fundamedios by the Ministry of Justice: here)
According to the Ministry of Justice, Human Rights and Freedom of Religion, only two recommendations regarding the freedom of expression, association and social protest have been met and they are those made by Peru and Canada:
1. Continue making efforts to guarantee all Ecuadorians the right to free intercultural, diverse and participative communication in all environments and media and the right to search, receive, exchange produce and circulate truthful, verified, timely, contextualized and plural information (Perú);
In regard to this the MJDHCstated that “For the first time in Ecuador plural and diverse access to the media exists.Ecuador provides access to the electromagnetic spectrum to private, community based and public media. In this way the State is setting a policy that respects freedom of expression and guarantees the right to communication and information”.
2. Ensure that community activists and indigenous leaders to exercise their right of assembly and peaceful protest and anti-terrorist legislation is misused to censor these activities (Canada);
In this regard, the Ministry of Justice reported that «Accusations for terrorism under Ecuadorian law cannot be comprehended under the international notion, especially the criteria on terrorism handled by UNODC, since they have different notions and considerations of applicability by virtue of the different historical moment in which the offense was typified in Ecuador.
In this sense, it appears that the terms applied by the Ecuadorian Criminal Code are unrelated to the international concept of terrorism.On the other hand, in the case of those who participate in social protests resulting in the destruction of public property and services and when their performance incurs in criminal actions, the National Police applies Ministerial Agreement No.1699 of the Ministry of the Interior dated 18 August 2010 which regulates and has institutionalized the Progressive and Differential Use of Force».
Although the Ministry itself published in December 2012 a compilation of the UPR, in which it indicated that among the recommendations acquired by Ecuador on matters of freedom of expression were several concerning policy review and reform and its adjustment to international standards on freedom of expression, the protection of journalists, respect for public protest, among others, the Ministry made no reference to them.
Fundamedios urges the Ecuadorian State to follow up on the commitments made during its second Universal Periodic Review in order to promote and guarantee the freedoms of speech and the press, fundamental pillars for the development of a full democracy.