El pasado 11 de julio, la sala especializada de lo Civil de la Corte Provincial del Guayas negó en segunda instancia la demanda de acceso a la información pública en contra de la Fiscalía Provincial del Guayas, interpuesta por Martha Roldós, Ricardo Ramírez y César Cárdenas.
El pedido inicial de información se realizó el 12 de julio de 2018, cuando Roldós, Ramírez y Cárdenas eran miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. Los denunciantes solicitaron al organismo judicial 37 informes de las resoluciones fiscales de archivo y de los informes de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal, vinculados a la gestión en la Prefectura del Guayas cuando se encontraba a la cabeza Jimmy Jairala.
La Fiscalía Provincial del Guayas entregó su respuesta el 9 de agosto de 2018, 26 días después del plazo de 15 días que otorga la Ley de Acceso a la Información Pública (LOTAIP) para entregar respuestas a las solicitudes de información. En la contestación, la Fiscalía Provincial del Guayas manifestó que la información es reservada y, por ende, no puede ser entregada.
Martha Roldós explicó a FUNDAMEDIOS que el juez que en esa época dictó esta resolución aseguró que la información solicitada al ser parte de un archivo no podía ser pública. «Es absurdo, pues el COIP es muy claro en el sentido que la reserva solo se da en el periodo de lo que antes se llamaba indagación fiscal que dura 2 años y estos informes se archivaron en 2015. En el momento en que se archivan, se entiende que ya no están en indagación«, explica Roldós
Ante ello, interpusieron la primera demanda de acceso a la información pública, la misma que fue negada por la jueza Ruth Quevedo, el 9 de noviembre del 2018, asegurando que prima el principio de reserva sobre el derecho al pedido de información pública.
Roldós confirmó a FUNDAMEDIOS que la negación a esta demanda sienta un precedente peligroso porque prácticamente extenderían «la reserva a todos los expedientes archivados con lo cual se crea una ruta de impunidad«. Por ello, mencionó que solicitarán una acción de protección a la Corte Constitucional, pues este caso no puede quedar impune.