Ecuador, 18 de febrero de 2025.- Xavier Lasso, asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana (correísmo), afirmó en una entrevista que su agenda legislativa incluye volver a poner en el debate una nueva Ley de Comunicación “con la experiencia que ya tenemos”. Estas declaraciones las hizo en el programa Ingobernables el pasado 13 de febrero de 2025.
Sus palabras se suman a las declaraciones previas de la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien hace un mes planteó la necesidad de “regular” los medios de comunicación.
“Yo cuando vaya a la Asamblea voy a trabajar una Ley de Comunicación (…) Considero imprescindible que haya una Ley de Comunicación y recuperarla. Ellos dicen que la mejor Ley es la que no existe y las leyes de comunicación son ‘leyes mordazas’. No existe la Ley de Comunicación y hacen lo que les da la gana”, aseguró Lasso en la entrevista en el programa de Youtube de la activista Alondra Santiago. Lasso también mencionó que su bancada buscará volver a instaurar el modelo de asignación de frecuencias para medios privados, comunitarios y públicos implementado durante el gobierno de Rafael Correa.
Luisa González, candidata presidencial por el correísmo, el 20 de enero de este año dio una entrevista al medio BN Periodismo. Ella explicó que hay que “regular” desde la sociedad los “discursos de odio”. “Si yo cojo mi cuenta y digo ‘este es un delincuente’, pruébelo. Usted no puede decir delincuente a alguien porque se le da la gana. Y si tiene pruebas, vaya a la Fiscalía y que caiga todo el peso de la ley”, indicó.
En las elecciones generales del 9 de febrero de 2025, se eligieron 151 asambleístas para el período 2025-2029. La Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento oficialista del presidente Daniel Noboa, obtuvieron las mayores representaciones legislativas. Además, hubo un empate técnico entre González y el presidente-candidato Daniel Noboa en la carrera a la Presidencia. El 13 de abril de 2025 se realizará la segunda vuelta electoral.
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada en 2013, durante el gobierno de Rafael Correa, se convirtió en un instrumento legal de carácter punitivo que regía la actividad periodística. Desde entonces funcionó como herramienta para violar y atentar en contra de la libertad de expresión, de prensa y Derechos Humanos.
Fundamedios registró 2.384 ataques contra la libertad de expresión y prensa entre 2008 y 2017 (período del gobierno de Correa). La mayoría de los casos eran de asfixia estatal para los medios de comunicación, abuso de cadenas de propaganda púbica, réplicas, cancelación de frecuencias, incautaciones y cierre de medios, cancelación de programas o despidos arbitrarios a trabajadores de medios.
En 2015 por ejemplo, los procesos por aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se configuraron como la mayor agresión del año, con 99 casos, (26%) que se tradujeron en denuncias y sanciones contra los medios, ante la Superintendencia de la información y Comunicación (Supercom). En 2014, el uso abusivo y selectivo de este cuerpo legal restrictivo dejó ver todos sus efectos negativos con la imposición de constantes multas y sanciones que afectaron severamente la economía de medios de comunicación grandes, medianos y pequeños.
Durante el gobierno de Lenín Moreno, se aprobaron reformas para eliminar los aspectos más restrictivos de la LOC. Posteriormente, en 2021, el presidente Guillermo Lasso envió un proyecto de ley para reemplazar la LOC con una nueva Ley de Libre Expresión y Comunicación, sin embargo, la Asamblea aprobó un paquete de reformas parciales. Uno de los principales avances fue la creación del Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, con participación de diversos sectores.
El regreso de la LOC en su versión original representaría una grave amenaza para la libertad de prensa en Ecuador.
Fundamedios rechaza cualquier intento de restablecer una ley que en el pasado sirvió para intimidar, sancionar y acallar a los medios y periodistas. Instamos a la Asamblea Nacional a garantizar un marco normativo acorde con los estándares internacionales de libertad de expresión.