El 29 de octubre de 2012, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó un informe de 27 páginas que exculpa a importantes figuras de Gobierno y acusa a los medios por haber publicado los informes que develó la corrupción en la concesión de créditos por parte de Banco COFIEC, actualmente administrado por el Estado.
El informe de la Comisión señala que «varios sectores políticos y de opinión» han divulgado y sacado de contexto la información respecto a las supuestas irregularidades en torno a un préstamo otorgado al ciudadano argentino Gastón Duzac y sus vínculos con Pedro Delgado, titular del Banco Central del Ecuador y primo del Presidente de la República, para «mermar la ética del Gobierno». «Algunos medios de información han publicado una serie de artículos sobre operaciones de crédito que habrían sido concedidas a título personal o a empresas representadas por el señor Gastón Duzac, sin que se pueda evidenciar de esa información que se ha cumplido con lo señalado en el artículo 18 de la Constitución de la República, esto es ‘producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior'»
Con ese antecedente, en el apartado IV de las «Recomendaciones» de esta Comisión pide que la Superintendencia de Bancos «efectúe una auditoría informática para determinar qué funcionarios y exfuncionarios públicos o privados, de manera reiterada, han obtenido información acerca de correos electrónicos y demás información de los funcionarios y de las computadoras de COFIEC S.A., hasta las fechas en que éstas fueron difundidas por algunos medios de comunicación colectiva; a la vez, se exhorta a la Fiscalía General del Estado a que efectúe las investigaciones que fueren del caso, para determinar quienes proporcionaron la información que estaban sujetas a sigilo y reserva bancaria …»
Adicional a este informe, los asambleístas de la bancada oficialista: Lídice Larrea, Fernando Cáceres y Omar Juez propusieron un texto resolutivo que, según publicó diario Hoy, fue aprobado la noche del lunes 29 de octubre, para ser incluido en el informe final.
Este texto afirma que «se ha manejado irresponsablemente información fuera de contexto, se ha emitido comentarios y se han realizado juzgamientos anticipados, desconociendo el ámbito de los organismos de control del estado y de las investigaciones que dependen de su confidencialidad para precautelar su efectividad qué está desarrollando la fiscalía general del Estado».