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Procesos legales

Corte Constitucional deja sin efecto sentencia que declaró inocente a periodista

Dic 11, 2014

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El 13 de noviembre de 2014 la Corte Constitucional aceptó una acción extraordinaria de protección contra la sentencia de la Corte Nacional de Justicia que declaró inocente al periodista Freddy Aponte en el proceso que por insolvencia fraudulenta siguió en su contra José Bolívar Castillo, Alcalde de Loja. Este proceso se siguió tras el no pago de una indemnización de aproximadamente $55 000, producto de un juicio anterior por daño moral que a su vez se derivó de otro juicio por injurias.

La Corte Constitucional declaró “la vulneración constitucional al debido proceso en su garantía de la motivación” y, como medida de reparación integral, dispuso dejar sin efecto el fallo emitido por la Corte Nacional de Justicia, el pasado 26 de marzo de 2013. La Corte Constitucional no dio más argumentos jurídicos.

En la casación, que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es la última instancia, la Corte Nacional sentenció en favor del periodista al enunciar que “la decisión del juez civil (de primera instancia) que declara la insolvencia de Freddy Aponte no existe” y que esta es “un requisito sine qua non para dar inicio a la acción penal”.

En diálogo con Fundamedios Aponte calificó como “insólita” la decisión de la Corte Constitucional.

En segunda instancia, Aponte había sido condenado a cinco años de prisión, luego de que se ratificara la condena de primera instancia dictada por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de esa ciudad. Cabe recordar que el primer proceso que originó los juicios posteriores en contra del periodista ocurrió en junio de 2007, cuando Castillo acusó a Aponte de supuestamente haberlo llamado «ladrón» en su programa de opinión Primer Plano de Radio Luz y Vida . Desde el inicio de los procesos, el comunicador cuestionó los fallos condenatorios de los tribunales locales, acusando de vinculación familiar entre su acusador y los jueces que tramitaron sus casos y que podrían haber influido en sus sentencias. Aponte también ha reiterado que es víctima de una constante persecución por parte del funcionario.

Con su resolución, la Corte Constitucional, dispuso que otra sala especializada de lo Penal de la Corte Nacional conozca y resuelva el caso.

Constitutional court null and void sentence that declared void a journalist

On November 13, 2014 the Constitutional Court accepted an extraordinary protection action against the judgment of the National Court of Justice which declared innocent journalist Freddy Aponte in the insolvency process followed for José Bolívar Castillo, Mayor of Loja. This process was continued after the non-payment of compensation about $ 55,000, which is the result of an earlier trial for moral damages which it was derived from another trial for libel.

The Constitutional Court declared «the constitutional violation of due process as motivation guarantee» and, as a measure of full reparation, decided to void the sentence made by the National Court of Justice the last March 26, 2013. The Court constitutional gave no further legal arguments.

The remedy of cassation, in the Ecuadorian legal system is the last resource; the National Court ruled in favor of the journalist by stating that «the decision of the civil judge (first instance) declared that the insolvency of Freddy Aponte does not exist» and that this is «a sine qua non requirement to initiate criminal proceedings».

Speaking to Fundamedios Mr. Aponte described as «unusual» the Constitutional Court decision.

In Second instance, Mr. Aponte had been sentenced to five years in prison after first instance sentence was ratified, verdict issued by the Second Court of Criminal Guarantees of that city.  It is important to remember that the first process that originated the subsequent trials against the journalist occurred in June 2007, when Mr. Castillo accused Mr. Aponte of allegedly calling him a «thief» in his opinion Radio program Forefront Spotlight Light and Life (Primer Plano de Luz y Vida). Since the beginning of the several legal processes, the communicator questioned convictions sentences of local courts, accusing families’ links between his accuser and judges who handled his cases and that might have been influenced in their judgments. Mr. Aponte has also repeated that it is victim of constant persecution from the official.

With its decision, the Constitutional Court ruled that another Specialized National Criminal Court room get to know the case.

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