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Fundamedios

Procesos legales

Alcalde presenta demanda particular en contra de periodista Alcívar

por | Sep 28, 2010

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El viernes 17 de septiembre de 2010, dos funcionarios públicos Walter Ocampo Heras Alcalde de La Concordia y Miguel Moreta Panchez, Procurador Síndico del Municipio de esa misma localidad, presentaron una  acusación particular en contra de Juan Alcívar corresponsal de Diario La Hora y periodista de la radioemisora «El Nuevo Sol» «por agresión terrorista a funcionarios públicos», en la que se solicita que sea sancionado «con el máximo de la pena de reclusión» el pago de daños y perjuicios «lo cual no podrá ser inferior a los dos cientos mil dólares americanos».

Casi un mes atrás, 20 de Agosto,  el Juez Cuarto de Garantías Penales de Quinindé, Kléber Samaniego, dispuso prisión preventiva contra Alcívar, después de que el Fiscal de Esmeraldas Gorky Ortiz iniciara una causa pública por la misma acusación y basado en las declaraciones de dos empleados municipales. Por este motivo, y dado que el periodista temía por su vida, estuvo en la clandestinidad cerca de un mes.

El 13 de septiembre, el Juez dispuso la sustitución de la orden de prisión que pesaba en contra  del comunicador, por una medida cautelar de presentarse cada 15 días en el Juzgado, mientras dure la instrucción fiscal. El proceso de investigación continúa.

En la nueva denuncia se acusa al periodista de ser uno de los responsables de haber activado una bomba  lacrimógena cuyo gas se habría esparcido hasta el presidente Rafael Correa, quien estuvo de visita en ese cantón el pasado 19 de julio. Además, se lo sindica como causante de daños materiales y humanos . También se lo acusa de «odiosidad»  en contra del Alcalde, y de «aprovecharse» del medio en donde locuta para insultarlo.

Según pudo comprobar Fundamedios, cuando ocurrieron los hechos que se le imputan, el periodista Alcívar se encontraba haciendo la cobertura periodística normal de los hechos alrededor de la visita del Primer Mandatario.

Fundamedios rechaza esta nueva acusación del Alcalde que configura una persecución con la utilización del sistema judicial para acallar a un periodista que ha sido crítico con la gestión de este funcionario público.

Mayor files private lawsuit against journalist alcívar

On Friday 17 September 2010, two public officials, Walter Ocampo Heras, Mayor of La Concordia, and Miguel Moreta Panchez, Municipal Trustee, filed a private lawsuit against Juan Alcívar, correspondent of the newspaper Diario La Hora and a journalist for the radio station «El Nuevo Sol», accusing him of «terrorist aggression against public officials», in which they request that he should be «sanctioned with the maximum jail sentence» and the payment of damages that «should amount to no less than two thousand hundred American dollars».

Nearly a month ago, on 20 August, Quinindé’s Fourth Criminal Magistrate Judge, Kléber Samaniego, sentenced Alcívar to a preventative prison sentence after the Esmeraldas public prosecutor, Gorky Ortiz, initiated public proceedings based on the same accusation as well as on declarations made by two municipal employees. The journalist was in hiding for nearly a month because of these proceedings and because he feared for his life.

On 13 September, the judge substituted the prison sentence against the communicator for a precautionary measure ordering him to appear before the court every 15 days while the prosecutor’s investigation lasts. The investigation process continues. In the new lawsuit the journalist is accused of being one of those responsible for having activated a teargas bomb that affected President Rafael Correa when he was visiting that district on 19 July.

He is also accused of causing personal and material and damages, and of «hatred» against the Mayor and using the media outlet in which he works in order to insult him. Fundamedios was able to ascertain that when the events of which he was accused took place,Alcívar was just covering the events surrounding the Head of State’s visit. Fundamedios rejects this new accusation, which amounts to a persecution that uses the legal system to silence a journalist who has been critical of the mayor’s administration.

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