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Procesos legales

Exgobernadora demanda a periodista e invoca el desacato para pedir la máxima pena

por | Oct 17, 2012

ENGLISH VERSION

El 25 de septiembre de 2012, el periodista Yaco Martínez, presidente ejecutivo del periódico La Nación de la provincia del Carchi -localidad fronteriza con Colombia- fue demandado por injurias no calumniosas graves por María Helena Villarreal, exgobernadora de la provincia, por «dañar su honra y buen nombre» y pidió que se le imponga una pena de tres a seis meses de prisión» por haber ofendido a una autoridad, lo cual se conoce como «desacato», es decir la protección especial que un funcionario público, se atribuye a su honra.

El juicio No 04252-2012-0112, que fue admitido a trámite al día siguiente por el Juzgado Segundo de Garantías Penales del Carchi, se inició a partir de la publicación titulada «Persona declarada como no grata quedará encargada de la gobernación», con fecha 2 de septiembre.

En ella, el medio publicó los desacuerdos existentes respecto a que un ex jefe político haya sido encargado de la gobernación mientras su titular salía de vacaciones.

La nota tiene el ánimo de «atacar, desacreditar y menospreciar mi buen nombre, moral, dignidad, honor, fama y prestigio (…); el querellado, engañando la opinión pública pretende imputarme el supuesto cometimiento de ilegalidades que solamente existe en su deseo de hacer daño», afirma

Villarreal en el escrito.

Dentro de la demanda también se especifica: «deberá tomarse en cuenta y considerar para la tipicidad que soy autoridad, y en esta calidad he sido víctima del delito de injurias no calumniosas graves. En consecuencia, la pena que se debe imponer al acusado es la de tres a seis meses de prisión y multa de seis a doce dólares».

El 27 de septiembre, Villarreal anunció públicamente su renuncia al cargo de gobernadora del Carchi -a pedido del Ministerio del Interior- en medio de polémicas por su gestión, tras la implementación de un nuevo sistema de distribución de gas de uso doméstico que degeneró en protestas.

FUNDAMEDIOS recuerda que, desde 1994, los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos han sostenido de manera reiterada que los delitos de desacato (tipos penales que protegen el honor y la honra de funcionarios públicos), son contrarios al derecho a la libre expresión por otorgar a quienes ejercen la función pública una situación jurídica más favorable que al resto de ciudadanos, y por inhibir el libre flujo de información, debate y crítica sobre asuntos de interés público.

Asimismo, han indicado que cuando las figuras penales de calumnias e injurias se aplican para la protección del honor de funcionarios públicos, resultan de facto, leyes de desacato, y constituyen violaciones al ejercicio de ese derecho . Al respecto, se ha indicado que la vía penal es la más severa para tutelar el derecho a la honra y la reputación y que, de ser necesario, la vía civil es suficiente para la interposición de responsabilidades ulteriores para tutelarlos. Finalmente, la Corte Interamericana ha indicado que la mera interposición de un proceso penal por calumnias e injurias para proteger el honor de un funcionario público en el marco de una expresión sobre el ejercicio de sus funciones, constituye una violación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Former governor sues journalist and invokes contempt to request the maximum sanction

 On 25 September 2012, journalist YacoMartínez, executive president of the newspaper La Nación, of the province of Carchi – on the border with Colombia – was sued for aggravated non-slanderous offences by María Helena Villareal, the province’s former governor, for “damaging her honor and good name”. Villareal requested a sanction of three to six months in prison for the journalist for having offended an authority. She stated this is known as “contempt”, implying that a public official’s honor should receive special protection.

Case No 04252-2012-0112, which was admitted the following day by the Second Criminal Guarantees Court of Carchi, was the result of an article titled “Person declared non grata will be in charge of the government”, dated 2 September.

The piece was an account of discordant opinions concerning the fact that a former political leader would remain in charge of the government while the governor was on vacations.

Villareal stated that the article aimed to “attack, discredit and belittle my good name, moral, dignity, honor, fame and prestige (…); the defendant, deceiving the public opinion, seeks to accuse me of alleged illegal actions which only exist in his desire to harm”.

The lawsuit also specified that:“the fact that I am an authority should be taken into account when typifying the crime, and as such I have been the victim of aggravated non-slanderous offences.As a consequence, the sanction to be imposed should be of three to six months in prison with a six to twelve dollar fine”.

On 27 September, Villareal publicly announced her resignation as governor of Carchi – by request of the Ministry of the Interior – in the midst of controversies surrounding her administration when protests were generated after the implementation of a new distribution system for gas for domestic use.

FUNDAMEDIOS would like to recall that since 1994, the organizations that constitute the Inter-American System for the Protection of Human Rights have stated repeatedly that crimes of contempt (which protect the honor and good name of public officials) infringe the  right to free expression by granting those who hold public positions a more favorable juridical status than other citizens and inhibiting the free flow of information, debate and criticism about public interest issues.

They have also expressed that when offenses typified as slander or offence are applied for the protection of public officials’ honor, they become de facto contempt laws and constitute violations of the exercise of this right.In this regard, they have pointed out that the criminal system is the most severe when it comes to the protection of honor and reputation and that, if necessary, the civil system is enough for establishing liabilities and protecting them.Finally, the Inter-American Court has stated that the mere filing of a criminal process for slander and offences to protect a public official’s honor within the context of the exercise of his functions as such constitutes a violation of article 13 of the American Convention on Human Rights.

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