Ecuador, 03 de marzo de 2021. El Consejo de Seguridad Pública del Ecuador (Cosepe) negó la desclasificación de información relacionada con el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, ocurrido en marzo del 2018 en la frontera colombo-ecuatoriana.
A través de un comunicado los familiares de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, informaron que, tras siete ofrecimientos públicos del gobierno de Lenín Moreno de desclasificar toda la información sobre lo actuado 2018, el Cosepe se negó a entregar tres actas de sus reuniones.
Mediante un documento con fecha 17 de febrero del 2020, el Consejo de Seguridad dio a conocer su decisión de no desclasificar las siguientes actas por su “afectación a la Seguridad del Estado”: Acta No. 18 del miércoles 28 de marzo de 2018; Acta No. 19 del viernes 13 de abril de 2018; y, Acta No. 20 del martes 17 de abril de 2018. Las fechas indicadas en el documento corresponden a los días en que el Cosepe se reunió
para tomar decisiones con respecto a la situación de los periodistas Javier, Paúl y Efraín, y también de los ciudadanos Oscar Villacís y Katty Velasco.
Frente a esta resolución, los familiares de las víctimas señalaron que se confirma que después de 7 ofrecimientos públicos y decenas de intervenciones del Primer Mandatario, afirmando que toda la información había sido entregada, jamás hubo la intención de transparentar la verdad del caso y garantizar el acceso a justicia.
“La respuesta del Cosepe deja en evidencia que el crimen de Javier, Paúl y Efraín es una consecuencia de las acciones u omisiones cometidas por agentes estatales y que ha quedado en la impunidad debido al silencio sistemático del Estado ecuatoriano, que en lugar de ser diligente para el esclarecimiento de los hechos, ha decidido poner un candado a la verdad, incumpliendo así con lo ofrecido y con los compromisos adquiridos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”
Desde Fundamedios expresamos nuestra solidaridad con los familiares de Javier, Paúl y Efran, que van tres años luchando por que se haga justicia. También rechazamos la decisión del Cosepe que vulnera el derecho del acceso a la información. Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado ecuatoriano a cumplir con su compromiso de desclasificación de la información como un aporte fundamental para la garantía de la verdad como un derecho de las víctima, pero esto no ha ocurrido.