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El 18 de diciembre de 2012, una cadena ordenada por la Secretaría Nacional de Comunicación interrumpió durante ocho minutos y medio los principales noticieros de las estaciones televisivas a nivel nacional para refutar los argumentos de la defensa de los jóvenes acusados de terrorismo en el caso conocido como «Los 10 de Luluncoto», y descalificar a los medios de comunicación que, «por odio político al gobierno victimizan» a los implicados.
Durante el espacio ordenado por el gobierno, se dijo que cabe aclarar «la verdad, ante el sesgo y la desinformación con la que ciertos medios de comunicación pretenden señalar una supuesta injerencia del gobierno en un tema estrictamente judicial».
Tras refutar los argumentos de la defensa de los 10 jóvenes -quienes el pasado 3 de marzo fueron detenidos en el sector de Luluncoto en Quito, debido a una acusación de sabotaje y terrorismo al vincularlos con la explosión de bombas panfletarias- la cadena gubernamental cuestionó que «estos medios se hacen eco de los abogados defensores que tienen ya una larga y muy conocida trayectoria en un partido político cuya carta de presentación ha sido las huelgas, paros, violencia y escándalo». También se dijo que «llama la atención que en el año 2004, cuando se suscitaron explosiones de bombas panfletarias, esos mismos medios que hoy defienden a los acusados, criticaban y repudiaban estas acciones que hoy por el odio político al gobierno, victimizan a los 10 implicados en terrorismo y sabotaje».
En ese sentido, la cadena de gobierno concluye con la afirmación de que «a pesar de la contundencia de las pruebas, algunos medios y actores políticos sostienen perversamente que hubo una violación a los derechos humanos. La realidad es que los 10 detenidos han recibido un proceso justo».
Al respecto, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, INREDH y CEDHU, han expresado su rechazo y preocupación por los 10 jóvenes acusados de sabotaje y terrorismo, una normativa penal que, según el presidente de la veeduría internacional para el proceso de reformas de la justicia ecuatoriana, Baltasar Garzón, «debería actualizarse», pues «corresponden al tiempo en que Ecuador no vivía en democracia» .
FUNDAMEDIOS, a través de un comunicado, también advirtió sobre las graves implicaciones que puedan tener en el ejercicio al derecho a la libre expresión, oposición y protesta pública, la acusación, el procesamiento penal y la eventual condena a estos jóvenes, e hizo un llamado a las autoridades a respetar las garantías fundamentales del debido proceso y a aplicar de manera restrictiva y específica, los tipos penales de sabotaje y terrorismo comprendidos en la legislación penal ecuatoriana.
Mandatory broadcast interrupts news program and disqualifies media for victimizing «The Luluncoto 10»
On 18 December 2012, a chain ordered by the National Communication Department interrupted for eight and a half minutes the major news programs of TV stations nationwide to refute the arguments of the defense of the young men accused of terrorism in the case known as «The Luluncoto 10» and discredit the media that «because of political hatred against the government victimize» those involved. The government ordered broadcast stated that «the truth (needs to be pointed out) in view of the bias and misinformation through which certain media attempt to claim government interference in a strictly legal issue”.
After refuting the arguments of the defense of the 10 young men – who were arrested on 3 March in the Luluncoto sector of Quito, accused of sabotage and terrorism after being linked to the explosion of bombs full of pamphlets – the government ‘chain’ questioned the fact that «these media outlets echo defense attorneys who have a long and well known history in a political party whose letter of introduction has been strikes, violence and scandal”.It also said that «it is noteworthy that in 2004, when this kind of bomb used to explode, the same media that today defend the accused, criticized and repudiated these actions that today, because of their political hatred against the government, cause them to victimize the 10 people involved in terrorism and sabotage”.
The government ‘chain’ ended with the statement that «despite the overwhelming evidence, some media and political actors perversely maintain that human rights were violated.The truth is that the 10 detainees have received a fair trial”.
In this regard, human rights organizations such as Amnesty International, INREDH and CEDHU, have expressed their opposition and concern for the 10 young men accused of sabotage and terrorism, criminal figures that, according to the president of the international oversight for the reform process of Ecuadorian justice, BaltasarGarzón, «should be updated» because «they correspond to a time when Ecuador did not live in democracy».
FUNDAMEDIOS, through a statement, has also warned of the serious implications that the accusation, legal proceedings and eventual conviction of these young men may have on the exercise of the right to freedom of expression, and called the authorities to respect the fundamental guarantees of due process and apply in a restricted and specific manner the figures of sabotage and terrorism included in Ecuadorian criminal law.