Actualización: Audiencia de juzgamiento contra periodista en Napo se aplaza

Actualización: Audiencia de juzgamiento contra periodista en Napo se aplaza



Ecuador, 1 de octubre. El juez de la Unidad Judicial Penal y Contravenciones del cantón Tena, Cristian Pala Cárdenas, suspendió la audiencia de juzgamiento en contra del periodista Juan Sarmiento y se reanudará el próximo lunes 5 de octubre de 2020, a las 14h10.

El gobernador de Napo, Patricio Espíndola Lara, presentó una querella el 30 de julio por daño moral, daño a la dignidad del hombre y daño emocional en contra del comunicador del programa Tendencia Digital.

En este espacio se alertó sobre la ineficiencia en la respuesta a la crisis sanitaria por el número real de contagiados y la gestión para dotar de capacidad de respuesta al sistema de salud en la provincia. Asimismo, el periodista denunció la ineficiencia en la gestión del Gobernador para dotar de protección de bioseguridad a los médicos del sistema de salud en la provincia, para coordinar con eficacia el COE Provincial y para comunicar a la ciudadanía la situación de la provincia frente a la crisis sanitaria.

El 18 de agosto del 2020, a las 16h37, Sarmiento presentó respuesta a la demanda. El miércoles, 30 de septiembre de 2020 se desarrolló la Audiencia Oral, Pública y Contradictoria de Juzgamiento, pero el Juez la suspendió.

El Gobernador solicita que se aplique la máxima sanción prevista en el numeral uno del Artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece que será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra.

Patricio Espíndola Lara fue ex secretario del Agua durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno y fue nombrado Gobernador de la Provincia de Napo el 12 de noviembre del 2019, en reemplazo de Alex Hurtado Borbúa, ahora Presidente del Consejo de Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica.

FUNDAMEDIOS estará vigilante para que se cumplan los estándares internacionales y normas constitucionales de protección del derecho fundamental a la libre expresión.