Ecuador, 15 de julio de 2020.- La directora de Talento Humano del Municipio de Cuenca, Juana Rivera, emitió un acuerdo de confidencialidad el pasado 9 de julio, a través del cual señala que la información generada es de propiedad exclusiva de la institución, confidencial y de uso reservado. Además, menciona que entregarla sin consentimiento, por negligencia o de forma dolosa, podría estar sujeto a acciones penales, civiles o despido.
“Se considera información de propiedad de la institución y de prohibida publicación y/o divulgación, toda clase de documentos, archivos e información que se encuentren en soportes físicos o electrónicos, así como registros, diagramas, flujogramas, dibujos, fotografías, disposiciones internas, memorándums, programas para computadora desarrollados al interior de la Institución (…) son propiedad exclusiva de la Institución y, por lo tanto, GAD Municipal del cantón Cuenca tiene la potestad de disponer, controlar y revisar los mismos”, indica el documento.
Además, se menciona que los derechos de propiedad intelectual de la información que pertenecen al Municipio no podrán ser revelados “para su reproducción parcial o total; así como su comunicación pública y distribución”.
El pasado 10 de julio, Miguel Ángel Castro, presidente de la Asociación de Empleados de Cuenca (ADEM), dirigió una carta a Rivera, con copia a los concejales de la ciudad, mencionando que un “acuerdo” se construye entre varias partes interesadas y en este caso, no se les ha consultado a los trabajadores sobre el mismo. Además, cuestiona que una disposición interna vulnere lo establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) que reza que toda información que emane del poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de este, son públicas.
El artículo 5 establece que toda la información en manos de entidades públicas es pública con las excepciones estipuladas en el art. 17, que son calificados como tal por el Consejo de Seguridad Nacional por razones de defensa, informes de inteligencia, fondos de uso reservado, etc.
El 13 de julio, la Dirección de Comunicación del Municipio de Cuenca respondió a la carta enviada por ADEM y argumenta que el documento “no es contrario al libre y legítimo acceso a la información pública y tiene como finalidad formalizar la normativa existente para el uso correcto y puntual de la información laboral-institucional, independientemente de los medios físicos o digitales en los que se contenga”.
El 16 de julio, Fundamedios contactó a Miguel Ángel Castro, quien dijo que no ha recibido contestación de la Directora de Talento Humano hasta el momento. Ha insistido a los empleados para que no suscriban el pedido, pero algunos ya lo hicieron por temor a represalias. “Lo que quieren es meternos miedo a los funcionarios municipales para que no demos información”.
Para Castro es una clara limitación al acceso a la información porque “se hace un análisis jurídico que no tiene la más remota idea de lo que es la Ley de Transparencia, la Constitución, los tratados internacionales”.
El documento señala que el Acuerdo de Confidencialidad se aplica con el inicio de la relación laboral. “La ley no es retroactiva por ningún lado. No sé cuál es la intencionalidad de retrotraer la Ley. Yo por ejemplo firmé hace 31 años, tendría responsabilidad de todos los actos desde que inicié”, cuestiona.
Fundamedios tuvo acceso a un audio de José Saud, procurador síndico del Municipio de Cuenca, compartido por la Dirección de Comunicación. “La suscripción de esta clase de documentos es totalmente procedente en las instituciones públicas, ya que se encuentra enmarcado en normas legales y reglamentarias. El propósito del mismo es manejar y preservar la información que es producto del trabajo y de los trámites realizados por cada uno de los servidores públicos (…) precautelar la información nunca ha significado bloquear o impedir el acceso a la misma por parte de quienes así la requieran (…) La información siempre ha estado disponible y seguirá estándolo para cualquier ciudadano que siguiendo los procesos establecidos tenga interés en ella sobre la base de la fiscalización y la administración de la función pública”, destaca.
Sin embargo, la organización considera que el Acuerdo de Confidencialidad es un atentado al derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública. La disposición de un funcionario no puede contraponerse a lo establecido en la Lotaip y en la Constitución. Imponer el Acuerdo viola un derecho fundamental.
Fundamedios hace un llamado a las autoridades municipales para que ponderen el derecho ciudadano por sobre decisiones arbitrarias que revelan el nulo conocimiento de la norma ecuatoriana y los tratados internacionales.