La Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) intenta nuevamente dar de baja el portal de la revista digital de periodismo de investigación Plan V, tras presentar, este 3 de agosto, un reclamo a DigitalOcean, el servidor que lo aloja por supuestamente violar leyes de propiedad intelectual del Ecuador. La insistencia, respecto de un reclamo anterior, enviada a través de un correo electrónico desde la SECOM, menciona que existen elementos publicados en el portal digital que atentan en contra de la propiedad intelectual de esa entidad, por lo que piden al servidor dar de baja los “URLs reportados”.
La Secretaría amenazó al servidor con iniciar acciones penales en su contra por posible responsabilidad al ser ellos los “únicos” no ecuatorianos. A criterio de esa cartera de Estado, el no dar de baja los contenidos constituiría un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, el mismo que es adjuntado en dicho correo. La amenaza la realizan en un correo traducido al inglés por algún sistema automático, pues contiene serios errores idiomáticos.
En respuesta, el portal digital ratificó a su proveedor que el contenido publicado está protegido por el uso legítimo, más conocido como “fair use”, tanto en la normativa nacional como internacional. De acuerdo a esta doctrina y normas, se permite la publicación de materiales para uso académico o informativo sin la necesidad de una autorización.
Esta acción se suma a otros intentos de censura como el ocurrido el pasado 17 de junio, cuando la revista digital permaneció fuera del aire durante aproximadamente dos horas después de que el servidor que aloja el portal bloqueara el acceso tras una denuncia que hizo la Secretaría de Comunicación (Secom) el pasado 28 de mayo por supuesta violación de derechos de copyright por el uso de once fotografías del presidente Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glas y otros funcionarios de gobierno, para graficar sus notas. Este reclamo forma parte de una política de censura que ha instaurado la SECOM a través de este tipo de reclamos con el fin de dar de baja contenido que es sensible para el gobierno, tal como fue denunciado por varios medios digitales el pasado 12 de mayo a través de un comunicado público y una rueda de prensa.