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Fundamedios

Agresiones físicas

Agentes policiales impiden cobertura en vivo

Jun 5, 2010

El sábado 05 de junio de 2010, la reportera Ingrid Castro Morocho de Radio Líder de la ciudad de Machala, 518 km al sur de Quito, capital del Ecuador,  fue impedida por dos oficiales de la policía de realizar la cobertura en vivo de un desfile cívico por las fiestas de esa ciudad.

La periodista realizaba entrevistas en directo a varios de los asistentes al acto cívico que se realizaba en las calles cuando se le acercaron los oficiales identificados en sus uniformes con los apellidos «Jaramillo» y «Villavicencio», quienes le indicaron que no podía realizar la cobertura, pues Castro no contaba con la acreditación para el evento. La comunicadora rechazó la acción policial puesto que estaba realizando su labor en espacios públicos, pero uno de los uniformados le arrebató el micrófono y la conminó para que abandone el lugar.

El incidente desató el rechazo de los espectadores del desfile pero los efectivos no devolvieron la herramienta de trabajo de la periodista, hasta que se terminó el desfile. Ingrid Castro Morocho señaló a Fundamedios que se violaron sus derechos ciudadanos al prohibirle su labor periodística;

Para María Chero, administradora del medio, el acto policial fue ilegal e inconstitucional. Rodrigo Pineda Izquierdo, Presidente de AER de El Oro y padre del propietario de la emisora, denunció el caso ante la Asociación Ecuatoriana de  Radiodifusión  (AER).

El Comandante de la Policía de El Oro, Víctor Hugo Villacís, dijo a FUNDAMEDIOS, que los oficiales de la policía impidieron el estacionamiento del vehículo de la unidad móvil de la emisora debido a que obstaculizaba el paso de las comparsas y carros alegóricos;  “la señorita se exaltó, pero luego aceptó el llamado de atención y se retiró sin altercado entre las partes”, señaló. Negó que se haya atropellado ningún derecho.

Fundamedios pide a las autoridades del Ministerio de Gobierno y la Policía ecuatoriana investigar este hecho, pues podría constituir una intolerable limitación al derecho constitucional de informar y ser informado.

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