Ecuador, 11 de diciembre de 2021. El Municipio de Ambato inisite en la aplicación de un “Acuerdo de no divulgación de información”: un cuerpo de ocho capítulos que limita severamente el acceso a la información pública en abierta violación a derechos ciudadanos establecidos en tratados internacionales, la Constitución y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fundamedios tuvo acceso al documento que fue enviado a los servidores públicos del GAD de Ambato el 9 de diciembre con el asunto “Actualización acuerdo de confidencialidad” y alertó que entre las obligaciones establecidas para el funcionario están no revelar o divulgar por cualquier medio de comunicación, facilitar bajo cualquier forma a persona alguna sea natural o jurídica, pública o privada, o de cualquier otra naturaleza, y no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de un tercero, “toda la información generada durante la vigencia del presente convenio”.
Este documento debía ser firmado por los servidores públicos con los respectivos responsables de Recursos Humanos de cada ente municipal. Entre los antecedentes el GAD reconoce que la información de la que disponen está sometida al principio de publicidad; sin embargo, “por ser esta trascendental para los intereses municipales y de los administrados, se la clasifica mediante este instrumento, como interna y de uso exclusivo”.
A través de una carta enviada a Fundamedios, el GAD de Ambato sostuvo que existió una “confusión” que causó que un “borrador” del Acuerdo de No Divulgación de Información para los Servidores Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato sea enviado a los servidores públicos por un error involuntario del equipo técnico. Explicaron que para quien elaboró el borrador ‘medio de comunicación’ hacía referencia algún dispositivo o herramienta comunicacional.
“En ningún momento nuestra institución ha querido coartar la libertad de expresión de los servidores públicos, ni mucho menos el acceso a la información a los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales”, asegura el GAD.
Junto a esta aclaración enviaron una nueva versión oficial del “Acuerdo de no divulgación de información” que fue analizado por Fundamedios y que en el fondo mantiene el mismo espíritu atentatorio contra las libertades de expresión y de acceso a la información, que la versión de revisada del acuerdo.
Esta nueva versión oficial del Acuerdo incorpora entre los antecedentes el concepto de protección de la información personal en poder del sector público. En cuanto a las obligaciones del funcionario público se mantiene que no podrá divulgar por cualquier medio sea verbal, escrito, telemático, por internet o cualquier vía la información que le sea entregada por el GAD de Ambato, ni facilitar bajo cualquier forma a persona alguna sea natural o jurídica, pública o privada, o de cualquier otra naturaleza, y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de un tercero, toda la información generada durante la vigencia del presente instrumento, así como la que pertenezca al GADMA, relacionada a los procesos operativos.
Esta versión plantea que todos los materiales como, documentos, actas de reunión, informes técnicos, solicitudes se consideran como “información interna y de uso exclusivo”, por lo tanto, el servidor no debe divulgar la misma, a excepciones de que el pedido sea de manera formal a través de oficio o correo electrónico.
Esta disposición claramente representa una grave vulneración del Derecho Humano fundamental de acceso a la información pública. Recordamos además que la Ley de Acceso a la Información establece con claridad qué información puede ser considerada y declarada como reservada. Así mismo, no existe en el ordenamiento jurídico la clasificación de “información interna y uso exclusivo”.
Recordamos a las autoridades que la información pública no es propiedad ni de las instituciones ni de los funcionarios, quienes simplemente la resguardan. Los propietarios son los ciudadanos, a quienes debe devolvérsela.
Desde Fundamedios exigimos al Municipio de Ambato revocar de raíz esta política que atenta contra tratados internacionales de DDHH, Constitución, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y cumplir cómo es su obligación con lo señalado por la normativa constitucional e instrumentos internacionales de Derechos Humanos.