ENGLISH VERSION
El 19 de agosto de 2015 la Jueza Gloria Pinza elevó a consulta ante el Ministro del Interior la sentencia que fue dictada en favor de la periodista franco-brasileña Manuela Picq. La Jueza resolvió en audiencia, el pasado 17 de agosto negar la deportación de Picq por considerar que se encontraron anomalías en el caso y ordenó investigar a los funcionarios que elaboraron el parte policial que derivó en la posterior cancelación de la visa de la periodista.
Sin embargo, en la sentencia que fue notificada por escrito a la defensa de la periodista, la Jueza ratificó su decisión pero solicitó lo siguiente: “Dando cumplimiento a lo señalado en los Arts. 28 y 29 de la Ley de Migración y Extranjería, elévese en consulta ante el señor Ministro del Interior, en el término de 3 días, para tal efecto la Actuaria de ésta judicatura proceda conforme a derecho”.
Esto llamó la atención de la defensa de Picq por considerar que dichos artículos citados en la Ley de Migración han sido derogados tácitamente por ser contrarios a la Constitución. En diálogo con Fundamedios, el abogado Juan Pablo Albán, experto en derechos humanos y a cargo de la defensa de Picq sostuvo que no cabía que la Jueza eleve a consulta al Ministro del Interior, ni tampoco que el Ministro haya solicitado revisar el expediente, como, según dijo, ocurrió en la tarde del 19 de agosto y que a su criterio es “muy grave”.
Albán explicó que la Jueza ha citado artículos de una Ley que data de los años 70, cuando los procedimientos de deportación se encontraban a cargo de los Intendentes de Policía. En ese sentido manifestó que dichos artículos han sido tácitamente derogados porque con la Constitución del 2008, en su artículo 168, numeral tres, se introdujo el Principio de la Unidad Jurisdiccional, el cual sostiene que solo las autoridades de la Función Judicial pueden administrar justicia. “Las autoridades de otros poderes del Estado no pueden administrar justicia, ni revisar las decisiones de la justicia. Un funcionario de otros poderes del Estado no tiene por qué intervenir porque no es parte del proceso”, apuntó el jurista.
Otro aspecto que llamó la atención de la resolución de la Jueza fue que a pesar de oficiar a la Fiscalía, no se incluyó su pronunciamiento oral requiriendo la investigación, con lo que, según Albán, la investigación podría quedar en nada porque no se especifica para qué oficia .
Tras estos hechos, la defensa de Picq se prepara para una audiencia en donde se analizará la acción de protección planteada y se cuestionará la detención de Picq y su posterior cancelación de la visa tipo 12 VIII, la cual fue revocada sin especificar los motivos.
El 13 de agosto Picq fue detenida junto a su pareja, el líder indígena Carlos Pérez Guartambel en las afueras de la Iglesia de la Merced, en el centro de Quito, en medio de las protestas ciudadanas. Según pudo conocer Fundamedios, la periodista fue golpeada y permanecía bajo vigilancia policial en el hospital público Eugenio Espejo, para después ser llevada a un albergue llamado “Hotel Carrión”, un centro de detención donde permanecen los extranjeros indocumentados, en donde permaneció encerrada por cerca de 90 horas.
Judge submits for consultation with minister of the interior sentence that prevented journalist’s deportation
On 19 August 2015, Judge Gloria Pinza submitted the ruling that favored Franco-Brazilian journalist Manuela Picq to consultation with the Minister of the Interior. At a hearing held on 17 August, the judge ruled against the French-Brazilian journalist’s deportation because of anomalies in the case and ordered an investigation of the officials who drafted the police report that led to the cancellation of Manuela Picq’s visa.
However, in the sentence notified in writing to the journalist’s defense, the judge upheld her decision but requested the following: «In compliance with Articles 28 and 29 of the Immigration Law, (this sentence) is to be submitted for consultation with the Minister of the Interior within a period of three days, for which the clerk of this court should proceed in accordance to the law».
This caught the attention of Picq’s defense, who believed that the cited articles of the Immigration Law had been tacitly repealed as being contrary to the Constitution. Speaking to Fundamedios, attorney Juan Pablo Albán, human rights expert and the person in charge of Picq’s defense, claimed that the judge could not submit the sentence for consultation with the Minister of the Interior, nor could the Minister request to review the file, as it was said had occurred on the evening of 19 August, and described the situation as «very serious».
Albán explained that the judge has quoted articles of a law dating back to the 1970s, when Police Intendants were in charge of deportation proceedings. He stated that these articles have been tacitly repealed because in the 2008 Constitution, in Article 168, paragraph three, the Principle of Jurisdictional Unity was introduced, which holds that only the authorities of the Judiciary can administer justice. «The authorities of other branches of government can neither administer justice, nor review the decisions of justice. An official of other branches of government should not intervene at all because he is not part of the process», explained the lawyer.
Another aspect that caught the attention of the defense in regard to the judge’s resolution was that although the Prosecutor’s office was notified, her oral statement requiring the investigation was not included, with which, according to Alban, the investigation could never happen because the resolution does not specify why it is being notified.
After these events, Picq’s defense prepared for a hearing in which the protective action filed will be analyzed and Picq’s detention and subsequent cancellation of her type 12 VIII visa, which was revoked without specifying the motives, will be questioned.
On 13 August Picq was arrested with her partner, the indigenous leader Carlos Pérez Guartambel, outside the Church of La Merced, in central Quito, in the midst of public protests. Fundamedios received information stating that the journalist was beaten and remained under police surveillance in public hospital Eugenio Espejo, before being taken to a hostel called «Hotel Carrión», a detention center where undocumented foreigners are held, where she was detained for about 90 hours.