El Director del Consejo de la Judicatura solicitó copias de los programas de Radio MIA

El Director del Consejo de la Judicatura solicitó copias de los programas de Radio MIA



Ecuador, 6 de octubre del 2020. El Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza, Pablo Santiago López Freire, solicitó a Radio MIA una copia de los programas transmitidos en el medio de comunicación en el horario de 06:00 a 08:00, los días 25, 29 y 30 de septiembre.

En el Oficio-DP16-2020-0504-OF, con fecha 01 de octubre del 2020, el Funcionario del Consejo de la Judicatura sostiene que las opiniones del periodista Nicolás Méndez Barahona atentan contra su honor, su reputación y buen nombre. Además de “lesionar colateralmente” al Consejo de la Judicatura al insinuar la existencia de acciones ilegítimas que deterioran el presidio de la Función Judicial.

Méndez tiene un espacio de entrevistas y de opinión matutino en Radio MIA. El comunicador criticó el sistema de justicia y que el Director del Consejo de la Judicatura de Pastaza haya llegado a ese cargo sin realizar un concurso de méritos y oposición y que fue un puesto político.

Dentro del oficio, el Director de la Judicatura sostiene que “sabrá adoptar las medidas que correspondan para evitar este tipo de actuaciones, que no solo podrían conllevar responsabilidades jurídicas subjetivas en contra de quienes lo comenten, sino que a su vez podrían acarrear consecuencias administrativas contra el respectivo medio de comunicación”.

López se refiere al numeral 1 del Artículo 396 del Código orgánico Integral Penal que establece que la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días.  

El periodista dijo a Fundamedios que buscan generar una intimidación y una autocensura para que no vuelva a criticar al Consejo de la Judicatura. 

FUNDAMEDIOS rechaza esta acción de un funcionario de alto rango del Consejo de la Judicatura de Pastaza, estaremos vigilante de que se cumplan los estándares internacionales y normas constitucionales de protección del derecho fundamental a la libre expresión.