Quito, 17 de junio del 2022· El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó esta noche un decreto que declara el Estado de Excepción en tres provincias del país: Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. El artículo 9 de este decreto restringe la libertad de información. Textualmente, se lee: “Esta limitación consistirá en el establecimiento de restricciones y/o suspensiones; o, en su defecto, el establecimiento de restricciones de calidad, de los servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de internet”.
Enseguida, el decreto establece limitación a la publicación de información calificada por el Estado como reservada o de circulación restringida, a través de los medios de comunicación, redes sociales y contenido comunicacional; “en particular, aquella introducida en una investigación previa o información declarada como reservada por disposiciones legales o resoluciones de autoridades competentes”.
El Estado de Excepción tendrá una vigencia de 30 días y fue firmado debido a las protestas que el movimiento indígena y otros sectores sociales han iniciado esta semana contra el Gobierno de Lasso, que han incluido marchas, pero también cierres de vías, toma de edificios públicos, actos vandálicos de algunos manifestantes y represión policial de las protestas.
El contexto de este decreto es aún mayor porque también dispone la movilización de las Fuerzas Armas en las tres provincias citadas —las de mayor conflictividad esta semana— y, además, limita también los derechos de asociación, reunión y movilidad, e incluye un toque de queda en Quito, desde las 22:00 hasta las 05:00.
Fundamedios se comunicó con el nuevo secretario de Comunicación de la Presidencia, Leonardo Laso, quien aseguró que la inclusión de este artículo en el decreto fue un error y que esta misma noche se enviará una nueva versión, sin esta restricción. Pese a ello, miramos con extrema preocupación la intención de limitar el derecho a la información con este decreto inicial, dado que el trabajo periodístico se torna más importante que siempre en el contexto del paro nacional. Además, hacemos un llamado a organismos nacionales —como la Corte Constitucional— e internacionales a pronunciarse sobre estas decisiones. Además, nos mantendremos vigilantes de que no existan abusos por parte del Estado, al amparo de este decreto.