Instalamos una antena inhibidora de señal en la cárcel Regional del Guayas. Tenemos la tecnología, lo que hace falta es la voluntad y la firmeza para impedir que los presos sigan dirigiendo desde las cárceles las extorsiones, secuestros, asesinatos y otros crímenes más.
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— Jan Topic (@jantopicecuador) July 31, 2023
Ecuador, 31 de julio de 2023. El candidato presidencial Jan Topic se jactó y admitió haber utilizado equipos tecnológicos privados para inhibir la señal de telefonía móvil alrededor de la Penitenciaría de Guayaquil.
Topic realizó esta declaración a través de un post publicado en su cuenta de Twitter la noche del domingo 30 de julio, donde expresó: «Instalamos una antena inhibidora de señal en la cárcel Regional del Guayas. Tenemos la tecnología; lo que hace falta es la voluntad y la firmeza para impedir que los presos sigan dirigiendo extorsiones, secuestros, asesinatos y otros crímenes desde las cárceles».
En el post también se incluyó un video en el que se muestra a Topic trasladándose en un vehículo hasta el pie de un poste, donde dos personas se encontraban instalando el equipo inhibidor.
El video muestra cómo Topic interviene frente a las cámaras, mientras un obrero, situado en una escalera, coloca el aparato en la parte alta del poste y un técnico, desde una mesa portable de madera en el piso, manipula una computadora portátil, posiblemente realizando ajustes en las antenas de inhibición.
Es importante destacar que el uso de dispositivos para interferir con las comunicaciones es un tema controvertido y está sujeto a regulaciones y restricciones legales en Ecuador y en cualquier país democrático.
Las autoridades pertinentes, de telecomunicaciones y de las cárceles, aún no se han pronunciado sobre el caso, lo que llama la atención de Fundamedios.
Antes de informar sobre la acción que él mismo ordenó, el video muestra a Topic sentado al interior de un vehículo, sin cinturón de seguridad, mientras viaja por la carretera, afirmando con tono de gravedad: “Esto no es un problema de tecnología, es un problema de determinación”.
“Por 30 minutos cortamos todo tipo de señal en el lugar”, señala un texto que figura sobrepuesto en el video.
Consultado sobre este tema, el abogado y expresidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador (Conatel), Juan Carlos Solines, sostuvo que de acuerdo con la legislación vigente, no está permitido a una persona particular, “por muy candidato que sea”, activar por cuenta propia inhibidores de señal.
Solines recordó que para instalar y activar este tipo de equipos que inhiben la señal de la telefonía móvil se requiere una autorización previa de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), que se entrega después de un estudio específico de cada solicitud, y en el que se determina qué tipo de tecnología se debe usar en cada zona, y con precisas delimitaciones, para evitar restringir el servicio de terceras personas.
“La telefonía móvil es un servicio público que no puede ser suspendido por un particular porque estaríamos hablando de un posible escenario de sabotaje o un tema de suspensión ilegal de servicio público”, comentó el experto.
“Una de las garantías que tenemos todos los ciudadanos es la de la continuidad del servicio, que significa que el Estado debe garantizar que el servicio no sea interrumpido. Y el problema con los inhibidores, como su nombre mismo lo indica, inhiben una señal en las bandas que operan la telefonía móvil. No se puede evitar que el acto suspenda la señal de otra gente que no necesariamente está en la Penitenciaría del Litoral”, sostuvo Solines.
En calidad de organización defensora de las libertades de prensa y expresión, manifestamos nuestra preocupación por este hecho. Si bien reconocemos que la seguridad en las cárceles y la lucha contra actividades delictivas que se organizan desde el interior constituyen temas de vital importancia, el uso de dispositivos para interferir con las comunicaciones es un tema sumamente controvertido, sujeto a regulaciones y restricciones legales específicas.
Instamos a las autoridades competentes, tanto de telecomunicaciones como de las cárceles, investiguen exhaustivamente este hecho y se pronuncien al respecto.
En este sentido, también hacemos un llamado a los candidatos presidenciales y a cualquier figura pública a actuar con responsabilidad y respeto por el Estado de Derecho y por la ciudadanía. La utilización de tecnologías que afecten los derechos fundamentales de los ecuatorianos y que pueden poner en riesgo la continuidad de los servicios públicos no es compatible con una sociedad democrática.