El 29 de agosto, la jueza Yadira Proaño aceptó la reformulación de cargos contra el activista sueco, Ola Bini. Antes, se lo acusaba por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos y ahora por acceso no consentido a sistemas informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones.
Según el fiscal Fabián Chávez, quien solicitó el cambio de cargos, el ciudadano sueco intentó ingresar a un sistema de comunicación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). En este hecho también estaría involucrado Marco Argüello, otro de los procesados.
El cambio de acusación contra Bini ocurre a sólo dos días de que concluya la instrucción fiscal, tiempo en el que, según sus abogados, no se ha encontrado delito contra el sueco, por lo que es una medida “desesperada e ilegal”. Antes estaba acusado de, presuntamente, atacar la integridad de sistemas informáticos en el país.
En días pasados, Carlos Soria conversó con FUNDAMEDIOS y aseguró que en caso de que la jueza admita reformular cargos contra su defendido estaría “invalidando la presunción de inocencia, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa”.
De hecho, la organización internacional Amnistía Internacional emitió un comunicado el pasado 26 de agosto, en el que denuncia una violación a los derechos humanos de Bini y “observa con preocupación que altas autoridades del Gobierno hayan expuesto una teoría del caso y hayan afirmado la responsabilidad penal de Bini de manera pública sin que mediara un juicio justo, lo cual influyó en su detención y el proceso penal en su contra”.
La ONG concluyó que el Estado privó de libertad de manera arbitraria al experto informático, infringiendo el debido proceso y las garantías judiciales.
Con respecto a conversaciones reveladas entre Ola Bini, miembros de Wikileaks y hackers internacionales, Soria aseguró que es un tema de privacidad e intimidad y eso no configura ningún tipo de delito ni contribuye a la investigación actual. “Mi defendido está acabado, se siente ultrajado, perseguido sin motivo alguno y ahora sí estamos analizando las demandas internacionales inmediatamente”, aseguró el jurista.
Ola Bini, a quien se lo vincula con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue detenido el pasado 11 de abril en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. El 20 de junio salió en libertad por un hábeas corpus y, desde entonces, ha intentado demostrar su inocencia.