Ecuador, 23 de septiembre. El ex asesor presidencial Santiago Xavier Cuesta Caputi pretende aplicar la denominada Ley del Olvido para dar de baja la investigación periodística del portal La Historia que revela el reparto político que habría entre el Gobierno de Lenín Moreno y ciertos asambleístas, y que fue recogido en los reportajes “El Gran Reparto” y “La Estructura del Gran Reparto”. El Reglamento General de Protección de Datos (EU) 2016/679 es el reglamento europeo al que recurre Cuesta, el cual contempla el denominado derecho al olvido como un concepto relacionado con el habeas data, la protección de datos personales, al derecho al honor, intimidad e imagen, así como el derecho de los secretos. Este concepto puede bloquear o suprimir información si se considera que fueron expuestos sin consentimiento o que la información se obtuvo de manera ilícita.
La notificación que recibió el Portal el 22 de septiembre tiene como título: “Ejercicio del derecho de suprimir la publicación de nombre y apellidos”. En datos del interesado aparece el nombre de Santiago Cuesta como ciudadano con pasaporte italiano y el pedido puntual es “que proceda a aceptar la eliminación de mis datos personales dentro del informe”.
En junio pasado el ex asesor del presidente Lenín Moreno ya intentó dar de baja a los mismos reportajes y que ellos se defendieron ante su hosting (sitio donde está alojado el material periodístico) enviando un escrito con sus argumentos. Pero no es la primera ocasión en que La Historia recibe cuestionamientos de políticos. Según los archivos de FUNDAMEDIOS, el 3 de julio la asambleísta Elizabeth Cabezas difundió un comunicado dirigido al portal por supuestas injuriosas luego de la investigación de la compra de vehículos con carnet de discapacidad que involucran al esposo de la legisladora.
Mientras el 23 de julio el Portal difundió un reclamo de la empresa Lomart Group PLC, con sede en Glasgow (Reino Unido) a cinco notas publicadas por una presunta violación al copyright por usar fotos de la Presidencia y la Secretaría General de Comunicación (Segcom).
Puertas aseguró al igual que lo hicieron en junio, responderán y enviarán sus argumentos a su hosting para mantener los reportajes.
Fundamedios señala que esta acción de Cuesta constituye un atentado contra la libertad de expresión ya que la información de estos reportajes es de interés público y debe permanecer disponible. En este caso, las leyes ni siquiera son aplicables, pues el domicilio del portal, así como su servidor están en otros territorios.