Tres noticieros de televisión fueron intervenidos por las autoridades ecuatorianas en el contexto de la incautación de 195 empresas supuestamente vinculadas a la familia Isaías. La intervención se produjo durante la madrugada del 8 de julio de 2008, cuando piquetes de policías ocuparon las instalaciones de los canales Gamavisión, TC y Cable Visión (que transmitía por UHF y por cable), tanto en Quito como en Guayaquil, puerto al suroeste del país.
Roberto y William Isaías, cabezas de la familia Isaías, afrontan desde 1998 juicios por peculado bancario. Las autoridades señalan que hubo un perjuicio al Estado de más de 600 millones de dólares. Los Isaías están prófugos de la justicia y viven en Miami. El caso ha sido considerado un símbolo de la impunidad de los responsables de la crisis bancaria que afectó a millones de ecuatorianos.
La intervención en estos medios de comunicación desencadenó la censura del “Noticiero Nacional” de Gamavisión, el mismo que fue interrumpido minutos después de haber comenzado su emisión de la mañana, cuando los presentadores daban la noticia de la incautación. El “Noticiero Nacional” permaneció fuera del aire por 36 horas y fue reemplazado por series cómicas y dibujos animados. El informativo de TC tampoco fue transmitido esa mañana, aunque volvió a emitirse esa misma noche.
El 9 de julio se restauró la emisión del informativo de Gamavisión. Sin embargo, para entonces el Vicepresidente de Noticias, Lolo Echeverría y Gonzalo Ruiz, Director Regional de Noticias en Quito, habían sido despedidos o habían renunciado.
Según informaron otros medios, decidida la incautación de las 195 empresas durante una reunión en el Palacio de Gobierno, se nombró al periodista José Toledo como nuevo responsable de noticias de Gamavisión y TC Televisión. Lolo Echeverría relató a los
medios que Enrique Arosemena, el administrador designado por el gobierno, le comunicó que estaba relevado de su cargo porque “no estaba de acuerdo con la línea editorial” del canal.
Cable Visión, una estación que transmitía por señal UHF y vinculada al mismo grupo económico, también fue ocupada por la fuerza pública mientras transmitía un programa de opinión crítico a las incautaciones. Ante lo sucedido, el periodista Fernando Aguayo, también renunció.
Solicitar a las autoridades que respeten la independencia periodística de los servicios informativos de los canales incautados, y establezcan un clima idóneo para el trabajo periodístico sin amenazas que conlleven a la autocensura.