Ecuador, 22 de enero de 2025. El martes 21 de enero, el juez Óscar Calero, de la Unidad Judicial Civil de Pichincha negó una solicitud de acceso a información personal presentada por Alondra Santiago, tras casi siete meses de la revocatoria de su visa por parte del Gobierno. El Ministerio del Interior confirmó la acción judicial a través de un comunicado de prensa difundido a través de redes sociales.
https://x.com/MinInteriorEc/status/1881537711154094269
Alondra y su defensa solicitaron la “desclasificación” de la información relacionada con su revocatoria de visa y su deportación, algo que el Ministerio del Interior presentó como “secreta”. Sin embargo, durante la audiencia de este martes 21, el Tribunal estableció que “(…) toda información clasificada como reservada y secreta será de libre acceso luego de transcurridos cinco y diez años, respectivamente; y si es secretísima luego de transcurridos quince años. De no existir reclasificación, se desclasificará automáticamente una vez cumplido el plazo previsto de quince (15) años (…) de esta manera el Ministerio del Interior ha justificado su negativa, pues se ha basado en el Artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que restringe el acceso a la información que tenga una clasificación de reservada, secreta o secretísima”, asegurando, entonces, que el Ministerio del Interior no ha vulnerado ningún derecho de Santiago.
Inmediatamente, la defensa de la activista y comunicadora presentó la apelación de la resolución del Juez
Contexto
El 25 de junio de 2024, Santiago fue notificada vía correo electrónico sobre la revocatoria de su visa, a través de la resolución No. 000057 del Viceministerio de Movilidad Humana, en la que indica que el Ministerio del Interior entregó un documento calificado como “secreto” en el que se explica que Santiago ha cometido “actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado”.
Tres días después, el 28 de junio, Santiago salió del país, antes del tiempo previsto para su deportación, asegurando que lo hacía por falta de garantías. Su abogado Carlos Soria, quien continuó con los procesos de Santiago, anunció que interpusieron una acción de protección con una medida cautelar; proceso que fue pospuesto por tres ocasiones.