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El 23 de marzo de 2012, el ministro del Interior, José Serrano advirtió con iniciar una acción judicial en contra de la estación televisiva Teleamazonas si no probaba una información supuestamente vertida en su noticiero, acerca de que la policía habría lanzado bombas lacrimógenas, durante las marchas desarrolladas en Quito el día anterior.
A través de su cuenta de Twitter, @ppsesa, el Ministro escribió: «Conmino a Teleamazonas para que en 48 horas pruebe que la Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas en la jornada de ayer», «caso contrario iniciaremos una acción judicial en contra de esa empresa privada de comunicación». El funcionario, en otro mensaje, escribió que esperará «la rectificación en el mismo espacio, en el mismo horario que emitieron la información falsa».
Al revisar las grabaciones del noticiero de Teleamazonas del 22 de marzo, el reportero Fausto Yépez no menciona «bombas lacrimógenas», pero sí se refiere al uso de algún tipo de gas, durante su relato de las marchas indígenas a su llegada a las inmediaciones de la Asamblea Nacional. «En ese momento tuvieron que movilizar varias motocicletas, algunos policías se tuvieron que movilizar con gas para poder dispersar a los manifestantes que comenzaron a filtrarse a los exteriores de la Asamblea…», dice Yépez.
A opinión del abogado Juan Carlos Solines, experto en comunicaciones, «no existe una norma expresa que regule el ejercicio del derecho constitucional a la réplica, por lo que el Ministro no podría iniciar acciones judiciales en ese sentido. Sin embargo, podría alegar que se ocasionó ‘conmoción pública’ con la información supuestamente incorrecta, amparándose en la Ley de Radiodifusión y Televisión, pero sería algo descabellado y muy discutible».
A este incidente se suma uno ocurrido el pasado 22 de marzo, cuando el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, interrumpió, con una llamada telefónica, el programa de entrevistas de radio Democracia, conducido por Gonzalo Rosero, para exigir más respeto por el uso de un bien público para informar y aclarar «una mentira», sobre el proyecto de Ley de Comunicación .
«Yo le quiero decir (…) que usted está haciendo uso de un bien público que es la información y de un bien público que es la frecuencia por la cual usted transmite sus noticias, sus datos y no puede usted decir una tamaña mentira. Imagínese una propuesta de Ley de Comunicación que le impida a usted informar como está informando ahora, es falso». «Creo que están especulando (…) yo les pido y exijo como oyente más respeto por la ciudadanía, más respeto por el uso de la frecuencia que le ha concesionado el Estado y más respeto por lo que es público, un bien público que es la información», apuntó el funcionario.
Government officials intimidate journalists and the media
On 23 March 2012, the minister of the Interior, José Serrano, warned he may initiate legal proceedings against Teleamazonas TV station if it does not present evidence of information, allegedly voiced during its news program, stating that the Police had used teargas bombs during the marches that took place in Quito the previous day.
The minister wrote through his Twitter account @ppsesa:“I compel Teleamazonas to prove, within the next 48 hours, that the National Police threw teargas bombs yesterday», «otherwise we shall initiate legal proceedings against that private communication company».In another message, the official wrote that he will wait for “the rectification in the same space and the same time during which the false information was broadcasted”.
Going through recordings of Teleamazonas’ 22 March news program, it is possible to verify that reporter FaustoYépez does not mention “teargas bombs” but he does refer to some kind of gas in his account of the indigenous marches’ arrival to the vicinity of the Assembly.“At that moment they had to mobilize several motorbikes, some police officers had to mobilize themselves with gas to disperse the demonstrators who started to filter into the vicinity of the Assembly…”, Yépez says.
Lawyer Juan Carlos Solines, an expert in communications, believes that “no written norm exists that regulates the constitutional right of reply, so the minister cannot initiate legal proceedings in that sense.He could argue, however, that the allegedly erroneous information caused a ‘public commotion’, based on the Broadcasting and Television Law, but this would be farfetched and very questionable”.
This incident adds up to another one that took place on 22 March, when the National Communication Secretary, Fernando Alvarado, interrupted with a phone call a Radio Democracia interview program, presented by Gonzalo Rosero, to demand more respect in the use of a public asset to inform, and to clear «a lie» about the Communication Law bill.
“I want to tell you (…)that you are making use of a public asset, as is information, and a public asset, as is the frequency through which you broadcast your news, your information, and you cannot say such a huge lie.Imagine a Communication Law proposal that would prevent you from reporting information as you are doing now, it’s false”.“I believe you are speculating (…)I request and demand as a listener more respect for the public, more respect for the use of the frequency given as a concession by the State and more respect for that which is public, a public asset such as is information”, he stated.