El sábado 20 de junio de 2009, el presidente Rafael Correa firmó un decreto que impide que empresas públicas celebren contratos con empresas de “papel” es decir aquellas que se crean fuera del país y que tienen representación en empresas ecuatorianas y anunció que el estado no pautará publicidad con DIARIO EL COMERCIO, EL UNIVERSO, LA HORA, EXPRESO Y REVISTA VANGUARDIA
Según el presidente estos medios de comunicación tendrían vinculación con empresas que existen en “paraísos fiscales»:
Este anunció se enmarca en las publicaciones de varios medios de comunicación que dejaron en evidencia la celebración de contratos entre empresas de Fabricio Correa, hermano del presidente, con el Estado.
Varios artículos cuestionaron la naturaleza ética de dichas contrataciones, editoriales de los diarios Expreso, El Universo y El Comercio, presentaron comentarios en contra de los contratos de Fabricio Correa con el Estado por más de 80 millones.
El Jefe de Estado criticó a dichos medios y expresó que «esta gente no tiene calidad moral y quieren ser profetas del bien y el mal en este país».
El primer mandatario señaló que estos comentarios corresponden a un afán de los medios de desprestigiar a su gobierno “acuérdense lo que les dije, van a empezar a meterse con mi familia porque al Presidente no le encuentran nada”.
Por todo esto, Correa firmó el decreto que prohíbe que el Estado contrate con empresas ecuatorianas que son de propiedad de compañías de papel en el extranjero y advirtió “Escuchen: empresas del Estado no pueden dar publicidad a estos medios”, refiriéndose a los medios antes mencionados
Fundamedios considera que más allá del sustento y legalidad de la disposición presidencial, que busca modificar la ley a través de un decreto para regular la contratación pública con «empresas de papel» domiciliadas en el extranjero, la prohibición expresa del Presidente de la República de contratar anuncios en determinados medios impresos del país, bien puede ser considerada una represalia por las denuncias publicadas por esos medios.
Para Fundamedios se trata de una gravísima amenaza en contra del trabajo de los medios de comunicación, pues significa la utilización de la publicidad oficial para premiar o castigar el trabajo periodístico y además envía un claro mensaje sobre las consecuencias que podría tener cualquier investigación sobre posibles casos de corrupción en el Estado.