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Fundamedios

Juez niega apelación interpuesta por diario La Hora frente a negativa de Acción de Protección

por | Jul 10, 2015

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El 8 de julio de 2015 la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia negó la apelación que interpuso diario La Hora, frente a la decisión del juez William Román Cañizares de la Unidad de Tránsito, quien el pasado 22 de mayo negó una Acción de Protección que solicitó el medio de comunicación tras una sanción que impuso la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) por no haber cubierto ni difundido información sobre el acto oficial de rendición de cuentas del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo.

Está era la última instancia por la vía constitucional para apelar la sanción impuesta por la Supercom.

La Hora informó, en una nota periodística, que “a pesar de que, según la notificación, existió un voto salvado, la Corte consideró ‘que no se ha verificado la vulneración de derechos constitucionales, confirmando la sentencia en todas sus partes, en los términos expuestos’”.

En diálogo anterior con Fundamedios, Luis Vivanco, editor general de La Hora aseguró que el fallo del Juez implicaba la muerte de una parte del oficio periodístico. En ese sentido cuestionó los argumentos dados por el Juez quien, a decir de Vivanco, equiparó al periodismo con el servicio público del agua potable, y definió que los periodistas no tienen la discrecionalidad para escoger lo que se publica y lo que no. Vivanco también aseguró que el Alcalde de Loja se enorgulleció de ser quien “le puso los dientes a la Ley Mordaza” .

Cabe recordar que tras la sanción impuesta por la Supercom, el medio se declaró en rebeldía y anunció que no pagaría la multa de USD 3540 que se le impuso por no dar cobertura a la rendición de cuentas del Alcalde de Loja por considerar que dicha resolución dejaba un precedente administrativo “nefasto” para el ejercicio de la libertad de expresión y un “golpe” a la economía del medio, así como un atentado a ese derecho fundamental y a la seguridad jurídica.

El rotativo informó que desde el inicio del caso, su defensa había dejado en claro que la resolución de la Supercom no tenía validez porque el ente sancionador determinó que ese acto oficial era una cosa de interés público, a pesar de que existe un mandato de la Corte Constitucional para que el Consejo de Regulación de la Comunicación defina qué es el interés público, algo que todavía no ha pasado.

Judge rejects appeal filed by La Hora after protective messure was denied

On 8 July 2015, the Criminal Division of the Provincial Court of Justice rejected the appeal filed by the newspaper La Hora after Judge William Román Cañizares, of the Transit Unit, denied a Protective Action requested by the newspaper on 22 May regarding a fine imposed by the Superintendency of Information and Communication (Supercom) for failing to cover and disseminate information about the official rendering of accounts by the mayor of Loja, José Bolívar Castillo.

This was the last constitutional resort left to La Hora to appeal the sanction imposed by Supercom.

The newspaper reported in an article that «even though, according to the notification, there was a dissenting vote, the Court ruled that ‘the violation of constitutional rights has not been verified’ (and) upheld the judgment in its entirety, as set out».

In a previous conversation with Fundamedios, Luis Vivanco, editor of La Hora, stated that the judge’s ruling implied the death of part of the profession of journalism. He questioned the arguments presented by the judge who, according to the Vivanco, put journalism at the same level as the public water utility and determined that journalists do not have the capacity to choose what is published and what is not. Vivanco also claimed that the mayor of Loja was proud to be the one who «gave the Gag Law some teeth».

It is worth recalling that after Supercom imposed the fine, the newspaper declared its defiance and announced that it would not pay the USD 3,540 fine for failing to cover the mayor of Loja’s rendering of accounts on the grounds that the resolution set a «disastrous» precedent for the exercise of freedom of expression and a «blow» to the newspaper’s economy, as well as an attack on this fundamental right and legal certainty.

The paper reported that its defense had made clear since the beginning of the case that Supercom’s resolution had no validity because the disciplinary body determined that the official act was a matter of public interest, despite a mandate by the Constitutional Court to the Council for the Regulation of Communication to define what is public interest, which it has not yet done.

 

 

 

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