Ecuador, 30 de abril de 2021. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) estableció que Pichincha Comunicaciones no es responsable del cometimiento de prestación de servicios en contra de la seguridad nacional, durante las manifestaciones de octubre de 2019.
A través de la RESOLUCIÓN -ARCOTEL-CZ02-2021-017- de 29 de abril de 2021, la Ing. María Teresa Avilés Burbano, Directora Técnica Zonal 2 y de la Función Sancionadora de los Procedimientos Administrativos, declaró que se ha comprobado la “inexistencia” del hecho que originó la sanción contra radio Pichincha Universal y que la dejó fuera del aire durante 16 días.
El 8 de octubre de 2019 Radio Pichincha Universal fue cerrada luego de cinco días de cobertura a las protestas. La Fiscalía acusó al medio de comunicación del delito de incitación a la discordia entre ciudadanos. Al día siguiente, la ARCOTEL inició un proceso administrativo sancionador en contra de Pichincha Comunicaciones E.P. que la dejó fuera del aire durante 16 días. El 25 de octubre el juez Mario Cadena aceptó la acción de protección a favor de Radio Pichincha Universal y la radio volvió al aire.
Un nuevo capítulo ocurrió el 24 de enero de 2020, en el marco de sus atribuciones legales, Arcotel notificó la revocatoria del título habilitante de Radio Pichincha Universal. La medida se sustentó en informes del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y del Ministerio de Defensa Nacional. Ahí se determinó que dicha radio utilizó la frecuencia 95.3 MHz en contra de la seguridad pública y del Estado, una infracción de cuarta clase tipificada en el artículo 120, numeral 5 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
Desde el inicio, Fundamedios dio seguimiento al caso y alertó oportunamente que el cierre de un medio de comunicación es limitar el espacio democrático y una severa restricción a la libertad de expresión. Fiel a sus principios y a su posición histórica, rechazó el cierre e intervención de la emisora.
El 18 de agosto de 2020 la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha notificó a radio Pichincha Universal que la acción de protección presentada por el medio de comunicación en contra de la Agencia de Regulación y Control y de las Comunicaciones (Arcotel) que dispuso la extinción de su título habilitante fue revocada.
En un documento de 31 páginas se establece que se aceptan los recursos de apelación interpuestos por Jorge Carrión Pazmiño, en representación de la Arcotel; y de Iñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado. Con base en ello, se revoca la sentencia dictada por el juez Mario Cadena Escobar, “por no existir vulneración de los derechos alegados”.
En marzo pasado, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación emitió dos informes técnicos de contenidos que motivaron una serie de sanciones y finalmente el retiro del título habilitante a Radio Pichincha Universal por parte de la Arcotel. Las medidas se tomaron tras la transmisión del programa En la Oreja, el 3 de octubre de 2019, en el marco del paro nacional en contra de las medidas económicas del Gobierno.
Según la institución, las frases y opiniones instaron a la protesta, la paralización del transporte público y la toma de las calles; el programa radial aprobó las acciones de los manifestantes; el medio de comunicación no intervino como mediador ni motivó un diálogo ciudadano respetuoso y responsable; y se emitió en una franja horaria de protección a niñas, niños y adolescentes.
En septiembre de 2020 los directivos de Radio Pichincha Universal presentaron una acción extraordinaria de protección para que la Corte Constitucional se pronuncie en el proceso contra la emisora.
El 12 de marzo de 2020, Fundamedios publicó un especial que expone que las interpretaciones del informe que sancionó a la emisora son subjetivas y arbitrarias. Frank La Rue, exrelator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y director de Derechos Humanos e Incidencia de la Organización, recalcó que la cobertura y el despliegue informativo en torno a las protestas forman parte del derecho a la libertad de expresión. Si un ciudadano usó la radio como canal, a través de una llamada al aire o en vivo, es legítimo. “No se puede intervenir ni silenciar a la radio por eso; a quienes están en el poder, normalmente esto les disgusta pues las movilizaciones suelen ser en su contra”.
En declaraciones para Fundamedios, la prefecta de Pichincha Paola Pabón, quien además es presidenta del directorio de Pichincha Comunicaciones, dijo que reciben la Resolución de la Arcotel con alegría: primero por la suerte de Pichincha Comunicaciones y segundo porque se ratifica que la libertad de expresión es un principio fundamental en democracia.
“Hemos tenido que esperar más de 18 meses para que se nos dé la razón. Pichincha Universal durante las jornadas de octubre de 2019 cumplía con su rol de un medio de comunicación: informar y narrar los hechos que ocurrían en Pichincha y el Ecuador entero” dijo. Pabón realizó un reconocimiento a los periodistas y trabajadores del medio radial que durante este tiempo “continuaron con su espíritu de informar a los ciudadanos”.