El 14 de marzo de 2014, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia negó los recursos de ampliación y aclaración interpuestos por el asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, el periodista y experto en temas petroleros Fernando Villavicencio, y el activista Carlos Figueroa.
Esto ocurre un mes después de que esta Sala, compuesta por el juez Vicente Robalino y las juezas Gladys Terán y Mariana Yumbay, negara el recurso de casación al asambleísta y activistas, ratificando así, la sentencia de la jueza Lucy Blacio, quien en abril del 2013 los declaró culpables del delito de injuria judicial contra el presidente Rafael Correa. En esa resolución, Blacio sentenció a Jiménez y Villavicencio, en calidad de autores materiales, a 18 meses de prisión y seis meses a Figueroa, por atenuantes.
Con el fallo en firme y una vez que el expediente regrese a la jueza Blacio se podría ejecutar la sentencia. Es decir, podría ordenarae la captura de los acusados.
Julio César Sarango, abogado defensor de Jiménez, señalo que “la contestación al pedido de aclaración por parte de los jueces de la Corte Nacional, es totalmente ilegal y nula porque no se encuentra debidamente motivada y fundamentada”.
Cabe recordar que el caso se remonta a 2011, cuando Jiménez, Villavicencio y Figueroa pidieron investigar al Presidente Correapor su participación en los hechos del 30 de septiembre del 2010. Esta denuncia fue desechada y calificada de maliciosa y temeraria por el Fiscal, sin que se investigara.
La decisión judicial ocurre tres meses después de que los domicilios de Jiménez y Villavicencio fueran allanados en diciembre del año pasado por la policía. Durante estos operativo las fuerzas especiales se llevaron computadores, tablets, teléfonos celulares y documentaciónn. La oficina de Jiménez en la Asamblea Nacional también fue intervenida. Villavicencio, asesor de Jiménez ha publicado varios reportajes denunciando hechos de corrupción en negocios petroleros y de seguros dónde estarían involucrados funcionarios y ex funcionarios del Gobierno ecuatoriano.