El 16 de abril de 2013, la jueza de la Corte Nacional de Justicia Lucy Blacio sentenció al asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez y al exsindicalista Fernando Villavicencio a un año y medio de prisión por el delito de injurias contra el presidente de la República Rafael Correa, mientras que el activista Carlos Figueroa fue sentenciado a seis meses por el mismo delito. En los tres casos, los acusados también deberán ofrecer disculpas públicas al Jefe de Estado a través de los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales y pagar una indemnización de caso USD 140.000, calculada de acuerdo al sueldo actual del Mandatario (superior a USD 6.000).
En la sentencia, la Jueza afirma que “se ha probadola existencia material del delito de injuria judicial tipificado y sancionado en elartículo 494 del Código Penal;y que se encuentra probada la participación de losseñores José Cléver Jiménez Cabrera (…)Carlos EduardoFigueroa Figueroa (…) yFernando Alcibíades Villavicencio Valencia, a quienes se declara culpables en calidad deautores materiales, y se les impone a cada uno la pena privativa de libertad de unaño y medio de prisión y multa de treinta y un dólares de los Estados Unidos deNorteamérica; penas que deberán ser cumplidas en el Centro de RehabilitaciónSocial de Pichincha”. Sin embargo, para Figueroa se establece la pena de seis meses de prisión por atenuantes.
Además en la sentencia “se reconoceel derecho de la víctima a su reparación integral, disponiendoque los ciudadanosquerellados (…) ofrezcan disculpas públicas alciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, por los medios de comunicaciónescritos, televisivos y radiales. La publicación por cuatro medios de prensa (2públicos y 2 privados) de mayor circulación de un extracto de la presentesentencia que contenga la parte considerativa y resolutiva de la misma, y comoreparación económica se dispone el pago de una remuneraciónactual delciudadano Rafael Vicente Correa Delgado calculada por cada uno de los mesesdesde el 4 de agosto de 2011, fecha en que se presentó la denuncia calificadacomo maliciosa y temeraria, hasta la notificación de la presente sentencia.”
Este juicio se originó en 2011 a raíz de la acusación que formularon los ahora sentenciados, respecto a que el Presidente supuestamente habría ordenado la incursión armada en el Hospital de la Policía durante los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010. Dicha demanda fue desechada y el mandatario los contrademandó por el delito de injurias.
En declaraciones a la prensa, el abogado Julio Sarango denunció que la sentencia es nula debido a que la jueza Lucy Blacio incumplió disposiciones legales para sentenciar a los acusados y en el proceso no se ha respetado la inmunidad de Jiménez, asambleísta reelecto en el proceso electoral del pasado febrero. Según Sarango, la Asamblea Nacional no se pronunció sobre si autorizaba o no el enjuiciamiento penal al asambleísta, por lo que esperan llevar el caso a cortes internacionales.