El 14 de noviembre, Diario La Hora publicó la rectificación judicial ordenada por el juez 21° de lo Civil de Pichincha, Marco Albán Núñez, tras aceptar la acción de protección presentada por el subsecretario nacional de la Administración Pública, Óscar Pico Solórzano en contra del medio, por la supuesta violación «a los derechos constitucionales» del gobierno nacional. Esto porque el rotativo se negó a rectificar una información referente al gasto oficial en publicidad obtenida de la ONG Participación Ciudadana.
Bajo el título: «2012: 12 millones en publicidad oficial» y la publicación íntegra del oficio enviado por el funcionario de gobierno, el medio afirmó en sus páginas que «La Hora rectifica informaciones emitidas por Corporación Participación Ciudadana sobre el gasto en publicidad oficial entre enero y septiembre de este año, que a criterio del juez Décimo Primero de lo Civil de Pichincha, Marco Albán, son inexactas. El subsecretario Nacional de la Administración Pública, Oscar Pico, informó que el gasto en publicidad por parte del Gobierno Central es de 12.939.678,94 dólares».
Con ello, el diario se rectificó de la información publicada el pasado 10 de octubre bajo el título «71 millones en propaganda» y pidió disculpas. «La sentencia dispone que ofrezcamos disculpas al Estado, lo cual hacemos porque somos una institución respetuosa de Constitución y las leyes» reza la publicación.
El pasado 12 de noviembre, el Juez Marco Albán declaró, mediante sentencia, que se han violado en perjuicio del Gobierno Nacional y la Función ´Ejecutiva, sus «derechos constitucionales a la información veraz y el derecho a la rectificación, previstos en los Art. 18 numeral 1 y 66 numeral 7 de la Constitución, respectivamente, a consecuencia de las publicaciones de Diario La Hora». Por ello, ordenó al medio que «el día miércoles 14 de noviembre del año 2012, expresen disculpas públicas al Estado ecuatoriano por haber publicado información que, al ser contrastada (…) ha resultado inexacta».
Adicionalmente, el Juez pidió que «en la misma fecha y como parte de la misma publicación se incluya la información contenida en el oficio N° PR-SSADP-2012-001513-0, de 11 de octubre del 2012, en lo pertinente al gasto del gobierno en relación al asunto litigioso, de modo que la publicación no genere a sus lectores la impresión de tratarse de una «réplica» del gobierno a las publicaciones materia del presente juicio, sino de una «rectificación judicial» de carácter constitucional al contenido de dicha publicación».
En la sentencia también se ordenó que dicha rectificación se haga «con igual diagramación e igualdad de caracteres y en los mismos espacios de la edición de la publicación de 10 de octubre del 2012», reza el escrito que, en uno de sus párrafos finales establece que «ejecutoriada la resolución se dará cumplimiento a lo que dispone el numeral 5 del artículo 86 de la Constitución». Esto es, que «todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia».