Ecuador, 18 de marzo de 2022. Andrés Durán y Adrián Acosta, quienes conducen el programa ‘Bajo el Ocaso’, que se transmite en Radio Pichincha, fueron denunciados por la agente civil metropolitana de tránsito de Quito Cecilia Vivanco Llumiquinga: los acusa de haber lanzado expresiones de descrédito y deshonra en su contra.
El 18 de enero de 2022 el programa ‘Bajo el Ocaso’ utilizó como tema principal de análisis la designación de la agente como Directora General de la Agencia Metropolitana de Tránsito y titularon al programa: ‘Insólito: una chapita de tránsito dirige la AMT’.
En el minuto 36 del programa los conductores anunciaron que darán una revelación, pues lo más novedoso es que “han dejado de directora general de la AMT a una chapita de tránsito”. Dijeron que se trata de la señorita Cecilia Cayetana Vivanvo Llumiquinga, junto a la frase “chocholos al poder”. Los periodistas cuestionaron que haya estudiado cuatro meses para llegar a ese cargo en la AMT e hicieron una analogía: es como si a un policía o a un cabo le pusieran de Ministro de Defensa o, que a alguien de tropa le pusieran como una máxima autoridad. Recalcaron que la funcionaria no tiene preparación para un cargo directivo y que es la primera vez que un agente de tránsito ocupa la Dirección de esta institución.
En la denuncia, presentada ante la Unidad Judicial de Contravenciones de Quito, la agente metropolitana sostiene que los conductores se burlaron de sus estudios, de su designación temporal, que la discriminaron por su apellido y su etnia, tildándola de “chapita de tránsito”. Vivanco aseguró que la actitud “grosera y amenazante” de los conductores del programa atentó contra su dignidad y su honra.
Una boleta de notificación que llegó…
La tarde del 17 de marzo los trabajadores de Radio Pichincha recibieron una Boleta de Notificación de la Función Judicial de Pichincha, a través de la cual les informaban que deberán acudir el 6 de abril a la Audiencia de Juzgamiento por esta denuncia. El artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal se refiere a las expresiones de descrédito o deshonra como contravenciones de cuarta clase, con una pena de 15 a 30 días de prisión.
Adrián Acosta dijo a Fundamedios que la notificación les llegó de sorpresa. Recordó que el programa ‘Bajo el Ocaso’ se caracteriza por tratar temas con humor y satirizando los acontecimientos de la ciudad. En este caso, les llamó la atención la designación de una agente como la máxima autoridad de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Asegura que en ningún momento existió la intención de discriminar o menospreciar a la agente.
A través de redes sociales expresó que fue notificado junto a Andrés Durán con una demanda penal de la exdirectora de la AMT Cecilia Vivanco y que los convocan directamente a la audiencia de juzgamiento.
Denuncio que hoy fui notificado junto a @AndresDuranEc con una demanda penal de la exdirectora de la AMT Cecilia Vivanco. NOS CONVOCAN DIRECTAMENTE A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO! Nos quieren presos por revelar irregularidades @MunicipioQuito @santiguarderas @FUNDAMEDIOS Por favor RT pic.twitter.com/D5n9hEE9lr
— Adrián Acosta Alvarez (@adrianacosta47) March 18, 2022
Un llamado de atención a Radio Pichincha.
Desde Fundamedios señalamos que, si bien condenamos el uso del derecho penal para castigar una expresión, por estar reñido con los estándares internacionales, la libertad de expresión no puede amparar contenidos claramente discriminatorios, como sucede en este caso. Burlarse de una persona, funcionario o no, por sus rasgos físicos o raciales, condición socio-económica, rango, actividad o profesión es una práctica condenable éticamente y constituyen un discurso discriminatorio inaceptable.
En este caso, hay un agravante, pues las expresiones fueron emitidas por los comunicadores durante un programa que se financia con recursos públicos. Claramente, los funcionarios de un medio estatal han transgredido los límites al calificar a una agente metropolitana como “chapita”, cuestionando que por su condición no podría aspirar a un cargo jerárquico.
No obstante, consideramos que la posibilidad de que los comunicadores vayan a la cárcel por esas expresiones tampoco es viable, pues afectaría la calidad de la libertad de expresión.