El 11 de marzo de 2013, el presidente Rafael Correa dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA está «dominada por las ONG y por los intereses del gran capital» y cuestionó que esta tolere que su sede sea Estados Unidos, un país que ha bloqueado a Cuba durante años. Esto lo hizo durante la inauguración de la Conferencia de los Estados que se desarrolló en Guayaquil y en la que se discutieron las reformas planteadas a la Comisión, entre ellas, que la CIDH no tenga la potestad de dictar medidas cautelares, así como la universalidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; mecanismos de financiamiento, entre otras.
Según el Jefe de Estado ecuatoriano, «este bloqueo criminal contra Cuba constituye el mayor atropello a los derechos humanos en nuestro continente, pero ni siquiera aparece en los informes de la CIDH para los cuales éste ya es parte del paisaje (…) !Ya basta! Ecuador no aceptará más neocolonialismo», enfatizó Correa a la vez que recalcó que tampoco permitirá que «el 96,5 por ciento de la CIDH se financie por países que no han ratificado la Convención y por supuestos organismos observadores, que pagan para imponer sus condiciones».
En la intervención de cerca de una hora -y que fue retransmitida en una cadena de radio ordenada por la Secretaría de Comunicación- el Jefe de Estado indicó que el Ecuador propone que el Sistema Interamericano «sea financiado y tenga su sede en uno de los países o estados miembros que firmaron el Pacto De San José».
En la reunión, que convocó a dos cancilleres y otros representantes de 16 países, se acordaron ocho puntos entre los que consta una invitación a los países miembros de la OEA a que se adhieran al Pacto de San José; encomendar a la CIDH fortalecer los esfuerzos de promoción de los derechos humanos; que los países asuman el financiamiento del Sistema Interamericano; que todas las relatorías sean consideradas especiales; que el secretario general de la Organización de Estados Americanos presente un análisis detallado de los costos de financiamiento de los órganos del Sistema Interamericano; considerar la conveniencia del cambio de sede en un estado parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos y dar continuidad a lo establecido, así como coordinar la próxima conferencia. No hubo acuerdo para cambiar la potestad de la Comisión a otorgar medidas cautelares, ni que la sede de esta sea en Argentina, como lo proponía el gobierno ecuatoriano.
Como antecedente, el sábado 9 de marzo, el presidente Rafael Correa, durante su enlace sabatino No 312, acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ser un «instrumento de percusión» de la política norteamericana y manifestó la necesidad que la Comisión de un giro a la política que viene manejando para que «represente» los intereses americanos y no sea tomado como un instrumento de política exterior de Estados Unidos: «que nadie se engañe, desde que el mundo es mundo, el que financia es el que pone las condiciones», sentenció Correa.