El pasado 2 de julio, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), declaró la nulidad de dos resoluciones emitidas en 2015 que otorgaron frecuencias temporales a los canales RTS y Televicentro, en Guayaquil y Quito, de propiedad del empresario mexicano Ángel González. La resolución ARCOTEL -2019-0507 menciona que dichas frecuencias deberán ser revertidas de manera inmediata al Estado.
El documento, además, dispone que la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes y la Coordinación Financiera de la institución proceda con el cobro correspondiente si hubiese valores pendientes por el uso del espectro radioeléctrico.
Las frecuencias temporales fueron otorgadas por el Arcotel de forma irregular en agosto de 2015. Ortel y Telecuatro, empresas que transmitían la señal RTS, pidieron al Arcotel, organismo regulador del espectro radioeléctrico, cuatro frecuencias repetidoras y temporales para “la investigación de nuevas tecnologías de radiodifusión y televisión”. Tras este pedido, Ortel y Telecuatro lograron sumar otro canal: Televicentro. Ahora Telecuatro transmite RTS y Ortel, Televicentro.
Para que esto ocurriera, movieron la señal de RTS en Quito, del 5 al 11, canal que no existía en el norte de la capital. En Guayaquil sucedió algo parecido. El 11 no existía en el norte de la ciudad y ahora es de Televicentro. Lo curioso es que en el sur de ambas ciudades el 11 estaba concesionado a GamaTV, canal incautado y manejado por la Secretaría de Comunicación. Hay constancia de que el entonces gerente de GamaTV, Claudio Moya Rossel, pidió a Arcotel que le canjee el 11, en el sur de Quito y el sur de Guayaquil, por otras frecuencias. El 18 de agosto se aprobó su pedido y fue así como las empresas de González se adjudicaron los espacios, que hoy ocupan RTS y Televicentro.
Arcotel no sólo aprobó las cuatro frecuencias que pidió el grupo González, también aceptó la figura de uso temporal, que implica, según el reglamento de la Agencia, que la frecuencia sea utilizada para investigar nuevas tecnologías de radiodifusión y televisión.
En mayo de 2019, la Contraloría General del Estado ratificó irregularidades en la entrega de estas frecuencias. Según el organismo, en la concesión de las frecuencias no se solicitó el informe vinculante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), un requisito establecido en la Ley de Comunicación.
La Contraloría aseguró que las frecuencias tenían vigencia hasta la primera fase del apagón analógico que debía ejecutarse en diciembre del 2016; sin embargo en dos ocasiones fue postergado.
FUNDAMEDIOS constató que los canales siguen al aire, pese a que la resolución de ARCOTEL señala que las “frecuencias deberán ser revertidas de manera inmediata al Estado”.
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