Ecuador, 1 de marzo de 2021. En un plazo de 15 días el Ministerio de Salud Pública (MSP) deberá presentar la información relacionada al plan de vacunación contra la COVID-19 en el Ecuador, por decisión de la jueza Celma Espinoza, que aceptó la acción constitucional de Acceso a la Información presentada por activistas políticos de la agrupación Acción Jurídica Popular en Quito.
La semana pasada, Felipe Ogaz Oviedo, Santiago Esteban Machuca, Angélica Porras Velasco y Richard Honorio González presentaron el juicio 17230202102794 en la Unidad Judicial Civil de Iñaquito contra el entonces Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien mantuvo bajo reserva la información del Plan de Vacunación contra la COVID-19.
A través de un boletín de prensa, el grupo Acción Jurídica Popular informó que la Jueza dio paso a la Acción de Acceso a la Información y que el MSP deberá entregar los términos de referencia de los contratos para la compra de vacunas contra la COVID-19, el plan de vacunación a realizarse en donde se indiquen fases y criterios para determinar qué personas serán vacunadas en cada fase y el listado de las personas que han sido vacunadas hasta la presente fecha.
Desde el 12 de febrero el Ministerio de Salud Pública (MSP) prohibió el ingreso de los equipos de prensa para que puedan realizar la cobertura del proceso de vacunación de la segunda dosis contra la COVID-19. A través de un protocolo de evento para la aplicación de la segunda vacuna, la Cartera de Estado estableció que no existe autorización para ruedas de prensa, declaraciones o similares en el marco de la aplicación de la segunda dosis. Asimismo, se indicó que no existe autorización para vocerías de coordinadores zonales ni gerentes de hospitales.
Desde Fundamedios hemos rechazado la constante política de opacidad y violación de las disposiciones constitucionales de acceso a la información por parte de las autoridades de Salud en el contexto de la pandemia.
Entendemos que los datos de salud de las personas deben estar sometidos a protección especial, pero al mismo tiempo es necesario señalar que existe un alto interés público en la información acerca de los planes de vacunación y el acceso de autoridades, sus familiares y personajes públicos al mismo.
Hacemos un llamado público al nuevo Ministro de Salud Pública, Rodolfo Enrique Farfán, a que cumpla con la Constitución y las leyes de Acceso a la Información y los principios de transparencia en los actos del poder público con relación al acceso a la información del proceso de vacunación contra la COVID-19 en el país. De este modo, permitirá que la ciudadanía, a través de los medios de comunicación y periodistas, pueda conocer el destino y buen uso que deben tener los recursos públicos que son destinados para el área de la Salud.