Ecuador, 7 de abril de 2022. La audiencia de juzgamiento contra Andrés Durán y Adrián Acosta, trabajadores de la radio de la Prefectura de Pichincha y conductores del programa ‘Bajo el Ocaso’, fue declarada fallida, debido a la ausencia de la parte acusadora o de su equipo legal.
Durante la audiencia, un grupo de ciudadanos estuvieron afuera del Complejo Judicial Norte, en Quito, con pancartas alusivas a la libertad de expresión, para expresar su apoyo a los trabajadores de Radio Pichincha, que pueden ser sentenciados a prisión de 15 a 30 días. Ahora, la jueza deberá fijar fecha y hora para la nueva audiencia de juzgamiento.
Los conductores fueron denunciados por la agente civil de tránsito de Quito Cecilia Vivanco Llumiquinga, quien los acusó de haber lanzado expresiones de descrédito y deshonra en su contra. El 18 de enero, el programa ‘Bajo el Ocaso’ utilizó como tema principal de análisis la designación de la agente como Directora General de la Agencia Metropolitana de Tránsito y titularon al programa: ‘Insólito: una chapita de tránsito dirige la AMT’.
Señalaron que han dejado de directora general de la AMT a una «chapita de tránsito», junto a la frase “chocholos al poder”. Los funcionarios cuestionaron en su programa que haya estudiado cuatro meses para llegar a ese cargo en la AMT e hicieron una analogía: es como si a un policía o a un cabo le pusieran de Ministro de Defensa, o que a alguien de tropa le pusieran como una máxima autoridad. Hicieron en hincapié que la funcionaria no tiene preparación para un cargo directivo y que es la primera vez que un agente de tránsito ocupa la Dirección de esta institución.
En la denuncia, presentada ante la Unidad Judicial de Contravenciones de Quito, la agente metropolitana sostiene que los conductores se burlaron de sus estudios, de su designación temporal, que la discriminaron por su apellido y su etnia, tildándola de “chapita de tránsito”. Vivanco aseguró que la actitud “grosera y amenazante” de los conductores del programa atentó contra su dignidad y su honra.
Un llamado de atención a la Radio de la Prefectura
Desde Fundamedios nos ratificamos: si bien condenamos el uso del derecho penal para castigar una expresión, por estar reñido con los estándares internacionales, la libertad de expresión no puede amparar contenidos claramente discriminatorios, como sucede en este caso. Burlarse de una persona, funcionario o no, por sus rasgos físicos o raciales, condición socio-económica, rango, actividad o profesión es una práctica condenable éticamente y constituye un discurso discriminatorio inaceptable.
En este caso, hay un agravante, pues las expresiones fueron emitidas por los funcionarios durante un programa que se financia con recursos públicos. Claramente, los empleados de un medio estatal han transgredido los límites al calificar a una agente metropolitana como “chapita”, cuestionando que por su condición no podría aspirar a un cargo jerárquico.
No obstante, consideramos que la posibilidad de que los denunciados vayan a la cárcel por esas expresiones tampoco es viable, pues afectaría la calidad de la libertad de expresión.