Ecuador, 14 de febrero de 2022. Los años pasan y los efectos de una sentencia de insolvencia que fue impulsada por el exalcalde revocado de Loja, Bolívar Castillo, continúan haciendo mella en el periodista Fredi Aponte y su entorno: ahora, atentan contra su derecho al trabajo.
Durante dos décadas el comunicador ha enfrentado una persecución sin tregua del político lojano. Uno de los capítulos de este hostigamiento ocurrió en el plano penal: el 9 de agosto de 2011 cuando el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja declaró culpable al periodista por el delito de insolvencia fraudulenta. Sin embargo, el 26 de marzo de 2013, la sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró inocente a Aponte y en enero del 2021 el juez constitucional Enrique Herrería desestimó la acción extraordinaria de protección interpuesta por el exalcalde.
Pero, en el plano civil, Castillo impulsó otro proceso y logró su objetivo: en julio de 2017 la jueza Sarita Ochoa, de la Unidad Judicial Civil de Loja, declaró ‘insolvente’ al periodista. La insolvencia es conocida como una “muerte civil”, pues representa una imposibilidad de volver a tener una vida financiera, una propiedad, abrir una cuenta, hacer un préstamo y también imposibilita realizar contrataciones con el Estado.
“Fue una sentencia pírrica, sin sustento”, calificó Aponte a la decisión de la jueza Ochoa y alega que se trató de una represalia política más en su contra. Recordó que se le cerraron las puertas de los bancos de Loja, pues las instituciones financieras eran notificadas sobre su estado.
Han pasado cinco años, y los efectos de esa sentencia lo mantienen estancado: ahora, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) le cerró las puertas. La semana pasada el Organismo le notificó que su usuario quedó inhabilitado y está en estado pasivo por temas de insolvencia y que ya no puede gestionar publicidad para su medio de comunicación.
Aponte aseguró que ese estado de insolvencia le está impidiendo el derecho al trabajo y, si a esto se suma que desde 2009 tiene una prohibición de salida del país y prohibición de enajenar bienes, “después de cinco años las puertas se me siguen cerrando, estoy perseguido por todo lado”, dijo.
Recuento de los juicios anteriores
La primera demanda por injurias calumniosas fue interpuesta por Castillo en 2008. Por ella, Aponte fue sentenciado a seis meses de prisión. El segundo juicio fue por daño moral con una sentencia que lo obligaba a pagar 54.633 dólares. El periodista no canceló los valores “por carecer de recursos”.
Ante ese panorama, José Bolívar Castillo volvió a demandarlo en 2009 por insolvencia fraudulenta; y, en 2011, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja lo declaró culpable. Además, le interpuso un nuevo juicio por injurias, el cual terminó en una sentencia de cinco años de prisión.
En septiembre de 2013, Castillo, entonces asambleísta por el movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE), demandó nuevamente a Aponte por injuria no calumniosa grave tras una entrevista en Ecuavisa. La demanda no prosperó.
Fundamedios se solidariza con el periodista Fredi Aponte y rechaza la persecución histórica emprendida por un político lojano, que ahora afecta su derecho al trabajo.