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Fundamedios

Sanciones por Ley Comunicación

Corte constitucional aprueba pregunta que plantea la creación de un consejo regulador de medios

Feb 16, 2011

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En su sesión de 15 de febrero, el pleno de la Corte Constitucional aprobó, con ligeras modificaciones de forma, las 10 preguntas de referéndum y consulta popular presentadas semanas atrás por el presidente Rafael Correa. Dos de estas preguntas se relacionan a la creación de un Consejo de Regulación capaz de normar la difusión de contenidos en los medios y establecer criterios de responsabilidad ulterior; y a la prohibición para que las empresas de comunicación privadas, sus directores y principales accionistas tengan participación accionaria fuera del ámbito comunicacional.

A pesar de los reiterados cuestionamientos basados en la inconstitucionalidad de las preguntas, el pleno de la Corte, por mayoría de sus Magistrados decidió respaldar la propuesta del Presidente para convocar a una consulta popular.

Se desechó el informe inicial de la Magistrada Nina Pacari Vega, que rechazaba 4 de las 5 preguntas del referéndum por inconstitucionales, aprobándose las propuestas de los Magistrados Patricio Herrera y Roberto Bhrunis

El informe de Pacari Vega señalaba que «la única vía para proceder a la consulta popular en cuanto a las preguntas 2, 3, 4 y 5 es a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, conforme lo determina el artículo 444 de la Constitución». Respecto a la pregunta 3, que se relaciona con medios de comunicación y entidades financieras, dice que «se restringen derechos constitucionales»

En las audiencias públicas del 27 de enero Fundamedios, a través de su asesor legal Juan Carlos Solines, argumentó las razones por las que se debía rechazar la tercera pregunta del referéndum y la cuarta pregunta de la consulta popular al violar disposiciones de la Constitución de la República y varios instrumentos internacionales. Solines aseguró que, con la creación del mencionado consejo «se estaría entregando a un órgano de regulación facultades sobre temas altamente delicados», además, que «el planteamiento de la pregunta es muy general y poco preciso» .

En cuanto  a la prohibición para que los medios y sus directivos puedan ejercer actividades ajenas a la comunicación para «evitar conflictos de intereses», Solines sostuvo que esta pregunta desconoce la realidad tecnológica y lo que significa el conflicto de intereses. «No son intereses comerciales que pueden favorecer a una empresa o producto o servicio determinado, aquí los conflictos de intereses se refieren a visiones ideológicas distintas a quienes ejerzan el poder… ahí si se podría entender el porqué se plantea esta pregunta», dijo Solines.

Constitutional court approves question that poses the creation of a media regulatory council

During its 15 February plenary session, the Constitutional Court approved, with slight modifications, the 10 referendum and popular consultation questions presented a few weeks earlier by President Rafael Correa. Two of these questions are related to the creation of a Regulatory Council with the power to control the media’s contents and establish ulterior responsibility criteria; and a prohibition preventing private communication companies, its directors and main shareholders from owning shares in other companies that are not involved in communications.

Despite the many questions surrounding the initiative, based on the unconstitutionality of the questions to be posed, the Court’s plenum decided to back the president’s proposal to call for a popular consultation. The initial report presented by Judge Nina Pacari Vega, which rejected 4 of the 5 questions as being unconstitutional, was dismissed, and were approved instead those of Judges Patricio Herrera and Roberto Bhrunis.

 Pacari Vega’s report stated that «the only way to proceed regarding questions 2, 3, 4 and 5 would be appointing a Constituent Assembly, as determined by the Constitution’s article 444». Regarding question 3, related to the media and financial institutions, it states that «constitutional rights are restricted».

During the public audiences of 27 January, Fundamedios, through its legal councilor Juan Carlos Solines, argued the reasons why the referendum’s third question and the popular consultation’s fourth question should be discarded, stating that they violate provisions included in the Ecuadorian Constitution and several international agreements. Solines maintained that with the creation of the council «a regulatory body would be given authority over very delicate issues», and also that «the question is very general and not very precise».

Regarding the prohibition that would prevent the media and its directors from participating in activities not related to communications in order to «avoid a conflict of interests», Solines maintained that this questions shows a lack of understanding of the technological reality and what conflict of interests means. «These are not commercial interests that may favor a particular company, product or service. Conflict of interests here refers to ideological visions that differ from those maintained by the people who exercise power… if that were the case we could understand why the question is being posed», Solines said.

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