Quito, viernes 5 de mayo de 2023· El director del sitio digital Ecuador en Directo, Jaime de la Cruz Castillo, denunció que él y su compañero, Gustavo Jiménez, fueron objeto de una amenaza de acciones legales por parte del asambleísta Javier Ortiz, debido a un comentario emitido en un espacio de opinión.
Según se puede apreciar en un video, el político realizó esta amenaza al final del espacio de réplica, que se extendió por 31 minutos, que él mismo solicitó para responder personalmente a los comentarios en cuestión.
Cuando el periodista Cruz agradece la participación en este espacio, Ortiz responde: “Gracias a ustedes por el espacio y, de igual manera, yo también estoy trabajando en la demanda por todos los comentarios que ustedes infirieron hacia mí. Y ya con mis dos colegas abogados, Ud. sabe que está tipificado en el Código Civil y eso nosotros lo vamos a iniciar. Y ahí vamos a generar todas las pruebas necesarias, se sustancien o no, así como el juicio político. Las pruebas de cargo y de descargo”.
Cruz comentó a Fundamedios que aún no ha recibido ninguna notificación por parte de la Función Judicial sobre el inicio de algún proceso judicial, pero expresó su preocupación debido a que sus comentarios no son susceptibles de ninguna acción legal.
En estos comentarios, uno de los panelistas llama «sinvergüenza» al legislador, por su supuesto cambio de postura respecto al proceso de juicio político en la Asamblea Nacional en contra del presidente, Guillermo Lasso, mientras que el otro menciona la posibilidad de que exista una cuota de cargos políticos en el área petrolera.
FUNDAMEDIOS recuerda que la réplica es un derecho individual reconocido por la Convención Americana y la Constitución como legítimas herramientas de reparación cuando una persona se siente afectada en su dignidad, honor o reputación, por el ejercicio de la libertad de expresión. Por ello, amenazar con acciones legales cuando ya se ha ejercido la réplica, resulta inapropiado.
Además, recordamos que las autoridades públicas están sujetas a permanentes y mayores niveles de escrutinio, porque representan a la ciudadanía. De allí que la amenaza vulnera principios democráticos, donde la tolerancia de funcionarios públicos frente a voces críticas es un indicador de su respeto por los derechos humanos.