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Actualización: Fundamedios ratifica su postura por proceso del INEC contra Patricio Alarcón

por | Oct 20, 2020

Ecuador, 21 de octubre del 2020. La titular de la Secretaría de Comunicación, Caridad Vela, aseguró durante una rueda de prensa la semana pasada que si Fundamedios “estuviese en conocimiento de a qué se refiere la demanda no pedirían que se la retire”, también señaló que “no le cabe en la cabeza pensar que una institución de tanto prestigio y respetabilidad está pidiendo que se desista de una demanda cuya única finalidad es entender cómo sucedió una filtración de información”.

El 13 de octubre, Fundamedios levantó una alerta sobre el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, que debía comparecer ante la Fiscalía General del Estado para rendir su versión como sospechoso del presunto delito de difusión de información circulación restringida.

El directorio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) demandó el 8 de agosto al Presidente de la Cámara de Comercio de Quito luego de que éste publicó a través de su cuenta de Twitter @PatricioAlarco2 un trino en el que difundió la información de la Encuesta de Empleo INEC-ENEMDU Telefónica (mayo-junio 2020) en la cual establece que, de cada 100 trabajadores, más del 80% no tiene un empleo adecuado y que la tasa de desempleo se disparó al 13,3%.

Vela aclaró que Patricio Alarcón no está siendo demandado, sino llamado a rendir una versión libre para que cuente qué persona le entregó información que era de origen clasificado y de circulación restringida en ese momento. “Estamos pidiéndole a él que nos ayude a entender quién fue esa persona y cuál fue ese proceso porque fue él quien hizo pública esta información”, señaló la Secretaria de Comunicación.

Fundamedios ratifica que la denuncia interpuesta por el INEC violenta el derecho de acceso a la información pública, así como el derecho de los ciudadanos a conocer datos sobre el desempleo del país, que son de interés colectivo, por lo cual debe ser retirada de forma inmediata, además que las declaraciones de la Secretaria de Estado agravan la situación al implicar que también se está atentando en contra del derecho de reserva de las fuentes y se estaría utilizando abusivamente el sistema judicial como mecanismo de amedrentamiento. 

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